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Carretera por Darién


EL PROBLEMA de la incoherencia de la política ambiental nacional es responsabilidad de los redactores de la Ley General de Ambiente, que crearon el Consejo Nacional del Ambiente como parte del esfuerzo por "estatizar" la toma de decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el pasado gobierno prohibió la exportación de madera en tucas, para luego eliminar gradualmente los incentivos a la reforestación; denunció la contaminación ambiental provocada por los pertrechos militares y las armas químicas abandonadas por Estados Unidos ante la Asamblea de la ONU y a la vez apoyó la propuesta japonesa de suspender la moratoria de la caza comercial de la ballena en la Comisión Ballenera Internacional.
Pienso que sin la participación de las universidades y de las organizaciones y especialistas ambientales en el Consejo Nacional del Ambiente, difícilmente se lograrán objetivos concretos y coherentes en materia ambiental. Pero a pesar de los desaciertos de la Ley General de Ambiente, quién dice que los funcionarios no puedan hacer la diferencia. Así lo ha hecho la nueva directora de la ANAM, Ligia Castro, al afirmar que durante los próximos cinco años no habrá una carretera por Darién. Castro sustentó su posición en la coherencia: si el gobierno actual derogó el decreto que permitía la construcción de una carretera en el Parque Nacional Volcán Barú, entonces no hay razón para "destaponar" Darién. La exhortamos a que continúe con esa visión.

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