Candidatos, ¿se comprometen?
La corrupción es un desafío para todos los integrantes de la sociedad panameña, pues ella está difuminada en todos los espacios, ya sean privados, públicos y cotidianos. Pero, definitivamente, los candidatos y los partidos que se presentan a las elecciones poseen una responsabilidad mayor en el tema, pues aspiran dirigir el Estado en los próximos años, y además que existe una alta percepción ciudadana de la existencia de la corrupción en y por causa de los partidos políticos. La solución de fondo es la construcción de un sistema nacional de integridad que no sólo prevenga, sino que castigue este flagelo; entendiendo, además, que este sistema debe ir acompañado de profundas transformaciones políticas y de un cambio del modelo de desarrollo hacia uno dotado de equidad, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana real.
Las propuestas de Agenda Mínima Anticorrupción de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, que presentamos a continuación, son compartidas por diversos sectores nacionales, pues constituyen sólo el punto de partida para una perspectiva más amplia y profundo con relación al tema de la corrupción, con la cual deberían comprometerse -y cumplirlas- los candidatos y partidos que buscan el apoyo ciudadano el 2 de mayo de 2004.
1. Aprobación de un nuevo decreto ejecutivo que derogue el que reglamenta la Ley de Transparencia, y la pronta y enérgica implementación de la Ley.
2. Creación de una oficina independiente anticorrupción, que tenga en cada oficina pública un enlace destinado a recibir denuncias sobre actos de corrupción y faltas a la ética.
3. Eliminación de la inmunidad parlamentaria, tanto a los legisladores nacionales como a los del PARLACEN.
4. Introducir en la próxima reforma electoral la obligatoriedad de que los partidos políticos hagan pública la lista de los donantes a sus campañas electorales.
5. Reforma a la Ley 59 de 1999, a fin de obligar a las autoridades a revisar todos los años las declaraciones juradas de los altos funcionarios, hacerlas públicas, y ampliar la cantidad de funcionarios obligados a cumplir con esta norma, lo que ayudaría a evitar los enriquecimientos ilícitos.
6. Desarrollar una legislación más rigurosa que evite los conflictos de intereses y nepotismo.
7. Implementar la Carrera Administrativa para dotarla de autonomía e independencia, con el fin de que se puedan tomar decisiones basadas en los méritos de los servidores públicos y no dejarse influir por las presiones del Ejecutivo inclinadas a nombrar a los que apoyaron su campaña electoral, a sus amigos y parientes.
8. Revisión de ciertos privilegios de algunos funcionarios, tales como exoneraciones de impuestos y otras prerrogativas, y controlar el uso adecuado de estas exenciones para evitar que sean vendidas en beneficio de terceras personas que no están facultadas para disfrutar del derecho a esta concesión especial. Todas las exoneraciones y privilegios deberán ser publicados periódicamente.
9. Desarrollar y poner en práctica un sistema de compras públicas a través de Internet, que dote de mayor transparencia al actual modelo de licitaciones y contrataciones públicas, que incluya la lista de los pagos pendientes por parte del Estado en el orden en que serán cancelados, y así evitar que el tráfico de influencias y el clientelismo contaminen estos procesos. Al igual que es necesario aplicar severas sanciones para todos aquellos proveedores y funcionarios que sean sorprendidos "jugando vivo".
10. Modificar el mecanismo de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer la independencia de este importante Organo del Estado. Podría solicitarse a las universidades, nombres de prestigiosos juristas para ser considerados como posibles candidatos, y que sean los méritos y no sus contactos, los criterios fundamentales para ocupar tan alta magistratura. Adicionalmente, proponemos que ninguno de los candidatos a magistrado haya ocupado ningún cargo dentro del Legislativo ni entidad alguna del gobierno que postule al candidato.
11. Dotar de mayores recursos humanos y económicos a las entidades destinadas a investigar la corrupción.
12. Anunciar antes de las elecciones quiénes ocuparán los cargos de Contralor General de la Nación, Procurador General de la República, Procurador de la Administración, magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Defensor del Pueblo y magistrados del Tribunal Electoral.
