Centenario sin militarismos
La Visión 2020 tiene como uno de sus ejes la autodeterminación de los pueblos como conquista permanente para mantener la independencia y soberanía frente a poderes externos. El precepto de autodeterminación se encuentra íntimamente ligado a la aplicación efectiva de los principios que regulan la relación entre los países. El respeto a los tratados internacionales suscritos con el resto de las naciones del mundo y, particularmente, de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Panamá, por su propia condición geopolítica debe inscribirse, tal como lo señala la Carta Magna del país, en el respeto al principio de neutralidad política que garantice el uso de la vía interoceánica sin ninguna restricción; con la cooperación de la comunidad internacional para el mantenimiento y fortalecimiento de la paz mundial; en el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos; en la no intervención interna en los asuntos de otros Estados, y en el pleno ejercicio de su soberanía. Por ello, su actuación en el ámbito internacional debe estar contemplada en el rechazo al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
Las recientes declaraciones del general James Hill, jefe del Comando Sur, más bien nos alejan de este gran objetivo:
Enfatiza convicción de que la frontera con Colombia es la más vulnerable y que se espera una posible "invasión de narcoterroristas". Por lo que Hill plantea, que la protección de fronteras es una tarea militar, no policial.
La afirmación que Panamá y Estados Unidos están explorando nuevos mecanismos de apoyo para la protección de la frontera con Colombia. Entre ellos, efectuar en Darién una segunda fase de la operación "Nuevos Horizontes", buscando producir el efecto de "ahuyentar a los grupos armados colombianos". Actualmente se realiza en Chiriquí la primera fase de esta operación con la participación de miles de reservistas, lo que constituye para Hill "el primer... paso sustantivo desde que Estados Unidos se fue de Panamá tras la reversión".
Esta operación se hace "a petición de los panameños, estamos reanudando lazos en muchas áreas... Estamos discutiendo con ellos maneras de adiestrar y ayudar a la Policía Nacional panameña para que estén mejor equipados para trabajar el área fronteriza, especialmente el Darién."
Es decir, los pronunciamientos permiten ubicar que EE.UU. está buscando reasumir un papel protagónico en la seguridad del istmo, a través del tema de las repercusiones del conflicto colombiano. Para ello, utiliza las operaciones cívicas-militares -además con el aval del Gobierno Nacional- como lo que son, un componente de estrategias castrenses y contrainsurgentes, con la que una visión exclusivamente militar del tema puede invitar a la remilitarización y al remilitarismo en Panamá.
Es necesario establecer las diferencias entre militarismo y militarización en el caso panameño. Entendemos el militarismo como "la injerencia de los militares, la casta militar o el instituto armado en la vida política del Estado." (Guevara Mann, 1994). En cambio, la militarización puede entenderse como la injerencia o tutela que una fuerza militar de otro(s) país(es) ejerce(n) en la vida política de un Estado, como expresión de una situación colonial, semicolonial o de enclave.
En Panamá, la militarización (presencia de EE.UU.) y el militarismo (fuerzas armadas nacional) aparecen como imbricadas y relacionadas entre sí, pero hasta el punto en que el polo más débil (militarismo) fue aniquilado en el momento del conflicto (invasión norteamericana, 1989), y luego borrado constitucionalmente como producto de un sentir nacional para hacer de Panamá un país sin ejército. La militarización desapareció del país el 31 de diciembre de 1999 con la reversión final de todos los bienes canaleros a Panamá, producto de los tratados canaleros firmados en 1977, pero la posibilidad de la continuidad de la presencia militar de EE.UU. se expresó entre 1997 y 1998 con las negociaciones frustradas para la instalación de esa presencia militar disfrazada de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
Lo que estuvo en el centro de la discusión en ese momento no era tanto el tema del narcotráfico, sino la continuidad o no de la presencia militar de EE.UU. después del año 2000. En el año 2002 la firma del Convenio Salas - Becker y el acuerdo de la Autoridad del Canal de Panamá con los EE.UU., y en el 2003 las declaraciones del General Hill reeditan esa posibilidad.
