Carta compromiso a la OCDE
El pasado19 de abril, en la sección de finanzas de este prestigioso diario, apareció un reportaje titulado "Reacciones encontradas entre abogados y banqueros", referente a la carta compromiso emitida a la OCDE, basado parcialmente en una entrevista que se me hizo. A pesar de la loable labor de síntesis de la distinguida periodista con quien conversé por largo rato, siento que hay ciertos aspectos importantes que hay que aclarar.
La forma en que las jurisdicciones agredidas por la OECD han enfrentado a este organismo han pasado por diversas etapas. Primero, pasamos una etapa de resistencia ante una política manifiestamente discriminatoria. Posteriormente, las jurisdicciones intentaron conversar con la OCDE y ante la falta de interés de dicha organización, se regresó nuevamente a la actitud de resistencia. Finalmente, al acercarse el plazo impuesto por la OCDE, muchas jurisdicciones decidieron tratar de aprovechar las fallas de su propia iniciativa y emitir compromisos con una serie de condiciones, entre las cuales se destaca que países miembros de la OCDE cumplan primero con lo que exigen de nosotros. Con la emisión del compromiso condicionado la jurisdicción respectiva deja de ser considerada como no cooperadora y por ende, no sería incluida en la "lista negra". Obviamente, Panamá escogió esta alternativa.
En mi opinión Panamá no debió haber emitido la carta compromiso por muchas razones, pero considero que los perjuicios que podemos sufrir dependerán de la actitud que asuman las autoridades en el manejo de este problema, en adelante.
La emisión de la carta compromiso es una estrategia o forma de enfrentar la amenaza de la OCDE. Representa un compromiso político, por lo que no tiene el grado de obligatoriedad de un tratado en Derecho Internacional. Lo verdaderamente censurable es el grado de improvisación de las autoridades encargadas al correr a último momento a emitir una carta adoptando dicha estrategia. Las políticas de estado frente a problemas nacionales se deben estudiar, consultar e implementar adecuadamente, no se pueden improvisar. La emisión de la carta no fue consultada ni implementada apropiadamente, sino manejada en secreto.
Hasta luego de vencido el plazo impuesto por la OCDE, la posición de Panamá era no ceder. Cualquier cambio en esta posición debió ser considerada por el Viceministro de Finanzas y su equipo hace mínimo 3 meses. Luego, consultar y comenzar a negociar una carta con la OCDE desde entonces. En cambio, fueron al último momento cuando la OCDE ya tenía varias cartas de su lado y contaba con una formidable posición de negociación. La carta de Panamá ya no le era realmente necesaria por lo que había que hacer las cosas a su manera. Esto no beneficia en nada la imagen de Panamá y seguramente dejó muy mal a los negociadores, lo cual puede afectar nuestra posición en negociaciones futuras.
Reitero que lo que puede ser verdaderamente dañino para el país es la forma como las autoridades ejecuten los compromisos adoptados y que la carta marque el inicio de la firma de tratados de intercambio de información fiscal con todos los países que nos tienen en listas negras. Por ejemplo, ahora hay una razón adicional para no correr a suscribir un tratado de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos, miembro de la OCDE, en vista de las condiciones expresadas en la carta; es decir, que los países industrializados eliminen sus prácticas fiscales nocivas primero.
En el artículo publicado también da la impresión que en mi opinión, Panamá no tiene la intención de cumplir con la carta compromiso, esto no es así. Resulta que algunas de las jurisdicciones firmaron cartas compromiso condicionadas con la OCDE para salir de la lista negra. Como mencioné antes, entre las condiciones está que los miembros de la OCDE cumplan con la eliminación de prácticas fiscales nocivas, por lo que en teoría Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos y otros países tendrían que cumplir antes que las jurisdicciones agredidas. Sin embargo, sabemos que la OCDE seguirá presionando y querrán que cumplamos, incluso, antes de que sus miembros lo hagan. Si al llegar el momento nos sujetamos a las condiciones expresadas en nuestra carta compromiso no nos deberá sorprender que aparezcamos en una nueva lista negra.
Los banqueros y los abogados tenemos opiniones diferentes sobre cómo enfrentar el problema de la OCDE y las listas negras unilaterales. Sin embargo, este no es solamente un problema de abogados y banqueros, esto atañe a todos los panameños. La OCDE se ha aprovechado de la división y falta de organización de las jurisdicciones atacadas utilizando la intimidación y discriminación.
No podemos permitir que internamente nos dividan porque todos perderemos. Le corresponde entonces al Gobierno propiciar el diálogo para lograr consenso en la formulación de la estrategia más adecuada y no propiciar divisiones. Hay que entender que además de los servicios financieros y legales están en juego otros que nos servirían en el futuro como los centros de llamadas, el comercio electrónico y otros negocios en el área de servicios, cuyo régimen fiscal también intentarán imponernos los países industrializados de forma de coartar su progreso en nuestras jurisdicciones y mantenerlos como fuente de desarrollo dentro de las suyas.
