Ciudadanos vs Magistrados
NUEVAMENTE un grupo de ciudadanos panameños levanta la bandera acusatoria contra varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hace poco, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) levantó el diapasón solicitando la renuncia de los Magistrados de la Corte, siendo apoyada por numerosas compañías nacionales, que llenaron casi al unísono las planas de los periódicos con fuertes imputaciones, a causa de sentencias acusadas de parcialidad lanzadas por las alturas curialescas.
Los Ejecutivos de Empresas y demás protestantes no lograron sus propósitos porque no es fácil que los Togados judiciales se hagan el haraquiri, desde sus poltronas gruesas, que tienen aseguradas a largo plazo fijo.
El Gobierno optó por designar una Comisión de Alto Nivel que formulara nuevos métodos de integración de la cúpula del Órgano Judicial. Se está diciendo en estos días que dichos Altos Comisionados ya están terminando algo así como un proyecto de Ley que brinde a los grupos ciudadanos sugerir candidatos para el nombramiento de la cumbre que tiene la venda en los ojos, la espada a la derecha y la balanza a la izquierda. Si jamás se ha hechos uso del Código Judicial para incrementar los requisitos de nombramiento de magistrados y jueces, es difícil que se logren los propósitos ciudadanos, con el pretexto de que se podría incurrir en inconstitucionalidades.
Ahora la entidad denominada Alianza Ciudadana, vigilante de la inmoralidad y otras prácticas dolosas que se pasean por los Palacios Estatales, ha redoblado su acusación ante la Asamblea Nacional, para que investigue la conducta de ciertos Magistrados, a través de decisiones proferidas por ellos que la Alianza considera pecaminosas. Por cierto que esta última no parece tener fuerza suficiente para provocar la tembladera rectificadora que parecen requerir los Despachos oficiales.
Nosotros, que hemos dedicado nuestra vida al ejercicio de la abogacía, lo que nos ha permitido por décadas conocer los manejos de la justicia panameña y del funcionamiento estatal, hemos podido formarnos la idea de que el país, progresivamente, entró en una crisis total de sus resortes de honestidad, del cumplimiento imparcial de la cosa pública y de las prácticas de las esferas privadas de la sociedad panameña, situación negativa acumulada por años y que es difícil que desaparezca en poco tiempo, como lo desean algunos miembros de sociedades empeñadas en regenerar nuestro presente y asegurar una existencia general próspera y honrada hacia el futuro.
Para la rectificación a que estamos aludiendo nos parece que se necesita más, mucho más, que las buenas intenciones, porque hace mucho que el refranero popular que refleja la sabiduría del tiempo, nos previene de que "de buenas intenciones están empedrados los infiernos".
A nosotros también nos preocupa permanentemente que la vida nacional esté fundada sobre pilares carcomidos, difíciles de sustituir por bases en que brillen la honradez generalizada, al menos en la mayoría de la población y no sólo en los despachos gubernamentales; en donde, como decía ese gran patriota que se llamó Eusebio A. Morales, "las leyes sean norma invariable de gobernantes y gobernados; en donde se establezca la paz efectiva que consiste en el juego libre y armónico de todos los intereses y de todas las actividades; y en donde, en suma, encuentren perpetuo asiento la civilización y el progreso".
La experiencia que hoy tenemos en torno a nuestro país, debemos traducirla en un programa general de metas específicas y salvadoras, que conserve la esencia de los objetivos generales que expusieron los ciudadanos que hicieron la Independencia de 1903, y que actualmente necesitamos renovar, con el fin de que podamos superar las grandes fallas del Panamá en que vivimos y hacer realidad las metas que vislumbraban quienes forjaron las bases fundamentales que ellos consagraron en frases que hoy suenan todavía como objetivos patrióticos, a los que podamos dedicar nuestros esfuerzos.
Los Ejecutivos de Empresas y demás protestantes no lograron sus propósitos porque no es fácil que los Togados judiciales se hagan el haraquiri, desde sus poltronas gruesas, que tienen aseguradas a largo plazo fijo.
El Gobierno optó por designar una Comisión de Alto Nivel que formulara nuevos métodos de integración de la cúpula del Órgano Judicial. Se está diciendo en estos días que dichos Altos Comisionados ya están terminando algo así como un proyecto de Ley que brinde a los grupos ciudadanos sugerir candidatos para el nombramiento de la cumbre que tiene la venda en los ojos, la espada a la derecha y la balanza a la izquierda. Si jamás se ha hechos uso del Código Judicial para incrementar los requisitos de nombramiento de magistrados y jueces, es difícil que se logren los propósitos ciudadanos, con el pretexto de que se podría incurrir en inconstitucionalidades.
Ahora la entidad denominada Alianza Ciudadana, vigilante de la inmoralidad y otras prácticas dolosas que se pasean por los Palacios Estatales, ha redoblado su acusación ante la Asamblea Nacional, para que investigue la conducta de ciertos Magistrados, a través de decisiones proferidas por ellos que la Alianza considera pecaminosas. Por cierto que esta última no parece tener fuerza suficiente para provocar la tembladera rectificadora que parecen requerir los Despachos oficiales.
Nosotros, que hemos dedicado nuestra vida al ejercicio de la abogacía, lo que nos ha permitido por décadas conocer los manejos de la justicia panameña y del funcionamiento estatal, hemos podido formarnos la idea de que el país, progresivamente, entró en una crisis total de sus resortes de honestidad, del cumplimiento imparcial de la cosa pública y de las prácticas de las esferas privadas de la sociedad panameña, situación negativa acumulada por años y que es difícil que desaparezca en poco tiempo, como lo desean algunos miembros de sociedades empeñadas en regenerar nuestro presente y asegurar una existencia general próspera y honrada hacia el futuro.
Para la rectificación a que estamos aludiendo nos parece que se necesita más, mucho más, que las buenas intenciones, porque hace mucho que el refranero popular que refleja la sabiduría del tiempo, nos previene de que "de buenas intenciones están empedrados los infiernos".
A nosotros también nos preocupa permanentemente que la vida nacional esté fundada sobre pilares carcomidos, difíciles de sustituir por bases en que brillen la honradez generalizada, al menos en la mayoría de la población y no sólo en los despachos gubernamentales; en donde, como decía ese gran patriota que se llamó Eusebio A. Morales, "las leyes sean norma invariable de gobernantes y gobernados; en donde se establezca la paz efectiva que consiste en el juego libre y armónico de todos los intereses y de todas las actividades; y en donde, en suma, encuentren perpetuo asiento la civilización y el progreso".
La experiencia que hoy tenemos en torno a nuestro país, debemos traducirla en un programa general de metas específicas y salvadoras, que conserve la esencia de los objetivos generales que expusieron los ciudadanos que hicieron la Independencia de 1903, y que actualmente necesitamos renovar, con el fin de que podamos superar las grandes fallas del Panamá en que vivimos y hacer realidad las metas que vislumbraban quienes forjaron las bases fundamentales que ellos consagraron en frases que hoy suenan todavía como objetivos patrióticos, a los que podamos dedicar nuestros esfuerzos.
