¿Centralizar o descentralizar?
El poder central concentra los recursos financieros en los niveles centrales estatales, y acepta desenvolverse a través de la desconcentración relativa de las entidades estatales; pero es más remiso a efectuar la delegación o transferencia real de competencias a los entes locales. Así, la democracia local se devalúa progresivamente y las estructuras que la sostienen (base territorial, organización, competencias y recursos) resultan cada día más inadecuadas.
Ese poder central es el núcleo del centralismo que ha demostrado ser económicamente ineficiente, escasamente representativo en lo político, distante y autoritario; socialmente injusto porque incrementa las inequidades, margina y excluye; culturalmente homogeneizador, justo en un contexto en el que agudiza los desequilibrios regionales, urbanos y rurales; y ambientalmente inadecuado porque produce altos niveles de contaminación y de ruptura de la sustentabilidad.
El centralismo se expresa por diversos elementos, como lo son la primacía urbana, el transitismo, la concentración de recursos, bienes y servicios en una región determinada. En este marco son evidentes los estragos del centralismo: Deformaciones en el funcionamiento económico, y “disfunciones específicas como burocratismo, sectorialización, pérdida de coherencia y de agilidad de los procesos decisorios, disminución del control social, aumento de gastos de funcionamiento interno de los aparatos lo cual conduce a plantearse la eficacia del control local.” (Borja, 1987)
Los gobiernos locales expresan la ausencia de competencias, capacidades, representación y funciones, lo que se explica por el centralismo existente. Se vive una sobrecarga de las demandas de la población hacia las instituciones estatales, lo que se correlaciona con el debilitamiento de la capacidad gubernamental de respuesta, que genera un conjunto de desequilibrios.
La excesiva centralización del poder debilita la capacidad de desarrollo autónomo de provincias, comarcas, municipios y comunidades que repercute en la no satisfacción efectiva de las necesidades e intereses de la población que deben representar. Así, existe un mandatario provincial -el gobernador-, cuya lealtad fundamental se dirige hacia arriba, hacia el órgano del cual emana su nombramiento y remoción: el Ejecutivo.
Por su parte, las comunidades, que participan a través del voto por candidatos a alcaldes y representantes escogidos por los partidos políticos, sienten que las instancias de gobierno municipal, no tienen mayor interés en satisfacer sus demandas, además que no administran servicios que sean de interés para la población del área.
La gente advierte también que muchas de las delegaciones de instituciones públicas en su región tampoco tienen poder de decisión, por lo que en definitiva conduce a que buena parte de las gestiones importantes deban realizarse en la ciudad capital.
Además, es evidente que las cuestiones propiamente relacionadas a lo local generalmente no son objeto de debate en las campañas electorales por estar subordinadas a la lógica de la situación nacional; es decir, a un espacio muchas veces distinto y ajeno. Existe, pues, un deterioro de la imagen del gobierno local que no aparece como un ente representativo, eficiente y eficaz.
El centralismo y la metropolización expresan la asimetría y la desproporción entre territorios y funciones políticas en el marco del Estado. Para César A. Quintero, el poder del Estado puede disponer tanto de una distribución funcional o separación del poder (gobiernos parlamentarios o presidencialistas), como de una distribución territorial o división del poder (gobiernos unitarios o federales). La distribución territorial, según el autor, no debilita la constitución del Estado Nacional ni de la democracia política en ningún sentido reconociendo ventajas y desventajas particulares en cada aspecto.
Allí, en ese poder central, se diseñan y orquestan los criterios técnicos políticos que dan forma y ordenan la política estatal, que es producto de la dinámica de procesamiento de demandas de diversos segmentos corporativos de la sociedad, del juego de operaciones de poder que se producen alrededor de los proyectos y acciones de los diversos sectores de la población. Del poder central, emanan las directrices que dan forma a la política local, se cuadran el conjunto de acciones institucionales que afectan el ámbito local. A través de la política local, el poder central afirma una serie de acciones que son dirigidas por el Estado hacia la localidad en sentido extenso, y es la expresión institucional de la relación entre Estado y la localidad en sentido estricto.
El poder central hegemoniza el conjunto a través de la cultura del centralismo, que es el cemento que asienta esta concepción con especial asiento en el funcionariado, pero de sentido común en la generalidad de la sociedad. En general, los partidos políticos buscan aferrar el poder central por la vía del rejuego electoral, embuidos de una visión de manejo del poder concentrado en el aparato del Estado.
