Chiapas: aniversario de incertidumbre
Es tiempo de aniversarios en el estado mexicano de Chiapas: se cumplen diez años del alzamiento zapatista, y veinte desde la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero, aparte de las fiestas navideñas, hay poco que celebrar. El calendario recuerda que hace ya más de siete años que el gobierno federal y el EZLN no se sientan a dialogar y, dada la situación actual, de ignorancia mutua entre las partes, las perspectivas de una reanudación del proceso negociador parecen remotas.
Hace tiempo que Chiapas dejó de ser una prioridad en la agenda presidencial. Vicente Fox dio por cumplida su promesa electoral de pacificar la zona tan pronto como quedó aprobada la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, en abril de 2001, sin importar que fuera rechazada mayoritariamente por sus presuntos beneficiarios, los indígenas; ni que, lejos de haber supuesto un avance en la solución del conflicto, se haya convertido en un obstáculo más para la paz en la región. En una estrategia que bien podría haber heredado de sus predecesores priístas, Fox parece confiar en que el tiempo y los programas económicos acaben minando la resistencia radical del EZLN a cualquier solución parcial.
Los zapatistas, por su parte, han dado por agotada la vía del diálogo con el Ejecutivo, para centrarse en la promoción de espacios de gobierno paralelo, sin aceptar las "limosnas" del Estado. El EZLN, al igual que la mayoría del movimiento indígena, rechaza la reforma constitucional porque, en su opinión, pasa por alto los Acuerdos de San Andrés -firmados con la anterior administración federal- cuyo cumplimiento figura como una condición sine qua non para regresar a la mesa de negociación. De ahí, que hayan decidido aplicar estos acuerdos en los territorios rebeldes por la "vía de los hechos", mediante la creación el pasado mes de julio de las "Juntas de Buen Gobierno". De esta forma, el EZLN ha dado un paso adelante en su desafío al poder "oficial" al asumir toda clase de funciones, desde la salud o la educación, a la justicia o el desarrollo.
Sin embargo, la nueva iniciativa zapatista no ha inquietado en exceso al gobierno. En un intento de dar validez a la reforma indígena frente a la resistencia del EZLN, el discurso gubernamental ha venido a decir que las Juntas podrían integrarse en la constitución. En este mismo sentido se ha manifestado el gobernador estatal, Pablo Salazar, que ha asegurado que respetará las decisiones de las comunidades zapatistas. ¿Hasta cuándo podrán mantener esta actitud?
Pese a que la creación de las "Juntas de Buen Gobierno" ha ido acompañada de un mensaje conciliador hacia los no zapatistas, y del anuncio de la retirada del EZLN de la vida política de las comunidades, no han tardado en aparecer las primeras tensiones con otros actores sociales en torno a cuestiones como la redefinición de los territorios y, sobre todo, la administración de la justicia. Son puntos delicados ante los que, tarde o temprano, al gobierno no le quedará más remedio que adoptar una posición firme: reconocer su legitimidad o imponer el "estado de derecho".
Detrás de este dilema, subyace el debate sobre la autonomía. Fuente de conflictos para algunos, representa para otros el camino hacia la paz. Sus detractores advierten del peligro de "balcanización" del país, de la creación de comunidades aisladas en las que se perpetúe el atraso, imperen costumbres que violan los derechos fundamentales del individuo, y se vulnere el principio de igualdad ante la ley. Por el contrario, sus defensores hablan de una autonomía que equilibre el respeto de la diferencia con los valores comunes, que lejos de establecer una legalidad paralela incorpore a la vigente los usos y costumbres indígenas, sobre la base del respeto a los derechos humanos, tal y como quedó contemplado en los Acuerdos de San Andrés.
En cualquier caso, son muchos los desafíos que plantea una eventual autonomía. El primero de ellos es, sin duda, el de superar las divisiones en las comunidades. La dimensión comunitaria, sumamente importante para articular la identidad de los pueblos indígenas, así como para procesar y resolver los conflictos, se encuentra hecha trizas.
Como señalan las organizaciones que trabajan sobre el terreno, más allá del enfrentamiento entre el gobierno y el EZLN, los años de conflicto de baja intensidad han diversificado tanto los ejes de fractura que dividen a la población, que el margen de maniobra para una solución pacífica de las controversias se ha reducido sustancialmente.
En este sentido, el gobierno estatal de Pablo Salazar ha promovido espacios de distensión y reconciliación. En algunas zonas especialmente conflictivas ha logrado instalar mesas de negociación para la firma de acuerdos de paz, en los que han participado organizaciones sociales enfrentadas, las distintas iglesias y autoridades locales. Pero, como señala el Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, "si no se resuelven los problemas planteados por el rechazo del EZLN y de buena parte del movimiento indígena a la reforma constitucional aprobada, no habrá paz social definitiva". Stavenhagen considera además que México viola de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas, y señala que los indicadores de las condiciones de vida de los indígenas muestran graves carencias en sus derechos económicos, sociales y culturales.
Son muchos los puntos de fricción que existen, pero en el fondo del enfrentamiento entre el gobierno y los zapatistas está una cuestión principal: hasta dónde se quiere llegar con los cambios. El Ejecutivo ha apostado decididamente por la aprobación de leyes secundarias y programas económicos como estrategia para pacificar la región. Las recomendaciones de observadores internacionales como el Servicio Internacional Para la Paz (SIPAZ) son otras: "si aspiramos a que las soluciones sean profundas, verdaderas y duraderas, no se puede dejar de lado la necesidad de transformar las causas profundas que originaron los conflictos: es decir debe haber una transformación de las estructuras económicas, políticas y culturales responsables de la exclusión, la miseria, la discriminación, y la injusticia cotidiana que viven los pueblos indígenas". Ahí quedan.
