¡Cero y va uno! Pero quedan otros temas gordos
Con sentido práctico y para desembarazarse de un tema problemático, que hubiera dificultado el arranque de su gobierno, el Presidente electo impulsó la aprobación del proyecto de reformas a la Constitución Política, que fue posible gracias a la flexibilidad y cooperación de la Presidenta Moscoso que accedió a convocar y extender las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Un importante logro conseguido con las reformas es haber conjurado el fantasma de la Asamblea Constituyente. Aunque en el artículo 309 de la Carta Magna se la incluirá como tercera vía para reformar la Constitución, de hecho, será muy difícil que llegue a materializarse, porque muchas de las reformas invocadas para demandar su convocatoria entrarán en vigor cuando la próxima Asamblea las apruebe por segunda vez en los primeros días de septiembre de este mismo año.
Haber superado el tema de las reformas constitucionales y, además, contar con una mayoría absoluta en la próxima Asamblea da una ventaja táctica al futuro gobierno, pero también le obliga a presentar al país alternativas concretas sobre otros temas de igual urgencia e importancia. Entre éstos, para mencionar sólo cuatro: La Caja de Seguro Social, la seguridad pública, la ampliación del Canal y la deuda pública.
La Caja de Seguro Social es, tal vez, el tema que con mayor urgencia deberá enfrentar el nuevo gobierno, por tres razones: una, porque cualquiera sea la fórmula que finalmente proponga, si es realista, le significará un considerable costo político, que resistiría mejor si aprovecha el inicio de su gestión, cuando su nivel de aceptación estaría en el punto más alto; dos, porque su bancada mayoritaria estaría en mejor disposición para apoyar esas medidas al inicio del gobierno que cuando, transcurrida buena parte de éste, los señores diputados estén pensando en su reelección; y tres, porque si no las adopta, y pronto, podrían dificultarse sus relaciones con las IFIs.
Por ser una demanda generalizada de la población, la seguridad pública es otro problema que debe abordarse con urgencia. Si finalmente el PRD no secunda las propuestas presentadas por la Presidenta Moscoso para combatir la delincuencia, sólo estará posponiendo temporalmente un problema que, como gobierno, tendrá que enfrentar de manera inevitable.
En cuanto a la ampliación del Canal, por sus raíces históricas, nacionalistas y emocionales, pero sobre todo porque todavía sus consecuencias económicas no han sido debidamente analizadas y debatidas, el próximo gobierno debe evitar las precipitaciones.
Una premisa debe ser básica para el tratamiento de este asunto: Los beneficios anuales netos que recibe el Estado panameño nunca deberán comprometerse para financiar una eventual ampliación del Canal. Cualquier fórmula de financiamiento que se explore o considere no debe afectar los ingresos netos anuales que recibe la nación panameña. Para lograr el control del Canal y para alcanzar ese beneficio, lucharon y se sacrificaron varias generaciones de compatriotas. Que esos ingresos se destinen a beneficiar terceros países, los intereses de los usuarios o que vayan a engrosar las cuentas de empresas comerciales, es un contrasentido histórico inaceptable y injustificable.
Sobre la deuda pública, sería recomendable que no se sucumbiera ante la tentación de la demagogia o de la argumentación ligera. Su tratamiento, por los recursos que consume y las limitaciones que ha impuesto a los gobiernos posteriores a la dictadura, debe ser mesurado y exento de estridencias.
La deuda pública panameña, que por superar el 80% el Producto Interno Bruto es, comparativamente, una de las más altas del mundo, no la contrajo el gobierno de Mireya Moscoso. La deuda pública se disparó por la irresponsabilidad y los despilfarros de la dictadura. Eso lo sabemos todos. Los gobiernos democráticamente elegidos, desde el de Guillermo Endara, y también el que presidirá Martín Torrijos han tenido y tendrán que enfrentar ese problema, pero deben hacerlo con realismo y sin demagogia.