El temor de lo que puede ocurrir en la Frontera Este puede llevarnos a extremos, como crear un nuevo ejército o permitir que un ejército de afuera nos defienda, pero además nos involucre en el conflicto colombiano como país beligerante. El tratamiento al tema de la frontera pasa por retomar el concepto de seguridad democrática a través de priorizar el desarrollo económico y social incluyente y sostenible de la provincia de Darién y las comarcas indígenas de esa zona; conformar una zona de paz en esa región; mantener la neutralidad del istmo y reforzar una fuerza policial guardafrontera equipada y respetuosa de los derechos humanos de la población. Esto sí nos acercaría al cumplimiento de la Visión 2020.
(raulleisr @hotmail.com)
Las recientes declaraciones del general James Hill, jefe del Comando Sur, más bien nos alejan de este gran objetivo:
Enfatiza convicción de que la frontera con Colombia es la más vulnerable y que se espera una posible "invasión de narcoterroristas". Por lo que Hill plantea, que la protección de fronteras es una tarea militar, no policial.
La afirmación que Panamá y Estados Unidos están explorando nuevos mecanismos de apoyo para la protección de la frontera con Colombia. Entre ellos, efectuar en Darién una segunda fase de la operación "Nuevos Horizontes", buscando producir el efecto de "ahuyentar a los grupos armados colombianos". Actualmente se realiza en Chiriquí la primera fase de esta operación con la participación de miles de reservistas, lo que constituye para Hill "el primer... paso sustantivo desde que Estados Unidos se fue de Panamá tras la reversión".
Esta operación se hace "a petición de los panameños, estamos reanudando lazos en muchas áreas... Estamos discutiendo con ellos maneras de adiestrar y ayudar a la Policía Nacional panameña para que estén mejor equipados para trabajar el área fronteriza, especialmente el Darién."
Es decir, los pronunciamientos permiten ubicar que EE.UU. está buscando reasumir un papel protagónico en la seguridad del istmo, a través del tema de las repercusiones del conflicto colombiano. Para ello, utiliza las operaciones cívicas-militares -además con el aval del Gobierno Nacional- como lo que son, un componente de estrategias castrenses y contrainsurgentes, con la que una visión exclusivamente militar del tema puede invitar a la remilitarización y al remilitarismo en Panamá.
Es necesario establecer las diferencias entre militarismo y militarización en el caso panameño. Entendemos el militarismo como "la injerencia de los militares, la casta militar o el instituto armado en la vida política del Estado." (Guevara Mann, 1994). En cambio, la militarización puede entenderse como la injerencia o tutela que una fuerza militar de otro(s) país(es) ejerce(n) en la vida política de un Estado, como expresión de una situación colonial, semicolonial o de enclave.
En Panamá, la militarización (presencia de EE.UU.) y el militarismo (fuerzas armadas nacional) aparecen como imbricadas y relacionadas entre sí, pero hasta el punto en que el polo más débil (militarismo) fue aniquilado en el momento del conflicto (invasión norteamericana, 1989), y luego borrado constitucionalmente como producto de un sentir nacional para hacer de Panamá un país sin ejército. La militarización desapareció del país el 31 de diciembre de 1999 con la reversión final de todos los bienes canaleros a Panamá, producto de los tratados canaleros firmados en 1977, pero la posibilidad de la continuidad de la presencia militar de EE.UU. se expresó entre 1997 y 1998 con las negociaciones frustradas para la instalación de esa presencia militar disfrazada de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
Lo que estuvo en el centro de la discusión en ese momento no era tanto el tema del narcotráfico, sino la continuidad o no de la presencia militar de EE.UU. después del año 2000. En el año 2002 la firma del Convenio Salas - Becker y el acuerdo de la Autoridad del Canal de Panamá con los EE.UU., y en el 2003 las declaraciones del General Hill reeditan esa posibilidad.
El temor de lo que puede ocurrir en la Frontera Este puede llevarnos a extremos, como crear un nuevo ejército o permitir que un ejército de afuera nos defienda, pero además nos involucre en el conflicto colombiano como país beligerante. El tratamiento al tema de la frontera pasa por retomar el concepto de seguridad democrática a través de priorizar el desarrollo económico y social incluyente y sostenible de la provincia de Darién y las comarcas indígenas de esa zona; conformar una zona de paz en esa región; mantener la neutralidad del istmo y reforzar una fuerza policial guardafrontera equipada y respetuosa de los derechos humanos de la población. Esto sí nos acercaría al cumplimiento de la Visión 2020.
(raulleisr @hotmail.com)
