Caballos de la muerte
LA DISCUSIÓN referida al tema de la criminalidad rampante que existe en nuestro medio ha venido acrecentando su tonalidad al grado de llegar al rojo vivo, situación incandescente y peligrosa, amén de los espeluznantes casos que acontecen a diario.
Claro está que existe una diferencia entre la criminalidad urbana y la rural, dado que entre ellas se advierten características diametralmente opuestas, sin excluir o descartar el hecho de que en la delincuencia de los pobres el común denominador pasa por hacer lectura de la ociosidad -desempleo-, en la falta de educación o de instrucción, en la pobreza espiritual, la ausencia de formación integral, etc.
El discurso que se cifra en torno a la necesidad imperiosa de combatir la delincuencia, en los últimos tres años probablemente, ha estado gravitando en atención a estribillos o cintillos de titulares, de los cuales podríamos extraer: que hay que declarar la lucha contra la delincuencia; los muchachos requieren más educación y menos castigo; el desempleo se incrementa y genera más criminalidad; no hay que penalizar a los menores; sí al incremento de penas para menores y adultos; no al incremento de penas; no a la persecución penal; sí a la persecución penal; todos los estamentos del Estado tienen que intervenir en la lucha contra el crimen; la lucha contra el crimen implica la idea de que se exige una labor conjunta entre el Estado y la sociedad; la desintegración de los hogares genera delincuencia; la prostitución infantil se desarrolla; los menores son inimputables -exentos de capacidad para delinquir- en Panamá; hay que cuidar más las áreas fronterizas del país; las maras centroamericanas penetran la estabilidad social del Estado panameño; el crimen colombiano penetra el territorio panameño; corrupción en estamentos de seguridad del Estado, etc.
Creemos que hace unos cuantos meses atrás el tema del crimen en Panamá empezaba a tomar cauce de debido tratamiento. Recordamos, en ese sentido, a la honorable Procuradora General de la Nación insistir mucho en la necesidad de precisar una Política Criminal de Estado -le asiste la razón- como corolario y fundamento de los lineamientos a seguir por Panamá en la lucha contra el crimen, sea de la clase o naturaleza que fuere.
Por nuestra parte, en este diario, en el cual hemos venido escribiendo nuestras modestas opiniones desde hace algunos años, llegamos a producir sendos escritos sobre Política Criminal del Estado y algunos otros relativos al tema de la criminalidd globalizada. Conocemos que se llegó a aprobar una Política Criminal de Estado tras un somero y abreviado estudio o informe que sobre el particular presentó el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Sin embargo, aunque positivo en sus planteamientos y proyecciones, lo cierto de todo es que el mismo resulta apenas interlocutorio o introductivo para preconizar una legítima y auténtica Política Criminal del Estado panameño.
Se trata de ampliar esos prolegómenos; de desarrollarlos en función del país que queremos y anhelamos todos cuantos hemos nacido, crecido, vivido y desarrollado en esta nación. De quienes no pensamos, ni siquiera en momentos fugaces de las tragedias que rutinan nuestra Patria, en buscar otros lares para el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos y todo por una sola razón, ya la decía Telma King: "Esta es la Tierra donde hemos nacido y la Tierra que tanto amamos". No hay que desatender la preocupación recientemente externada por la actual ministra de Vivienda, en cuanto ha hecho clara referencia de cómo el país ha sido tomado por la narcomafia. Los que desconocen cómo opera y funciona el crimen organizado, la delincuencia globalizada, tal vez no tienen ni la más remota noción de los cuasi superpoderes que manejan estos estamentos o escuadrones de Satán. Alguien ha llegado a sostener que el patrimonio de la narcomafia, en cientos de millardos de dólares, supera al de los presupuestos de las grandes potencias del mundo. Ellos tienen sus propias estructuras, organigramas; sus propios modos de operación bien planeados; maquetas, ciudades enteras, grandes y enormes conglomerados de personas al servicio de la criminalidad organizada; han logrado infiltrar los estamentos del poder político; compran y seducen conciencias en los estamentos de investigación y de seguridad del Estado; se valen de la contextura genuflexa de quienes pueden tomar decisiones y a través de argucias y hábiles artimañas se hacen de estas criaturas que terminan siendo sus fieles sacristanes al servicio del crimen que crece y cada día se globaliza más y más.
