Canal, desarrollo para todos

Sociólogo y escritor

Apenas 15 días después de la separación de Panamá de Colombia, el 18 de noviembre de 1903, un francés (Buneau Varilla) y un norteamericano (Hay) firmaron un tratado entre Estados Unidos y la recién nacida República de Panamá, que hizo posible que el país estadounidense construyera y operara un Canal que uniría a dos océanos a través del istmo. El Tratado otorgó a Estados Unidos a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una Zona del Canal de 10 millas de ancho, en el cual éste poseería planos derechos soberanos con la "completa exclusión del ejercicio por parte de la República de Panamá de tales derechos, poderes o autoridad soberana." Por su parte, Estados Unidos garantizó la independencia de Panamá y accedió a pagarle a nuestro país 10 millones de dólares y una anualidad de un cuarto de millón.
74 años después, como producto de luchas intensas de generaciones de panameños y panameñas, el 7 de septiembre 1977, Panamá y Estados Unidos firmaron dos tratados. En el primero de los acuerdos, quedó abolida la perpetuidad, los norteamericanos mantuvieron el control operativo sobre todas las tierras, aguas e instalaciones, lo que incluyó las bases militares que trascienden los objetivos de defensa del canal, hasta el 31 de diciembre de 1999 a las 12 del día. El otro tratado, referido a la neutralidad permanente del Canal, contiene una controvertida disposición que abre la posibilidad a una intervención futura (sin límite de tiempo), por parte los EE.UU si el canal actual y cualquier otro que se construyese estuviesen en peligro.
Los Tratados no sólo señalaron que Panamá asumía su canal, sino el desmantelamiento gradual de las 67 piezas de un supercomplejo militar, cuyo corazón era un centro logístico y eje estratégico de las fuerzas armadas norteamericanas, con rango de comando unificado mundial y con jurisdicción sobre 19 países latinoamericanos. El valor de estas áreas civiles y militares que revertieron es de varios miles de millones de balboas. El país recupera para fin de siglo, 34 mil hectáreas de terreno dotado de 4,829 edificios, además de carreteras, puertos, aeropuertos, áreas verdes, y zonas urbanas totalmente equipadas. Es decir, este pequeño país de 2.8 millones de habitantes, debe y puede manejar un factor clave para estimular su economía y el desarrollo integral.
Son tremendos desafíos. Panamá enfrenta el reto de estructurar una estrategia que aproveche a plenitud las oportunidades que se le abren. Aprovechar las áreas revertidas y el Canal para el desarrollo económico, social y cultural del país; convertir instalaciones letales en espacios de vida; campos de tiro contaminados en áreas de medio ambiente sano; cuarteles en ciudades del saber; mantener un canal funcionando eficientemente. Algo así como el bíblico fundir las espadas en arados. Se trata de bienes del primer mundo que pasan a las manos de un pequeño país del tercer mundo que debe darles otros usos.
Es imposible soslayar que los panameños y panameñas recorrimos en los últimos años un interminable vía crucis de dictadura, bloqueo, invasión, saqueo, crisis social y política que lesionaron severamente nuestra autoestima nacional, hasta el punto de provocar que un parte de la población pensara que no somos capaces de manejar efectivamente nuestro patrimonio. A un año de haberlo asumido, el Canal funciona adecuadamente, aunque el tema de las áreas revertidas no está completo, pues existen serios cuestionamientos sobre la efectividad social de su uso, y por otra parte, la posible expansión de la cuenca genera interrogantes de fondo.
Primero. ¿Cuál será el destino y el manejo de los bienes canaleros? ¿Cómo ganar eficiencia y eficacia para manejar el Canal; para utilizar productivamente y socialmente las áreas revertidas? Segundo. ¿Servirá el usufructo de esos bienes para el desarrollo integral de todos los habitantes del istmo? El Canal no es sólo una brecha para pasar barcos, y no puede vivir de espaldas a las realidades nacionales. Tercero. ¿Habrá participación real y efectiva de la sociedad civil en todo el proceso, como se manifestó en los Encuentros Panamá 2000? ¿Estamos conscientes de la necesidad de otras formas de tratar los conflictos que no sean el autoritarismo, las imposiciones, el oportunismo? ¿Un camino que exprese no sólo consulta, sino también apertura a la participación en toma de decisiones? Todo esto está por responderse.
El Canal y áreas revertidas, deben servir para impulsar el desarrollo integral y nacional. Los bienes canaleros nos desafían a mantener y mejorar la administración efectiva de la vía. Para ello es clave excluir intereses particulares de las decisiones canaleras. Los miembros directivos del canal deben ser nombrados sólo sobre la base de capacidades, méritos y probidad. La necesidad de buscar alternativas que no supongan inundación de territorios y los derechos humanos de los habitantes de las tierras campesinas y la preservación del ambiente en la región interoceánica se convierte en un factor clave hacia el nuevo siglo. Todo esto invita al compromiso de ubicar el tema canalero en una agenda estratégica de Estado y no en un menú limitado de gobierno, ampliar la participación ciudadana, y actuar con transparencia.