Cesan derrumbes… pero solicitan indemnización
A inicios del pasado mes de mayo, los residentes que habitan en las cercanías de la construcción de la segunda fase del Corredor Norte expresaron una vez más su preocupación por los constantes derrumbes que esa construcción generaba y que amenazaba con destruir sus viviendas.
La situación se agravó con la llegada de la estación lluviosa, pues cada vez que se registraban precipitaciones igualmente se daban los derrumbes de enormes rocas y cascajo, que paraban en los patios de algunas viviendas.
El problema no radica allí, pues luego de un recorrido realizado por El Panamá América, se pudo comprobar que la mayoría de los residentes que eran afectados por los derrumbes, ya no quieren vivir en el lugar, porque el enorme cerro que le ha quedado frente a sus viviendas les molesta y les ha quitado toda visibilidad.
Dos meses después del momento más crítico con relación a los derrumbes, El Panamá América se apersonó nuevamente al lugar para observar el desarrollo de los trabajos, comprobando según declaraciones de los afectados que los derrumbes han mermado considerablemente, pero que de vez en cuando se caen unas rocas, lo que se pueden corroborar al llegar al sector.
Al cerro se le ha colocado una protección, la cual han revestido de cemento, para mayor seguridad.
Los residentes de las viviendas afectadas mantienen su preocupación, ya que temen que se desplome de un momento a otro sobre sus viviendas, poniendo en peligro a sus familias, aparte de ocasionar daños materiales de consideración.
Una de las residentes aprovechó la oportunidad para arremeter contra el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), asegurando que el director de esta entidad, Arturo Alvarado, de manera precipitada había señalado que el lugar era seguro para construir y que no veía razón para que la obra se suspendiera y al cabo de unos días se produjo uno de los últimos derrumbes.
Explicaba que los talud que se utilizaban, eran los mismos que se emplean en otras partes del mundo, los que se estabilizaban luego que se les siembra grama, sin embargo, no se le ha colocado grama, sino que se han revestido de cemento.
La residente agregó que a pesar que se han registrado fuertes aguaceros en los últimos días y de manera seguida hay que reconocer que los derrumbes no se han dado como se creía.
"Nosotros hemos estado luchando contra esta construcción desde hace dos años, pero como Panamá es para los extranjeros y para los adinerados, nunca hicieron caso de nuestras reclamaciones y ahora nos tendremos que mudar de aquí", dijo.
"Yo no sé si a ti te gustaría vivir en una casa donde apenas abres la puerta, te encuentras con un enorme cerro, a mí no", señaló.
Otro residente de nombre José Suckiol manifestó que la protección que le han colocado al cerro, a su juicio no es segura, ya que se observan rajaduras en diferentes puntos del cerro.
Expuso que un drenaje que hicieron a la entrada del camino que conduce hacia las propiedades presenta marcadas grietas, lo que a su parecer no soportará con el paso de los meses.
Las labores de inspección y supervisión de la construcción y sus consecuentes problemas las llevan a cabo, el SINAPROC, los ministerios de Vivienda (MIVI), Obras Públicas (MOP) y la Defensoría del Pueblo.
Esta última entidad efectuó varias inspecciones después del último derrumbe de consideración registrado, atendiendo llamados de los afectados.
Sobre el particular el director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, manifestó que el problema de los derrumbes ha cesado, y ante este hecho, el dilema ha dado un nuevo giro, pues los afectados ahora solicitan una indemnización justa.
Gutiérrez explicó que se han desarrollado varias reuniones en torno a esta situación, pues al parecer la cantidad de dinero que la empresa está dispuesta a pagar no es lo que los afectados esperan.
Reveló que a los moradores se les está dando cerca de 17 mil balboas en el mejor de los casos, a otros se les ofrece mucho menos por sus viviendas.
El Panamá América se comunicó con la empresa constructora PYCSA de Panamá e informaron que no había personal autorizado para brindar declaraciones.
La situación se agravó con la llegada de la estación lluviosa, pues cada vez que se registraban precipitaciones igualmente se daban los derrumbes de enormes rocas y cascajo, que paraban en los patios de algunas viviendas.
El problema no radica allí, pues luego de un recorrido realizado por El Panamá América, se pudo comprobar que la mayoría de los residentes que eran afectados por los derrumbes, ya no quieren vivir en el lugar, porque el enorme cerro que le ha quedado frente a sus viviendas les molesta y les ha quitado toda visibilidad.
Dos meses después del momento más crítico con relación a los derrumbes, El Panamá América se apersonó nuevamente al lugar para observar el desarrollo de los trabajos, comprobando según declaraciones de los afectados que los derrumbes han mermado considerablemente, pero que de vez en cuando se caen unas rocas, lo que se pueden corroborar al llegar al sector.
Al cerro se le ha colocado una protección, la cual han revestido de cemento, para mayor seguridad.
Los residentes de las viviendas afectadas mantienen su preocupación, ya que temen que se desplome de un momento a otro sobre sus viviendas, poniendo en peligro a sus familias, aparte de ocasionar daños materiales de consideración.
Una de las residentes aprovechó la oportunidad para arremeter contra el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), asegurando que el director de esta entidad, Arturo Alvarado, de manera precipitada había señalado que el lugar era seguro para construir y que no veía razón para que la obra se suspendiera y al cabo de unos días se produjo uno de los últimos derrumbes.
Explicaba que los talud que se utilizaban, eran los mismos que se emplean en otras partes del mundo, los que se estabilizaban luego que se les siembra grama, sin embargo, no se le ha colocado grama, sino que se han revestido de cemento.
La residente agregó que a pesar que se han registrado fuertes aguaceros en los últimos días y de manera seguida hay que reconocer que los derrumbes no se han dado como se creía.
"Nosotros hemos estado luchando contra esta construcción desde hace dos años, pero como Panamá es para los extranjeros y para los adinerados, nunca hicieron caso de nuestras reclamaciones y ahora nos tendremos que mudar de aquí", dijo.
"Yo no sé si a ti te gustaría vivir en una casa donde apenas abres la puerta, te encuentras con un enorme cerro, a mí no", señaló.
Otro residente de nombre José Suckiol manifestó que la protección que le han colocado al cerro, a su juicio no es segura, ya que se observan rajaduras en diferentes puntos del cerro.
Expuso que un drenaje que hicieron a la entrada del camino que conduce hacia las propiedades presenta marcadas grietas, lo que a su parecer no soportará con el paso de los meses.
Las labores de inspección y supervisión de la construcción y sus consecuentes problemas las llevan a cabo, el SINAPROC, los ministerios de Vivienda (MIVI), Obras Públicas (MOP) y la Defensoría del Pueblo.
Esta última entidad efectuó varias inspecciones después del último derrumbe de consideración registrado, atendiendo llamados de los afectados.
Sobre el particular el director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, manifestó que el problema de los derrumbes ha cesado, y ante este hecho, el dilema ha dado un nuevo giro, pues los afectados ahora solicitan una indemnización justa.
Gutiérrez explicó que se han desarrollado varias reuniones en torno a esta situación, pues al parecer la cantidad de dinero que la empresa está dispuesta a pagar no es lo que los afectados esperan.
Reveló que a los moradores se les está dando cerca de 17 mil balboas en el mejor de los casos, a otros se les ofrece mucho menos por sus viviendas.
El Panamá América se comunicó con la empresa constructora PYCSA de Panamá e informaron que no había personal autorizado para brindar declaraciones.
