Cheque en blanco
DE FINES de abril del presente año, cuando la Autoridad del Canal de Panamá dio a conocer públicamente su celebérrima "propuesta de construcción del tercer juego de esclusas, hasta el día 22 de octubre del año presente, día señalado en forma legal para que se lleve a cabo el referéndum sobre tal obra canalera, únicamente transcurrirán seis meses, a fin de que se decida tan importante hecho en la vida nacional. Dada la trascendencia que tiene tal decisión, la precipitud con que el Gobierno Nacional ha dispuesto todo lo relacionado con tal referéndum, pregona la total parcialidad y presión negativas, con que se ha reglamentado esa votación, lo mismo que su documento básico.
Por ello es inevitable señalar que el Gobierno Nacional es la única agencia responsable de que el país no pueda disponer de un lapso necesariamente más extenso, para que hubiera habido un término mayor, que permitiera a la población del país percatarse de la magnitud, importancia y alcance del hecho sobre el cual se le ha llamado a decidir en forma precipitada y por ello, muy desfavorable.
Por tanto, no nos parece que haya ninguna falta de razón, en lo que expresamos en el párrafo anterior, y que señalemos que ese corto lapso nunca debió ser tan reducido, por lo cual tal medida pregona elocuentemente el carácter de cheque en blanco con que el propio Gobierno ha convertido el referéndum, obligando a la ciudadanía a votar sin la oportunidad de un tiempo indispensable para que nuestro pueblo pudiera emitir una opinión suficientemente informada y justa, atando así, presurosamente, la parte de su destino que corresponde al usufructo del Canal.
Una casi totalidad de la partidocracia reinante en Panamá, también tiene una gran cuota de responsabilidad en tan desdichada decisión, lesiva al derecho ponderado que tenía y tiene nuestro pueblo, a pronunciarse sobre su propio destino.
A causa de la naturaleza importantísima del problema sobre el cual nuestro pueblo ha sido llevado a precipitarse en torno a dicha problemática, ni siquiera ha habido espacio y tiempo, para que los sectores sensatos del país, hubieran podido reflexionar con respecto a los ángulos complejos de lo que se ha propuesto, sobre todo en cuanto a la organización jurídica del referéndum. Es deshonesto y perjudicial que se lleve a nuestro pueblo a adoptar tan profunda decisión, teniendo como factor importante las ventajas que se han dado los miembros de la partidocracia dominante al permitírsele que siguiera actuando como factor básico en la celebración de todas las etapas del referéndum, privando a un pueblo cansado de las frustraciones que han impreso en él las contiendas politiqueras, para la selección cada cuatro o cinco años, de sus estratos gobernantes. Esos mal llamados partidos políticos han tenido esta vez, la misma posición privilegiada que han usufructuado ya tantas veces, en el control de la maquinaria electoral, en las mesas y cómputos del referéndum.
En esta ocasión, de un referéndum canalero que mucha importancia tiene y tendrá en la historia próxima de nuestra Patria, esa mayoría partidista en los puestos de decisión, del cómputo eleccionario, debió ser rechazada y reemplazada por ciudadanos que no pertenecieran a esa mancomunidad politiquera. Con ello, un referéndum que varias garantías esenciales, y no las tendrá.
Otro aspecto fundamental merece ser destacado. La propuesta de esclusas canaleras salida de la Autoridad del Canal está hecha a retazos de soluciones que dejan ver sus deficiencias y sus interrogantes. Ni siquiera dispone el votante de un costo más realista que la tan disparatada cifra pregonada por la propuesta, en la que lucen las mismas palabras contradictorias que la acompañan. Se incluye la cifra (cinco mil millones), pero a renglón seguido se mencionan, sibilísticamente, empréstitos, restándole toda fuerza a la afirmación de que el proyecto canalero "es autofinaciable".
También es notorio que los grandes propietarios de buques mercantes y de grandes barcos de guerra tienen la preferencia en la decisión panameña de invertir miles de millones de dólares en las esclusas, con olvido y postergación de un pueblo que está sufriendo de un 40% de pobreza "solemne", olvidada por su propio Gobierno y por miembros de su clase adinerada.