Es verdad que la industria de servicios está cambiando y hay que ajustarse para ser competitivos. Pero no se trata de quitarle a un sector tan importante las ventajas competitivas de las que goza para quedar bien con la OCDE o cualquier otro país y dejar al sector privado la solución de los problemas creados por políticas gubernamentales improvisadas e inconsultas.
La forma en que las jurisdicciones agredidas por la OECD han enfrentado a este organismo han pasado por diversas etapas. Primero, pasamos una etapa de resistencia ante una política manifiestamente discriminatoria. Posteriormente, las jurisdicciones intentaron conversar con la OCDE y ante la falta de interés de dicha organización, se regresó nuevamente a la actitud de resistencia. Finalmente, al acercarse el plazo impuesto por la OCDE, muchas jurisdicciones decidieron tratar de aprovechar las fallas de su propia iniciativa y emitir compromisos con una serie de condiciones, entre las cuales se destaca que países miembros de la OCDE cumplan primero con lo que exigen de nosotros. Con la emisión del compromiso condicionado la jurisdicción respectiva deja de ser considerada como no cooperadora y por ende, no sería incluida en la "lista negra". Obviamente, Panamá escogió esta alternativa.
En mi opinión Panamá no debió haber emitido la carta compromiso por muchas razones, pero considero que los perjuicios que podemos sufrir dependerán de la actitud que asuman las autoridades en el manejo de este problema, en adelante.
La emisión de la carta compromiso es una estrategia o forma de enfrentar la amenaza de la OCDE. Representa un compromiso político, por lo que no tiene el grado de obligatoriedad de un tratado en Derecho Internacional. Lo verdaderamente censurable es el grado de improvisación de las autoridades encargadas al correr a último momento a emitir una carta adoptando dicha estrategia. Las políticas de estado frente a problemas nacionales se deben estudiar, consultar e implementar adecuadamente, no se pueden improvisar. La emisión de la carta no fue consultada ni implementada apropiadamente, sino manejada en secreto.
Hasta luego de vencido el plazo impuesto por la OCDE, la posición de Panamá era no ceder. Cualquier cambio en esta posición debió ser considerada por el Viceministro de Finanzas y su equipo hace mínimo 3 meses. Luego, consultar y comenzar a negociar una carta con la OCDE desde entonces. En cambio, fueron al último momento cuando la OCDE ya tenía varias cartas de su lado y contaba con una formidable posición de negociación. La carta de Panamá ya no le era realmente necesaria por lo que había que hacer las cosas a su manera. Esto no beneficia en nada la imagen de Panamá y seguramente dejó muy mal a los negociadores, lo cual puede afectar nuestra posición en negociaciones futuras.
Reitero que lo que puede ser verdaderamente dañino para el país es la forma como las autoridades ejecuten los compromisos adoptados y que la carta marque el inicio de la firma de tratados de intercambio de información fiscal con todos los países que nos tienen en listas negras. Por ejemplo, ahora hay una razón adicional para no correr a suscribir un tratado de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos, miembro de la OCDE, en vista de las condiciones expresadas en la carta; es decir, que los países industrializados eliminen sus prácticas fiscales nocivas primero.
En el artículo publicado también da la impresión que en mi opinión, Panamá no tiene la intención de cumplir con la carta compromiso, esto no es así. Resulta que algunas de las jurisdicciones firmaron cartas compromiso condicionadas con la OCDE para salir de la lista negra. Como mencioné antes, entre las condiciones está que los miembros de la OCDE cumplan con la eliminación de prácticas fiscales nocivas, por lo que en teoría Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos y otros países tendrían que cumplir antes que las jurisdicciones agredidas. Sin embargo, sabemos que la OCDE seguirá presionando y querrán que cumplamos, incluso, antes de que sus miembros lo hagan. Si al llegar el momento nos sujetamos a las condiciones expresadas en nuestra carta compromiso no nos deberá sorprender que aparezcamos en una nueva lista negra.
Los banqueros y los abogados tenemos opiniones diferentes sobre cómo enfrentar el problema de la OCDE y las listas negras unilaterales. Sin embargo, este no es solamente un problema de abogados y banqueros, esto atañe a todos los panameños. La OCDE se ha aprovechado de la división y falta de organización de las jurisdicciones atacadas utilizando la intimidación y discriminación.
No podemos permitir que internamente nos dividan porque todos perderemos. Le corresponde entonces al Gobierno propiciar el diálogo para lograr consenso en la formulación de la estrategia más adecuada y no propiciar divisiones. Hay que entender que además de los servicios financieros y legales están en juego otros que nos servirían en el futuro como los centros de llamadas, el comercio electrónico y otros negocios en el área de servicios, cuyo régimen fiscal también intentarán imponernos los países industrializados de forma de coartar su progreso en nuestras jurisdicciones y mantenerlos como fuente de desarrollo dentro de las suyas.
Es verdad que la industria de servicios está cambiando y hay que ajustarse para ser competitivos. Pero no se trata de quitarle a un sector tan importante las ventajas competitivas de las que goza para quedar bien con la OCDE o cualquier otro país y dejar al sector privado la solución de los problemas creados por políticas gubernamentales improvisadas e inconsultas.