Creo que la tónica de injerencia social la ha sentado el Presidente Torrijos cuando, recientemente, advirtiera, palabras más palabras menos: "Puedo explicar qué está haciendo el Gobierno por combatir la delincuencia, pero también me gustaría que me dijeran qué está haciendo cada cual en este país por combatirla, cada padre de familia, cada cabeza de hogar".
Es hora ya que las instancias gubernamentales, sobre todo el Ministerio Público y el Órgano Judicial, empiecen por entender que el problema de la criminalidad en nuestro medio no se circunscribe tan solo en atender el delito que cometen a diario nuestros pobres, sino en un crimen organizado, cuyos tentáculos y eje de poder se mueven en torno a una periferia que amontona cientos y miles de millones de dólares: la narcomafia. Pero la realidad judicial demuestra que en las cárceles terminan, cuales borregos, verdaderos conejillos de Indias, los pobres que han sido, en no pocas ocasiones, enlistados en los ejército de Satán. Vuelvo a traer a colación al célebre poeta chorrerano Moisés Castillo Ocaña, cuando en uno de sus más encumbrados versos, inspirado por el eros numen lumen decía: "Soplan vientos fuertes, fuertes y es que vienen rezumbando los caballos de la muerte". Tomemos la palabra: Con carácter inminente, desígnese una Comisión Interinstitucional que formule la Política Criminal del Estado y que de ella no se excluyan abogados penalistas, criminólogos, sociólogos, estrategas de la seguridad nacional, jueces, magistrados y a otros profesionales de la materias involucradas en la Política Criminal del Estado.
abog27172010@hotmail.com
Los vehículos deben pasar revisiones frecuentes.
Claro está que existe una diferencia entre la criminalidad urbana y la rural, dado que entre ellas se advierten características diametralmente opuestas, sin excluir o descartar el hecho de que en la delincuencia de los pobres el común denominador pasa por hacer lectura de la ociosidad -desempleo-, en la falta de educación o de instrucción, en la pobreza espiritual, la ausencia de formación integral, etc.
El discurso que se cifra en torno a la necesidad imperiosa de combatir la delincuencia, en los últimos tres años probablemente, ha estado gravitando en atención a estribillos o cintillos de titulares, de los cuales podríamos extraer: que hay que declarar la lucha contra la delincuencia; los muchachos requieren más educación y menos castigo; el desempleo se incrementa y genera más criminalidad; no hay que penalizar a los menores; sí al incremento de penas para menores y adultos; no al incremento de penas; no a la persecución penal; sí a la persecución penal; todos los estamentos del Estado tienen que intervenir en la lucha contra el crimen; la lucha contra el crimen implica la idea de que se exige una labor conjunta entre el Estado y la sociedad; la desintegración de los hogares genera delincuencia; la prostitución infantil se desarrolla; los menores son inimputables -exentos de capacidad para delinquir- en Panamá; hay que cuidar más las áreas fronterizas del país; las maras centroamericanas penetran la estabilidad social del Estado panameño; el crimen colombiano penetra el territorio panameño; corrupción en estamentos de seguridad del Estado, etc.
Creemos que hace unos cuantos meses atrás el tema del crimen en Panamá empezaba a tomar cauce de debido tratamiento. Recordamos, en ese sentido, a la honorable Procuradora General de la Nación insistir mucho en la necesidad de precisar una Política Criminal de Estado -le asiste la razón- como corolario y fundamento de los lineamientos a seguir por Panamá en la lucha contra el crimen, sea de la clase o naturaleza que fuere.