Estimamos que nos sobra razón, a los que ya hemos decidido votar con un enorme No, el 22 de octubre, que no está lejano. No estamos de acuerdo con lo que viene haciendo la ACP, y la cortina de silencio tras la cual enmudecen situaciones que deben ser conocidas. No apadrinamos cheque en blanco. De ninguna clase. A votar Todos por el No, que es la mejor solución, en este disparadero obligatorio y fatal para la Patria.
Por ello es inevitable señalar que el Gobierno Nacional es la única agencia responsable de que el país no pueda disponer de un lapso necesariamente más extenso, para que hubiera habido un término mayor, que permitiera a la población del país percatarse de la magnitud, importancia y alcance del hecho sobre el cual se le ha llamado a decidir en forma precipitada y por ello, muy desfavorable.
Por tanto, no nos parece que haya ninguna falta de razón, en lo que expresamos en el párrafo anterior, y que señalemos que ese corto lapso nunca debió ser tan reducido, por lo cual tal medida pregona elocuentemente el carácter de cheque en blanco con que el propio Gobierno ha convertido el referéndum, obligando a la ciudadanía a votar sin la oportunidad de un tiempo indispensable para que nuestro pueblo pudiera emitir una opinión suficientemente informada y justa, atando así, presurosamente, la parte de su destino que corresponde al usufructo del Canal.
Una casi totalidad de la partidocracia reinante en Panamá, también tiene una gran cuota de responsabilidad en tan desdichada decisión, lesiva al derecho ponderado que tenía y tiene nuestro pueblo, a pronunciarse sobre su propio destino.
A causa de la naturaleza importantísima del problema sobre el cual nuestro pueblo ha sido llevado a precipitarse en torno a dicha problemática, ni siquiera ha habido espacio y tiempo, para que los sectores sensatos del país, hubieran podido reflexionar con respecto a los ángulos complejos de lo que se ha propuesto, sobre todo en cuanto a la organización jurídica del referéndum. Es deshonesto y perjudicial que se lleve a nuestro pueblo a adoptar tan profunda decisión, teniendo como factor importante las ventajas que se han dado los miembros de la partidocracia dominante al permitírsele que siguiera actuando como factor básico en la celebración de todas las etapas del referéndum, privando a un pueblo cansado de las frustraciones que han impreso en él las contiendas politiqueras, para la selección cada cuatro o cinco años, de sus estratos gobernantes. Esos mal llamados partidos políticos han tenido esta vez, la misma posición privilegiada que han usufructuado ya tantas veces, en el control de la maquinaria electoral, en las mesas y cómputos del referéndum.
En esta ocasión, de un referéndum canalero que mucha importancia tiene y tendrá en la historia próxima de nuestra Patria, esa mayoría partidista en los puestos de decisión, del cómputo eleccionario, debió ser rechazada y reemplazada por ciudadanos que no pertenecieran a esa mancomunidad politiquera. Con ello, un referéndum que varias garantías esenciales, y no las tendrá.
Otro aspecto fundamental merece ser destacado. La propuesta de esclusas canaleras salida de la Autoridad del Canal está hecha a retazos de soluciones que dejan ver sus deficiencias y sus interrogantes. Ni siquiera dispone el votante de un costo más realista que la tan disparatada cifra pregonada por la propuesta, en la que lucen las mismas palabras contradictorias que la acompañan. Se incluye la cifra (cinco mil millones), pero a renglón seguido se mencionan, sibilísticamente, empréstitos, restándole toda fuerza a la afirmación de que el proyecto canalero "es autofinaciable".
También es notorio que los grandes propietarios de buques mercantes y de grandes barcos de guerra tienen la preferencia en la decisión panameña de invertir miles de millones de dólares en las esclusas, con olvido y postergación de un pueblo que está sufriendo de un 40% de pobreza "solemne", olvidada por su propio Gobierno y por miembros de su clase adinerada.
Estimamos que nos sobra razón, a los que ya hemos decidido votar con un enorme No, el 22 de octubre, que no está lejano. No estamos de acuerdo con lo que viene haciendo la ACP, y la cortina de silencio tras la cual enmudecen situaciones que deben ser conocidas. No apadrinamos cheque en blanco. De ninguna clase. A votar Todos por el No, que es la mejor solución, en este disparadero obligatorio y fatal para la Patria.