*De la Agencia de Información Solidaria (AIS)
Hace tiempo que Chiapas dejó de ser una prioridad en la agenda presidencial. Vicente Fox dio por cumplida su promesa electoral de pacificar la zona tan pronto como quedó aprobada la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, en abril de 2001, sin importar que fuera rechazada mayoritariamente por sus presuntos beneficiarios, los indígenas; ni que, lejos de haber supuesto un avance en la solución del conflicto, se haya convertido en un obstáculo más para la paz en la región. En una estrategia que bien podría haber heredado de sus predecesores priístas, Fox parece confiar en que el tiempo y los programas económicos acaben minando la resistencia radical del EZLN a cualquier solución parcial.
Los zapatistas, por su parte, han dado por agotada la vía del diálogo con el Ejecutivo, para centrarse en la promoción de espacios de gobierno paralelo, sin aceptar las "limosnas" del Estado. El EZLN, al igual que la mayoría del movimiento indígena, rechaza la reforma constitucional porque, en su opinión, pasa por alto los Acuerdos de San Andrés -firmados con la anterior administración federal- cuyo cumplimiento figura como una condición sine qua non para regresar a la mesa de negociación. De ahí, que hayan decidido aplicar estos acuerdos en los territorios rebeldes por la "vía de los hechos", mediante la creación el pasado mes de julio de las "Juntas de Buen Gobierno". De esta forma, el EZLN ha dado un paso adelante en su desafío al poder "oficial" al asumir toda clase de funciones, desde la salud o la educación, a la justicia o el desarrollo.
Sin embargo, la nueva iniciativa zapatista no ha inquietado en exceso al gobierno. En un intento de dar validez a la reforma indígena frente a la resistencia del EZLN, el discurso gubernamental ha venido a decir que las Juntas podrían integrarse en la constitución. En este mismo sentido se ha manifestado el gobernador estatal, Pablo Salazar, que ha asegurado que respetará las decisiones de las comunidades zapatistas. ¿Hasta cuándo podrán mantener esta actitud?
Pese a que la creación de las "Juntas de Buen Gobierno" ha ido acompañada de un mensaje conciliador hacia los no zapatistas, y del anuncio de la retirada del EZLN de la vida política de las comunidades, no han tardado en aparecer las primeras tensiones con otros actores sociales en torno a cuestiones como la redefinición de los territorios y, sobre todo, la administración de la justicia. Son puntos delicados ante los que, tarde o temprano, al gobierno no le quedará más remedio que adoptar una posición firme: reconocer su legitimidad o imponer el "estado de derecho".
Detrás de este dilema, subyace el debate sobre la autonomía. Fuente de conflictos para algunos, representa para otros el camino hacia la paz. Sus detractores advierten del peligro de "balcanización" del país, de la creación de comunidades aisladas en las que se perpetúe el atraso, imperen costumbres que violan los derechos fundamentales del individuo, y se vulnere el principio de igualdad ante la ley. Por el contrario, sus defensores hablan de una autonomía que equilibre el respeto de la diferencia con los valores comunes, que lejos de establecer una legalidad paralela incorpore a la vigente los usos y costumbres indígenas, sobre la base del respeto a los derechos humanos, tal y como quedó contemplado en los Acuerdos de San Andrés.
En cualquier caso, son muchos los desafíos que plantea una eventual autonomía. El primero de ellos es, sin duda, el de superar las divisiones en las comunidades. La dimensión comunitaria, sumamente importante para articular la identidad de los pueblos indígenas, así como para procesar y resolver los conflictos, se encuentra hecha trizas.
Como señalan las organizaciones que trabajan sobre el terreno, más allá del enfrentamiento entre el gobierno y el EZLN, los años de conflicto de baja intensidad han diversificado tanto los ejes de fractura que dividen a la población, que el margen de maniobra para una solución pacífica de las controversias se ha reducido sustancialmente.
En este sentido, el gobierno estatal de Pablo Salazar ha promovido espacios de distensión y reconciliación. En algunas zonas especialmente conflictivas ha logrado instalar mesas de negociación para la firma de acuerdos de paz, en los que han participado organizaciones sociales enfrentadas, las distintas iglesias y autoridades locales. Pero, como señala el Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, "si no se resuelven los problemas planteados por el rechazo del EZLN y de buena parte del movimiento indígena a la reforma constitucional aprobada, no habrá paz social definitiva". Stavenhagen considera además que México viola de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas, y señala que los indicadores de las condiciones de vida de los indígenas muestran graves carencias en sus derechos económicos, sociales y culturales.
Son muchos los puntos de fricción que existen, pero en el fondo del enfrentamiento entre el gobierno y los zapatistas está una cuestión principal: hasta dónde se quiere llegar con los cambios. El Ejecutivo ha apostado decididamente por la aprobación de leyes secundarias y programas económicos como estrategia para pacificar la región. Las recomendaciones de observadores internacionales como el Servicio Internacional Para la Paz (SIPAZ) son otras: "si aspiramos a que las soluciones sean profundas, verdaderas y duraderas, no se puede dejar de lado la necesidad de transformar las causas profundas que originaron los conflictos: es decir debe haber una transformación de las estructuras económicas, políticas y culturales responsables de la exclusión, la miseria, la discriminación, y la injusticia cotidiana que viven los pueblos indígenas". Ahí quedan.
*De la Agencia de Información Solidaria (AIS)
