CEMIS
La Corte Suprema de Justicia parece habernos confirmado que no existía voluntad para reabrir el caso CEMIS que durante el gobierno de Mireya Moscoso y Martín Torrijos permaneció congelado. De forma espontánea los 9 magistrados decidieron en forma unánime “reabrir” el caso sin que exista un fallo jurídico que respalde esta decisión. ¿Por qué al cambiar el gobierno se retoma el tema tan rápido? ¿Acaso había un grado de complicidad entre el ejecutivo y judicial?
Es decir, ¿nos encontramos ante una motivación que tiene como fin una persecución política o realmente se busca sacar a flote la verdad de aquel diciembre del 2001?
Abrir esta caja de pandora es delicado, pues podría desatar un caos social si el CEMIS se utiliza como un instrumento de persecución política carente de sustento jurídico; primero porque de esta forma no se llegará al fondo del caso ni se sabrá la verdad, y segundo porque si los resultados no convencen a las mayorías, confirmará la falta de credibilidad en la justicia panameña.
Una libreta amarilla de rayas donde se leían los nombres de figuras parlamentarias y unos números, parecían confirmar las espontáneas y serias declaraciones de un legislador que denunciaba el pago miles de dólares a cambio de la aprobación del CEMIS. Aún así, las investigaciones efectuadas por la fiscalía sobre las cuentas bancarias de los 71 legisladores no pudieron comprobar movimientos o depósitos irregulares que pudieran asociarse al cohecho en mención; las cuentas no eran significativas o de mayor relevancia, según el informe oficial. El audito efectuado por Alianza Ciudadana Pro Justicia indica que en una Inspección ocular y auditoría al BANISTMO, se obtuvieron copias de cheques de la empresa por sumas que superan los seiscientos mil dólares en un lapso menor de mes y medio. La explicación es que la compañía acostumbraba pagar en cheques y cambiarlos en efectivo para pagar a sus proveedores.
A continuación un extracto textual: “Alberto Cigarruista, había confesado todo lo del caso CEMIS al arzobispo José Dimas Cedeño y al Procurador Sossa, referente al soborno efectuado durante la aprobación del proyecto CEMIS en la Asamblea Legislativa y que él sabía quién había entregado, recibido y distribuido el dinero del soborno”. “Marín Torrijos estuvo involucrado en el escándalo del caso CEMIS”. “Siguen tapando la verdad sobre el caso CEMIS, los culpables siguen en la calle”. Manuel De la Hoz, ex diputado.