La financiación de proyectos de envergadura, que por sus altos costos no puede hacerse con los ingresos corrientes del Estado, obligará a continuar recurriendo al endeudamiento público o de la contrario no podrían realizarse. Y como esa es una realidad inevitable y recurrente, deben evitarse los señalamientos alejados de la objetividad o motivados por el afán de ganancias políticas.
Un importante logro conseguido con las reformas es haber conjurado el fantasma de la Asamblea Constituyente. Aunque en el artículo 309 de la Carta Magna se la incluirá como tercera vía para reformar la Constitución, de hecho, será muy difícil que llegue a materializarse, porque muchas de las reformas invocadas para demandar su convocatoria entrarán en vigor cuando la próxima Asamblea las apruebe por segunda vez en los primeros días de septiembre de este mismo año.
Haber superado el tema de las reformas constitucionales y, además, contar con una mayoría absoluta en la próxima Asamblea da una ventaja táctica al futuro gobierno, pero también le obliga a presentar al país alternativas concretas sobre otros temas de igual urgencia e importancia. Entre éstos, para mencionar sólo cuatro: La Caja de Seguro Social, la seguridad pública, la ampliación del Canal y la deuda pública.
La Caja de Seguro Social es, tal vez, el tema que con mayor urgencia deberá enfrentar el nuevo gobierno, por tres razones: una, porque cualquiera sea la fórmula que finalmente proponga, si es realista, le significará un considerable costo político, que resistiría mejor si aprovecha el inicio de su gestión, cuando su nivel de aceptación estaría en el punto más alto; dos, porque su bancada mayoritaria estaría en mejor disposición para apoyar esas medidas al inicio del gobierno que cuando, transcurrida buena parte de éste, los señores diputados estén pensando en su reelección; y tres, porque si no las adopta, y pronto, podrían dificultarse sus relaciones con las IFIs.
Por ser una demanda generalizada de la población, la seguridad pública es otro problema que debe abordarse con urgencia. Si finalmente el PRD no secunda las propuestas presentadas por la Presidenta Moscoso para combatir la delincuencia, sólo estará posponiendo temporalmente un problema que, como gobierno, tendrá que enfrentar de manera inevitable.
En cuanto a la ampliación del Canal, por sus raíces históricas, nacionalistas y emocionales, pero sobre todo porque todavía sus consecuencias económicas no han sido debidamente analizadas y debatidas, el próximo gobierno debe evitar las precipitaciones.
Una premisa debe ser básica para el tratamiento de este asunto: Los beneficios anuales netos que recibe el Estado panameño nunca deberán comprometerse para financiar una eventual ampliación del Canal. Cualquier fórmula de financiamiento que se explore o considere no debe afectar los ingresos netos anuales que recibe la nación panameña. Para lograr el control del Canal y para alcanzar ese beneficio, lucharon y se sacrificaron varias generaciones de compatriotas. Que esos ingresos se destinen a beneficiar terceros países, los intereses de los usuarios o que vayan a engrosar las cuentas de empresas comerciales, es un contrasentido histórico inaceptable y injustificable.
Sobre la deuda pública, sería recomendable que no se sucumbiera ante la tentación de la demagogia o de la argumentación ligera. Su tratamiento, por los recursos que consume y las limitaciones que ha impuesto a los gobiernos posteriores a la dictadura, debe ser mesurado y exento de estridencias.
La deuda pública panameña, que por superar el 80% el Producto Interno Bruto es, comparativamente, una de las más altas del mundo, no la contrajo el gobierno de Mireya Moscoso. La deuda pública se disparó por la irresponsabilidad y los despilfarros de la dictadura. Eso lo sabemos todos. Los gobiernos democráticamente elegidos, desde el de Guillermo Endara, y también el que presidirá Martín Torrijos han tenido y tendrán que enfrentar ese problema, pero deben hacerlo con realismo y sin demagogia.
La financiación de proyectos de envergadura, que por sus altos costos no puede hacerse con los ingresos corrientes del Estado, obligará a continuar recurriendo al endeudamiento público o de la contrario no podrían realizarse. Y como esa es una realidad inevitable y recurrente, deben evitarse los señalamientos alejados de la objetividad o motivados por el afán de ganancias políticas.
