Carta abierta al juez Garzón
Al igual que muchos ciudadanos que admiramos su trayectoria, me siento muy complacido de su presencia en Panamá, sobre todo en momentos en que es innegable la creciente inseguridad jurídica para los ciudadanos y cuando los valores básicos -que requiere toda sociedad- son desplazados para entronizar el irrespeto y la burla de los derechos que tenemos ante las autoridades.
En mi condición de catedrático de Derecho Constitucional observo, con pesar, la decisión de nuestro más alto tribunal de justicia de no suspender una decisión administrativa que lesiona el patrimonio de la República de Panamá en más de mil doscientos millones de balboas, con el peregrino argumento de que la parte beneficiada en ese acto -producto de una innegable desviación de poder- va a invertir 200 millones de balboas.
Concuerda igualmente su presencia cuando enfrentamos en Panamá, un grave problema que tenemos los panameños con las sentencias firmes dictadas por nuestra Corte Suprema de Justicia, las cuales no ofrecen seguridad jurídica al momento de su ejecución ya que repentinamente, en algunos casos, una determinada persona descubre que contra la ejecución de una sentencia firme conspiran hasta los propios miembros del Organo Judicial.
El periodista español Ramón Tijeras, en un análisis, que prácticamente desbordaba las fronteras de su país, reflexionaba en tal forma que se puede aplicar a Panamá, cuando intuía: "...que los grandes abogados de este país son los auténticos cerebros del poder. ¿Quién no ha pensado alguna vez en la existencia de una mano oculta que condiciona las decisiones de los gobiernos, que dirige los movimientos de los grandes grupos de comunicación, que diseña las grandes operaciones financieras...? Pues, en mi opinión, esa mano oculta que mece la cuna está relacionada con la existencia de un puñado de abogados cuya influencia rebasa los límites de los tribunales para convertirse en un auténtico gobierno paralelo de notables."
En Panamá se vienen dando situaciones que se deben tener por increíbles en un Estado de Derecho [en ese Estado de Derecho en el que se nos quiere hacer ver, " solo nos lo creyéramos unos pocos imbéciles idealistas que tenemos el bolo pasado de rosca", como bien acota usted en página 536 de la obra de la periodista Pilar Urbano: "Garzón: el hombre que veía amanecer"]. Por ejemplo, cada vez que una sentencia firme envuelve sumas millonarias de dinero, es posible que la parte favorecida por sentencia firme no encuentre en el debido proceso legal, ni en las actuaciones de los tribunales encargados de ejecutar dicha sentencia, la necesaria seguridad jurídica para lograr la ejecución expedita y efectiva del derecho que judicialmente se le ha reconocido, fomentando la falta de transparencia en los funcionarios que, precisamente, son los llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley y las sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia. Usted sabe que es inmoral quien cree estar por encima de la Ley, como cualquier otra forma de autoritarismo.
Y aunque su presencia quiera ser aprovechada por personas que son las responsables, en primer término, del estado de corrupción que se ha apoderado de nuestro país; nos queda la esperanza que su ejemplo en la lucha contra la corrupción, los delitos de lesa humanidad, el narcotráfico y su actuación de hombre consecuente y digno de la toga, sirva de inspiración para que logremos derrotar a quienes les interesa el Estado como un lugar de dominación o de negocio; de quienes usan el poder para la compra de voluntades.
Su visita, aun cuando breve, y más que ella, su ejemplo permanente, nos ayuda a llenar un vacío en nuestra sociedad que se caracteriza por la falta de principios, la ausencia de responsabilidad social y de respeto por la condición humana de la que hacen gala la casi totalidad de los magistrados y jueces, procuradores y fiscales y los que, desde los Organos del Estado o desde el ejercicio de la profesión de abogado u otras, vulneran con su corrupción cualquier sistema jurídico, político o social.
En mi condición de catedrático de Derecho Constitucional observo, con pesar, la decisión de nuestro más alto tribunal de justicia de no suspender una decisión administrativa que lesiona el patrimonio de la República de Panamá en más de mil doscientos millones de balboas, con el peregrino argumento de que la parte beneficiada en ese acto -producto de una innegable desviación de poder- va a invertir 200 millones de balboas.
Concuerda igualmente su presencia cuando enfrentamos en Panamá, un grave problema que tenemos los panameños con las sentencias firmes dictadas por nuestra Corte Suprema de Justicia, las cuales no ofrecen seguridad jurídica al momento de su ejecución ya que repentinamente, en algunos casos, una determinada persona descubre que contra la ejecución de una sentencia firme conspiran hasta los propios miembros del Organo Judicial.
El periodista español Ramón Tijeras, en un análisis, que prácticamente desbordaba las fronteras de su país, reflexionaba en tal forma que se puede aplicar a Panamá, cuando intuía: "...que los grandes abogados de este país son los auténticos cerebros del poder. ¿Quién no ha pensado alguna vez en la existencia de una mano oculta que condiciona las decisiones de los gobiernos, que dirige los movimientos de los grandes grupos de comunicación, que diseña las grandes operaciones financieras...? Pues, en mi opinión, esa mano oculta que mece la cuna está relacionada con la existencia de un puñado de abogados cuya influencia rebasa los límites de los tribunales para convertirse en un auténtico gobierno paralelo de notables."
En Panamá se vienen dando situaciones que se deben tener por increíbles en un Estado de Derecho [en ese Estado de Derecho en el que se nos quiere hacer ver, " solo nos lo creyéramos unos pocos imbéciles idealistas que tenemos el bolo pasado de rosca", como bien acota usted en página 536 de la obra de la periodista Pilar Urbano: "Garzón: el hombre que veía amanecer"]. Por ejemplo, cada vez que una sentencia firme envuelve sumas millonarias de dinero, es posible que la parte favorecida por sentencia firme no encuentre en el debido proceso legal, ni en las actuaciones de los tribunales encargados de ejecutar dicha sentencia, la necesaria seguridad jurídica para lograr la ejecución expedita y efectiva del derecho que judicialmente se le ha reconocido, fomentando la falta de transparencia en los funcionarios que, precisamente, son los llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley y las sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia. Usted sabe que es inmoral quien cree estar por encima de la Ley, como cualquier otra forma de autoritarismo.
Y aunque su presencia quiera ser aprovechada por personas que son las responsables, en primer término, del estado de corrupción que se ha apoderado de nuestro país; nos queda la esperanza que su ejemplo en la lucha contra la corrupción, los delitos de lesa humanidad, el narcotráfico y su actuación de hombre consecuente y digno de la toga, sirva de inspiración para que logremos derrotar a quienes les interesa el Estado como un lugar de dominación o de negocio; de quienes usan el poder para la compra de voluntades.
Su visita, aun cuando breve, y más que ella, su ejemplo permanente, nos ayuda a llenar un vacío en nuestra sociedad que se caracteriza por la falta de principios, la ausencia de responsabilidad social y de respeto por la condición humana de la que hacen gala la casi totalidad de los magistrados y jueces, procuradores y fiscales y los que, desde los Organos del Estado o desde el ejercicio de la profesión de abogado u otras, vulneran con su corrupción cualquier sistema jurídico, político o social.