Por nuestra parte, en este diario, en el cual hemos venido escribiendo nuestras modestas opiniones desde hace algunos años, llegamos a producir sendos escritos sobre Política Criminal del Estado y algunos otros relativos al tema de la criminalidd globalizada. Conocemos que se llegó a aprobar una Política Criminal de Estado tras un somero y abreviado estudio o informe que sobre el particular presentó el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Sin embargo, aunque positivo en sus planteamientos y proyecciones, lo cierto de todo es que el mismo resulta apenas interlocutorio o introductivo para preconizar una legítima y auténtica Política Criminal del Estado panameño.
Se trata de ampliar esos prolegómenos; de desarrollarlos en función del país que queremos y anhelamos todos cuantos hemos nacido, crecido, vivido y desarrollado en esta nación. De quienes no pensamos, ni siquiera en momentos fugaces de las tragedias que rutinan nuestra Patria, en buscar otros lares para el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos y todo por una sola razón, ya la decía Telma King: "Esta es la Tierra donde hemos nacido y la Tierra que tanto amamos". No hay que desatender la preocupación recientemente externada por la actual ministra de Vivienda, en cuanto ha hecho clara referencia de cómo el país ha sido tomado por la narcomafia. Los que desconocen cómo opera y funciona el crimen organizado, la delincuencia globalizada, tal vez no tienen ni la más remota noción de los cuasi superpoderes que manejan estos estamentos o escuadrones de Satán. Alguien ha llegado a sostener que el patrimonio de la narcomafia, en cientos de millardos de dólares, supera al de los presupuestos de las grandes potencias del mundo. Ellos tienen sus propias estructuras, organigramas; sus propios modos de operación bien planeados; maquetas, ciudades enteras, grandes y enormes conglomerados de personas al servicio de la criminalidad organizada; han logrado infiltrar los estamentos del poder político; compran y seducen conciencias en los estamentos de investigación y de seguridad del Estado; se valen de la contextura genuflexa de quienes pueden tomar decisiones y a través de argucias y hábiles artimañas se hacen de estas criaturas que terminan siendo sus fieles sacristanes al servicio del crimen que crece y cada día se globaliza más y más.
Creo que la tónica de injerencia social la ha sentado el Presidente Torrijos cuando, recientemente, advirtiera, palabras más palabras menos: "Puedo explicar qué está haciendo el Gobierno por combatir la delincuencia, pero también me gustaría que me dijeran qué está haciendo cada cual en este país por combatirla, cada padre de familia, cada cabeza de hogar".
Es hora ya que las instancias gubernamentales, sobre todo el Ministerio Público y el Órgano Judicial, empiecen por entender que el problema de la criminalidad en nuestro medio no se circunscribe tan solo en atender el delito que cometen a diario nuestros pobres, sino en un crimen organizado, cuyos tentáculos y eje de poder se mueven en torno a una periferia que amontona cientos y miles de millones de dólares: la narcomafia. Pero la realidad judicial demuestra que en las cárceles terminan, cuales borregos, verdaderos conejillos de Indias, los pobres que han sido, en no pocas ocasiones, enlistados en los ejército de Satán. Vuelvo a traer a colación al célebre poeta chorrerano Moisés Castillo Ocaña, cuando en uno de sus más encumbrados versos, inspirado por el eros numen lumen decía: "Soplan vientos fuertes, fuertes y es que vienen rezumbando los caballos de la muerte". Tomemos la palabra: Con carácter inminente, desígnese una Comisión Interinstitucional que formule la Política Criminal del Estado y que de ella no se excluyan abogados penalistas, criminólogos, sociólogos, estrategas de la seguridad nacional, jueces, magistrados y a otros profesionales de la materias involucradas en la Política Criminal del Estado.
abog27172010@hotmail.com
Los vehículos deben pasar revisiones frecuentes.
