Celulares y correos electrónicos

Aunque el viejo adagio reza: “el que no la debe no la teme”, la decisión oficial de avanzar en el proyecto que permite las grabaciones de conversaciones vía celular no deja de preocupar. Proceder así implica, primero, poseer una orden judicial que las autorice. Si se generaliza, las autoridades tendrán que girar más de tres millones de autorizaciones para los más de tres millones de celulares que existen en el país. ¿Cómo será tratado, además, el caso de los extranjeros que, radicados aquí por breve tiempo, también utilicen este servicio? Y ¿cómo cubrirá nuestra legislación aquellos casos en los que las llamadas sean internacionales? No es sólo un problema técnico. ¿Existe o no una trasgresión a la vida privada del ciudadano? ¿Autorizar dichas medidas no constituye partir de la presunción de que todos los panameños estamos, de alguna manera, inmiscuidos en algún tipo de delito? Para la ciudadanía debe ser comprensible que, dado el alto índice de criminalidad, la organización y los recursos que posee la delincuencia organizada, el Estado debe aplicar esas medidas, es mas hasta cooperar con ellas, pero poner en jaque a esa misma ciudadanía no es precisamente lo recomendable. A menos que se haga conciencia en la ciudadanía de que el Estado pasa por una guerra que requiere de este tipo de acciones, parece difícil que la mayoría lo entienda, y aun más… lo acepte.