Canasta básica
Entre los problemas que más han venido afectando el bienestar de la población se encuentra, sin duda alguna, el alza del costo de vida. Tanto es así que si se toma como referencia el período que va de junio de 2006 a diciembre de 2008, el costo de la canasta básica alimenticia, de acuerdo al MEF, se habría elevado en cerca del 35%.
Se trata de una situación que si bien estuvo ligada al alza internacional de los precios del petróleo y los bienes alimenticios, también encuentra su dinámica en las prácticas especulativas locales, sustentadas en la forma oligopólica que toman en nuestro país las actividades de importación y comercialización al por menor de alimentos. Se trata aquí de recordar que, a ciencia y paciencia de las autoridades, el índice de precio de los alimentos en Panamá siguió subiendo durante el 2008 a una tasa del 16.6%, mientras que el precio del petróleo se redujo de aproximadamente 145 a cerca de 40 balboas por barril.
Se trata, también, de destacar que a nivel internacional, de acuerdo a la FAO, el índice de precios de los alimentos se redujo durante el 2008 en 22%. Un caso paradigmático es el de los productos lácteos, los que mostraron internacionalmente una baja de precios de 46% para el 2008, período en el que en Panamá el precio de la leche se elevó a un ritmo del 16%.
Este fenómeno especulativo, que de acuerdo a los criterios propuesto por Stiglitz en su reconocida obra "Economics of the Public Sector" resulta ser una enorme falla de competencia, es en la realidad cotidiana uno que viola directamente el derecho humano a la alimentación; mientras que, desde el punto de vista de la actividad económica, atenta contra el normal mantenimiento de la fuerza de trabajo, la más preciada fuerza productiva del país. Frente a esto, la intervención del Estado resulta imperiosa e impostergable.
Una primera línea de acción debe dirigirse hacia la formulación y puesta en práctica de una verdadera legislación antimonopólica, la cual tipifique como delito penal la actividad especulativa. Además, teniendo en cuenta que las formas monopólicas y oligopólicas, como lo afirma la teoría económica, generan una oferta insuficiente, con precios excesivos y una calidad desmejorada, dicha legislación deberá crear un efectivo mecanismo de control de precio por parte del Estado para el caso de los bienes que hacen parte de la canasta básica alimenticia. La instalación de una organización institucional que incluya la participación popular en el proceso resulta indispensable.
La segunda línea de acción se refiere a la participación del Estado en el mercado con una oferta adecuada y a precio justo, con el objetivo de superar la falla de competencia observada, y con el fin de atemperar la tendencia especulativa de los agentes económicos que participan en el mercado de los bienes básicos alimenticios. La oferta pública, a diferencia de lo actuado por el actual gobierno, debe ser de un volumen, permanencia y dispersión espacial adecuados, con el fin de impactar de forma significativa al mercado.
Una alianza con los productores del campo permitiría un precio remunerativo para los mismos y uno justo para los consumidores, el incremento general de salarios para compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores aseguraría, por su parte, la ampliación del mercado nacional.
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