13. Desarrollar la Ley General de Salarios que impida que arbitrariamente el gobierno de turno asigne a nuevos funcionarios el salario de forma antojadiza, sin criterios técnicos, ni otro tipo de consideraciones, como la antigüedad, la preparación académica y los méritos de los servidores públicos. Esta debe armonizar con los lineamientos de la Carrera Administrativa propuestos en el punto 7
Las propuestas de Agenda Mínima Anticorrupción de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, que presentamos a continuación, son compartidas por diversos sectores nacionales, pues constituyen sólo el punto de partida para una perspectiva más amplia y profundo con relación al tema de la corrupción, con la cual deberían comprometerse -y cumplirlas- los candidatos y partidos que buscan el apoyo ciudadano el 2 de mayo de 2004.
1. Aprobación de un nuevo decreto ejecutivo que derogue el que reglamenta la Ley de Transparencia, y la pronta y enérgica implementación de la Ley.
2. Creación de una oficina independiente anticorrupción, que tenga en cada oficina pública un enlace destinado a recibir denuncias sobre actos de corrupción y faltas a la ética.
3. Eliminación de la inmunidad parlamentaria, tanto a los legisladores nacionales como a los del PARLACEN.
4. Introducir en la próxima reforma electoral la obligatoriedad de que los partidos políticos hagan pública la lista de los donantes a sus campañas electorales.
5. Reforma a la Ley 59 de 1999, a fin de obligar a las autoridades a revisar todos los años las declaraciones juradas de los altos funcionarios, hacerlas públicas, y ampliar la cantidad de funcionarios obligados a cumplir con esta norma, lo que ayudaría a evitar los enriquecimientos ilícitos.
6. Desarrollar una legislación más rigurosa que evite los conflictos de intereses y nepotismo.
7. Implementar la Carrera Administrativa para dotarla de autonomía e independencia, con el fin de que se puedan tomar decisiones basadas en los méritos de los servidores públicos y no dejarse influir por las presiones del Ejecutivo inclinadas a nombrar a los que apoyaron su campaña electoral, a sus amigos y parientes.
8. Revisión de ciertos privilegios de algunos funcionarios, tales como exoneraciones de impuestos y otras prerrogativas, y controlar el uso adecuado de estas exenciones para evitar que sean vendidas en beneficio de terceras personas que no están facultadas para disfrutar del derecho a esta concesión especial. Todas las exoneraciones y privilegios deberán ser publicados periódicamente.
9. Desarrollar y poner en práctica un sistema de compras públicas a través de Internet, que dote de mayor transparencia al actual modelo de licitaciones y contrataciones públicas, que incluya la lista de los pagos pendientes por parte del Estado en el orden en que serán cancelados, y así evitar que el tráfico de influencias y el clientelismo contaminen estos procesos. Al igual que es necesario aplicar severas sanciones para todos aquellos proveedores y funcionarios que sean sorprendidos "jugando vivo".
10. Modificar el mecanismo de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer la independencia de este importante Organo del Estado. Podría solicitarse a las universidades, nombres de prestigiosos juristas para ser considerados como posibles candidatos, y que sean los méritos y no sus contactos, los criterios fundamentales para ocupar tan alta magistratura. Adicionalmente, proponemos que ninguno de los candidatos a magistrado haya ocupado ningún cargo dentro del Legislativo ni entidad alguna del gobierno que postule al candidato.
11. Dotar de mayores recursos humanos y económicos a las entidades destinadas a investigar la corrupción.
12. Anunciar antes de las elecciones quiénes ocuparán los cargos de Contralor General de la Nación, Procurador General de la República, Procurador de la Administración, magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Defensor del Pueblo y magistrados del Tribunal Electoral.
13. Desarrollar la Ley General de Salarios que impida que arbitrariamente el gobierno de turno asigne a nuevos funcionarios el salario de forma antojadiza, sin criterios técnicos, ni otro tipo de consideraciones, como la antigüedad, la preparación académica y los méritos de los servidores públicos. Esta debe armonizar con los lineamientos de la Carrera Administrativa propuestos en el punto 7
