Buzón
Mediante esta nota exteriorizo mi preocupación por la óptica con la que se está tratando el tema de la Caja de Seguro Social (CSS), plasmado una vez más en el editorial del pasado 21 de febrero, en El Panamá América, en el cual se trata una serie de situaciones que contradicen informaciones que el mismo diario publicó días atrás. En primer lugar, no es la única vez en la historia de la institución que se produce un déficit, según los registros contables y financieros. En los años 1984, 1985, 1988 y 1995, se presentó la misma situación, a causa de diferentes factores como las políticas económicas, las incertidumbres electorales, convulsiones sociales por los desgobiernos militares y el cierre de empresas, elementos que mermaron los ingresos en el programa de Enfermedad y Maternidad.
La Junta Directiva de 1995 traspasó los costos de las instalaciones de salud (hospitales y policlínicas) al programa de Enfermedad y Maternidad. Es de destacar que en la última década no se había abierto una sola instalación de salud. Tal como lo confirma la publicación "Panamá en Cifras" de la Contraloría General de la República, en los dos últimos años más de 18,000 cotizantes han dejado de pagar en la institución, sumado al hecho de que las clínicas y hospitales privados están actualmente generando pérdidas porque la gran mayoría de esos pacientes recurre, en estos precisos instantes, a demandar servicios en la CSS (20% sobre lo proyectado) por la reducción clara de su capacidad de pago.
En cuanto a los "nombramientos" de 3,000 nuevos funcionarios, en más de dos ocasiones aclaramos que no se trata de nombramientos, sino que se trata en la gran mayoría de ascensos y cambios de etapas, que implican una mejoría salarial de los funcionarios de la CSS, según acuerdos logrados anteriormente por la administración y por la Junta Directiva, y que se reflejan a través de resoluciones que deben refrendar Economía y Finanzas y la Contraloría. Hacerlo ver como nombramientos es injusto.
En cuanto a la compra de medicamentos, es de conocimiento público que la Ley impone mecanismos (licitación pública), actos de los cuales está desligada cualquier administración que tenga la CSS, ya que participan varias comisiones y son fiscalizados y refrendadas por la Contraloría General de la República.
Debo recalcarle que tanto el sector público como el privado le adeudan más de 153 millones a la CSS, lo que sumado al irrisorio rendimiento que paga el Banco Nacional sobre los fondos depositados en esta entidad, nos coloca en una situación difícil que, en múltiples ocasiones, la presente administración se ha atrevido a denunciar, y por ello se haya ganado la animadversión de una parte del sector público y del sector privado. Si ése es el precio que debemos pagar, tenga la seguridad que ahí nos encontrarán.
Atentamente,
Fernando Kant
Jefe de Relaciones Públicas de la CSS
La Junta Directiva de 1995 traspasó los costos de las instalaciones de salud (hospitales y policlínicas) al programa de Enfermedad y Maternidad. Es de destacar que en la última década no se había abierto una sola instalación de salud. Tal como lo confirma la publicación "Panamá en Cifras" de la Contraloría General de la República, en los dos últimos años más de 18,000 cotizantes han dejado de pagar en la institución, sumado al hecho de que las clínicas y hospitales privados están actualmente generando pérdidas porque la gran mayoría de esos pacientes recurre, en estos precisos instantes, a demandar servicios en la CSS (20% sobre lo proyectado) por la reducción clara de su capacidad de pago.
En cuanto a los "nombramientos" de 3,000 nuevos funcionarios, en más de dos ocasiones aclaramos que no se trata de nombramientos, sino que se trata en la gran mayoría de ascensos y cambios de etapas, que implican una mejoría salarial de los funcionarios de la CSS, según acuerdos logrados anteriormente por la administración y por la Junta Directiva, y que se reflejan a través de resoluciones que deben refrendar Economía y Finanzas y la Contraloría. Hacerlo ver como nombramientos es injusto.
En cuanto a la compra de medicamentos, es de conocimiento público que la Ley impone mecanismos (licitación pública), actos de los cuales está desligada cualquier administración que tenga la CSS, ya que participan varias comisiones y son fiscalizados y refrendadas por la Contraloría General de la República.
Debo recalcarle que tanto el sector público como el privado le adeudan más de 153 millones a la CSS, lo que sumado al irrisorio rendimiento que paga el Banco Nacional sobre los fondos depositados en esta entidad, nos coloca en una situación difícil que, en múltiples ocasiones, la presente administración se ha atrevido a denunciar, y por ello se haya ganado la animadversión de una parte del sector público y del sector privado. Si ése es el precio que debemos pagar, tenga la seguridad que ahí nos encontrarán.
Atentamente,
Fernando Kant
Jefe de Relaciones Públicas de la CSS
