Carnavales y escándalos
El año pasado, en vísperas de carnavales el país estaba conmocionado por serios escándalos. El principal fue, por supuesto, el accidente del helicóptero con matrícula HP-1430 que escoltaba a una aeronave similar, en la que viajaba la Presidenta Mireya Moscoso, todos de regreso de la residencia presidencial en Punta Mala en Pedasí, el 18 de febrero. Además del capitán José Reyes, viajaban en el aparato, Fabio Alvarado, la prima y secretaria de la presidenta, Gisela Moscoso Palermo y Carmen Muñoz, funcionaria de la Presidencia. Todos fueron rescatados ilesos. Al día siguiente, en un escueto comunicado, la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) confirmó su hundimiento por supuestas causas naturales que un año más tarde resultaron no ser ciertas.
Para esa época también, Estados Unidos le revocó la visa de entrada al ex presidente Ernesto Pérez Balladares por sus supuestos vínculos con el trasiego de asiáticos hacia ese país.
A pesar de las investigaciones oficiales y extraoficiales efectuadas en relación con el hundimiento, hasta el día de hoy no se ha explicado satisfactoriamente por qué la Presidencia estaba haciendo uso de esa aeronave ni la identidad de sus propietarios. Por otro lado, aunque el gobierno nacional estuvo de acuerdo en solicitar a Estados Unidos que suministrara las pruebas que tenían en contra de Pérez Balladares, nunca se aportaron documentos o informaciones contundentes vinculados al ex presidente con esa actividad. Y la visa quedó revocada.
Este año las cosas no son diferentes. En esta ocasión, los escándalos guardan relación con supuestos sobornos a los legisladores y otros en relación con la ratificación de los nombramientos de dos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y con la aprobación del contrato-ley para la creación de un Centro Multimodal, Industrias y de Servicios (CEMIS).
Esta vez, la ciudadanía no puede dejar que las festividades mengüen su clamor por transparencia y justicia. La corrupción y la impunidad están asfixiando al país. Es responsabilidad de todos erradicar ambas y reemprender la lucha en ese sentido tan pronto todo retorne a la normalidad, luego de las fiestas.
Para esa época también, Estados Unidos le revocó la visa de entrada al ex presidente Ernesto Pérez Balladares por sus supuestos vínculos con el trasiego de asiáticos hacia ese país.
A pesar de las investigaciones oficiales y extraoficiales efectuadas en relación con el hundimiento, hasta el día de hoy no se ha explicado satisfactoriamente por qué la Presidencia estaba haciendo uso de esa aeronave ni la identidad de sus propietarios. Por otro lado, aunque el gobierno nacional estuvo de acuerdo en solicitar a Estados Unidos que suministrara las pruebas que tenían en contra de Pérez Balladares, nunca se aportaron documentos o informaciones contundentes vinculados al ex presidente con esa actividad. Y la visa quedó revocada.
Este año las cosas no son diferentes. En esta ocasión, los escándalos guardan relación con supuestos sobornos a los legisladores y otros en relación con la ratificación de los nombramientos de dos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y con la aprobación del contrato-ley para la creación de un Centro Multimodal, Industrias y de Servicios (CEMIS).
Esta vez, la ciudadanía no puede dejar que las festividades mengüen su clamor por transparencia y justicia. La corrupción y la impunidad están asfixiando al país. Es responsabilidad de todos erradicar ambas y reemprender la lucha en ese sentido tan pronto todo retorne a la normalidad, luego de las fiestas.
