Buscando consensos
El Gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso presentó un proyecto de Ley para autorizar la venta de las acciones del Estado en la empresa privada CABLE & WIRELESS (PANAMA, Sociedad Anónima y autorizar igualmente el uso del capital actual del Fondo aproximadamente 1,300 millones de dólares) para la compra o descuento de títulos de la deuda pública panameña, con el propósito de reducir sustancialmente el capital y los intereses de la deuda externa del país. En la propuesta original, el resultado de la venta de las acciones serviría para financiar las inversiones sociales que el Gobierno tiene programados para el período 2001-2004.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa abrió un debate sin precedentes en la historia patria reciente. En el mismo, participaron los gremios de empresarios, los sindicatos y los partidos políticos. Todos coincidieron en que debía buscarse una mejor inversión para dichos dineros, puesto que el actual rendimiento de poco más del cinco por ciento era muy exiguo como para tener una real incidencia en la solución de los graves problemas sociales del país.
Algunos consideraron que el Gobierno mantendría una posición rígida en defensa de su propuesta y que, en consecuencia, no podría llevar adelante un proceso serio de búsqueda de acuerdos con las otras bancadas representadas en la Asamblea Legislativa. Quienes apostaron al fracaso del Gobierno, hoy constatan su equivocación y esconden su propia incompetencia política en un discurso encendido, llamando a la guerra y haciendo denuncias totalmente infundados. Lo cierto es que, para valorar el borrador de propuesta que hoy se discute entre representantes de Unión por Panamá, la Bancada Popular y el Partido Solidaridad, es necesario conocer el punto de partida, es decir, la Ley vigente.
En la actualidad, el Banco Nacional de Panamá invierte el capital del Fondo Fiduciario según le instruya el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a los marcos previstos en la Ley. Es decir, hoy en día, el Gobierno no comparte con nadie la responsabilidad de decidir cómo invertir mejor los activos del Fondo Fiduciario. En la propuesta que discutimos, se establece una Junta Directiva, donde representantes del Gobierno y de la sociedad civil toman conjuntamente las decisiones dentro de un marco más amplio de posibilidades de inversión.
Gracias a la Ley actual, aprobada por el PRD, la casi totalidad de los dineros del Fondo Fiduciario están depositados en bancos extranjeros, fuera de Panamá, a muy bajos intereses. La inversión de esos dineros no genera desarrollo ni riquezas ni plaza de trabajo en Panamá. En la propuesta que discutimos, el Fondo se mantiene intacto y se invierte en Panamá, bajo ciertos parámetros de seguridad y transparencia. Lo importante, para nosotros, es mejorar el rendimiento y a la vez, invertir en el desarrollo económico y social del país.
En la Ley actual, sólo los rendimientos del Fondo Fiduciario se pueden utilizar para la inversión en proyectos de desarrollo social. Con la propuesta que discutimos, al subir el rendimiento de las inversiones del Fondo Fiduciario, se obtiene más dinero para la ejecución de proyectos de interés social. Además, se permite que el Fondo Fiduciario financie obras sociales de las entidades descentralizadas, mejorando su rendimiento a la vez que facilitando recursos al Gobierno que, de lo contrario, deberían ser buscados en el mercado financiero internacional a un más alto costo para el país.
En otras palabras, como legislador de Gobierno, estoy convencido que la propuesta actual, sin alcanzar todas las metas propuestas en el proyecto original que presentó el Ejecutivo, es mejor que para el país que la ley vigente. Seguramente, muchos aspectos de este borrador podrán ser mejoradas en los debates que se desarrollarán en la Asamblea Legislativa. Ojalá que, en vez de jugar a la política de la confrontación, todos aportemos a la discusión con un espíritu constructivo. El país necesita que seamos capaces de hacerlo.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa abrió un debate sin precedentes en la historia patria reciente. En el mismo, participaron los gremios de empresarios, los sindicatos y los partidos políticos. Todos coincidieron en que debía buscarse una mejor inversión para dichos dineros, puesto que el actual rendimiento de poco más del cinco por ciento era muy exiguo como para tener una real incidencia en la solución de los graves problemas sociales del país.
Algunos consideraron que el Gobierno mantendría una posición rígida en defensa de su propuesta y que, en consecuencia, no podría llevar adelante un proceso serio de búsqueda de acuerdos con las otras bancadas representadas en la Asamblea Legislativa. Quienes apostaron al fracaso del Gobierno, hoy constatan su equivocación y esconden su propia incompetencia política en un discurso encendido, llamando a la guerra y haciendo denuncias totalmente infundados. Lo cierto es que, para valorar el borrador de propuesta que hoy se discute entre representantes de Unión por Panamá, la Bancada Popular y el Partido Solidaridad, es necesario conocer el punto de partida, es decir, la Ley vigente.
En la actualidad, el Banco Nacional de Panamá invierte el capital del Fondo Fiduciario según le instruya el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a los marcos previstos en la Ley. Es decir, hoy en día, el Gobierno no comparte con nadie la responsabilidad de decidir cómo invertir mejor los activos del Fondo Fiduciario. En la propuesta que discutimos, se establece una Junta Directiva, donde representantes del Gobierno y de la sociedad civil toman conjuntamente las decisiones dentro de un marco más amplio de posibilidades de inversión.
Gracias a la Ley actual, aprobada por el PRD, la casi totalidad de los dineros del Fondo Fiduciario están depositados en bancos extranjeros, fuera de Panamá, a muy bajos intereses. La inversión de esos dineros no genera desarrollo ni riquezas ni plaza de trabajo en Panamá. En la propuesta que discutimos, el Fondo se mantiene intacto y se invierte en Panamá, bajo ciertos parámetros de seguridad y transparencia. Lo importante, para nosotros, es mejorar el rendimiento y a la vez, invertir en el desarrollo económico y social del país.
En la Ley actual, sólo los rendimientos del Fondo Fiduciario se pueden utilizar para la inversión en proyectos de desarrollo social. Con la propuesta que discutimos, al subir el rendimiento de las inversiones del Fondo Fiduciario, se obtiene más dinero para la ejecución de proyectos de interés social. Además, se permite que el Fondo Fiduciario financie obras sociales de las entidades descentralizadas, mejorando su rendimiento a la vez que facilitando recursos al Gobierno que, de lo contrario, deberían ser buscados en el mercado financiero internacional a un más alto costo para el país.
En otras palabras, como legislador de Gobierno, estoy convencido que la propuesta actual, sin alcanzar todas las metas propuestas en el proyecto original que presentó el Ejecutivo, es mejor que para el país que la ley vigente. Seguramente, muchos aspectos de este borrador podrán ser mejoradas en los debates que se desarrollarán en la Asamblea Legislativa. Ojalá que, en vez de jugar a la política de la confrontación, todos aportemos a la discusión con un espíritu constructivo. El país necesita que seamos capaces de hacerlo.