A pesar de que en 1999 todos los candidatos presidenciales firmaron un Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local que echaba las bases del proceso, éste no se cumplió. ¿Seguiremos así? ¿Hasta cuándo?
Ese poder central es el núcleo del centralismo que ha demostrado ser económicamente ineficiente, escasamente representativo en lo político, distante y autoritario; socialmente injusto porque incrementa las inequidades, margina y excluye; culturalmente homogeneizador, justo en un contexto en el que agudiza los desequilibrios regionales, urbanos y rurales; y ambientalmente inadecuado porque produce altos niveles de contaminación y de ruptura de la sustentabilidad.
El centralismo se expresa por diversos elementos, como lo son la primacía urbana, el transitismo, la concentración de recursos, bienes y servicios en una región determinada. En este marco son evidentes los estragos del centralismo: Deformaciones en el funcionamiento económico, y “disfunciones específicas como burocratismo, sectorialización, pérdida de coherencia y de agilidad de los procesos decisorios, disminución del control social, aumento de gastos de funcionamiento interno de los aparatos lo cual conduce a plantearse la eficacia del control local.” (Borja, 1987)
Los gobiernos locales expresan la ausencia de competencias, capacidades, representación y funciones, lo que se explica por el centralismo existente. Se vive una sobrecarga de las demandas de la población hacia las instituciones estatales, lo que se correlaciona con el debilitamiento de la capacidad gubernamental de respuesta, que genera un conjunto de desequilibrios.
La excesiva centralización del poder debilita la capacidad de desarrollo autónomo de provincias, comarcas, municipios y comunidades que repercute en la no satisfacción efectiva de las necesidades e intereses de la población que deben representar. Así, existe un mandatario provincial -el gobernador-, cuya lealtad fundamental se dirige hacia arriba, hacia el órgano del cual emana su nombramiento y remoción: el Ejecutivo.
Por su parte, las comunidades, que participan a través del voto por candidatos a alcaldes y representantes escogidos por los partidos políticos, sienten que las instancias de gobierno municipal, no tienen mayor interés en satisfacer sus demandas, además que no administran servicios que sean de interés para la población del área.
La gente advierte también que muchas de las delegaciones de instituciones públicas en su región tampoco tienen poder de decisión, por lo que en definitiva conduce a que buena parte de las gestiones importantes deban realizarse en la ciudad capital.
Además, es evidente que las cuestiones propiamente relacionadas a lo local generalmente no son objeto de debate en las campañas electorales por estar subordinadas a la lógica de la situación nacional; es decir, a un espacio muchas veces distinto y ajeno. Existe, pues, un deterioro de la imagen del gobierno local que no aparece como un ente representativo, eficiente y eficaz.
El centralismo y la metropolización expresan la asimetría y la desproporción entre territorios y funciones políticas en el marco del Estado. Para César A. Quintero, el poder del Estado puede disponer tanto de una distribución funcional o separación del poder (gobiernos parlamentarios o presidencialistas), como de una distribución territorial o división del poder (gobiernos unitarios o federales). La distribución territorial, según el autor, no debilita la constitución del Estado Nacional ni de la democracia política en ningún sentido reconociendo ventajas y desventajas particulares en cada aspecto.
Allí, en ese poder central, se diseñan y orquestan los criterios técnicos políticos que dan forma y ordenan la política estatal, que es producto de la dinámica de procesamiento de demandas de diversos segmentos corporativos de la sociedad, del juego de operaciones de poder que se producen alrededor de los proyectos y acciones de los diversos sectores de la población. Del poder central, emanan las directrices que dan forma a la política local, se cuadran el conjunto de acciones institucionales que afectan el ámbito local. A través de la política local, el poder central afirma una serie de acciones que son dirigidas por el Estado hacia la localidad en sentido extenso, y es la expresión institucional de la relación entre Estado y la localidad en sentido estricto.
El poder central hegemoniza el conjunto a través de la cultura del centralismo, que es el cemento que asienta esta concepción con especial asiento en el funcionariado, pero de sentido común en la generalidad de la sociedad. En general, los partidos políticos buscan aferrar el poder central por la vía del rejuego electoral, embuidos de una visión de manejo del poder concentrado en el aparato del Estado.
A pesar de que en 1999 todos los candidatos presidenciales firmaron un Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local que echaba las bases del proceso, éste no se cumplió. ¿Seguiremos así? ¿Hasta cuándo?
