Civilizar la Libertad de Expresión: 1.Evaluación desigual
Vivimos actualmente una libertad de expresión salvaje. Se dice cualquiera cosa de cualquiera persona en cualquiera oportunidad. Pero prefiero esta selva de libertad de expresión al desierto de silencio y mentira que sufrimos bajo la dictadura. Sin embargo, aspiro como ser humano y como panameño a que logremos civilizar nuestra libertad.
Por ello, seguí con singular interés la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señor Santiago Canton. Invitarlo a Panamá fue un acierto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su intenso programa le permitió entrevistarse con mucha gente. Resultó ser una persona que escuchaba. Al mismo tiempo reaccionaba con franqueza, reconociendo no sólo convergencias, sino discrepancias. De allí que su evaluación preliminar, en espera de su informe final, merezca atención y discusión.
El texto de la evaluación contiene diversos elementos: del punto 11 al 27, 17 párrafos sobre la libertad de expresión expresamente; del punto 28 al 34, 7 párrafos sobre el derecho a la información; del punto 35 al 38, 4 párrafos sobre las condiciones socioeconómicas que afectan esta libertad y este derecho, y el punto 39, un solo párrafo sobre la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de una evaluación muy desigual, que refleja los a priori de la Relatoría como institución.
En efecto, el Relator parte de lo que llamaría el complejo de Chapultepec. Me refiero al enfoque que caracteriza la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión y de prensa, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 y que luego fue firmada por los Presidentes de América Latina. Cuando la analicé en ese entonces, escribí: "La Declaración...- es uno de sus valores- identifica con crudo y saludable realismo todas las fuentes y medidas que hacen peligrar la libertad de expresión y de prensa. Todas menos las más inmediatas y cotidianas, a saber las que residen o provienen de los propios medios de comunicación. Es una de las insuficiencias de la Declaración: ve los medios de comunicación asediados sólo por peligros externos, con poca o ninguna conciencia manifiesta de los no menos serios peligros internos". Le hace falta reconocer que los medios son propiedad de personas o grupos con intereses determinados, empresas que compiten agresivamente por publicidad y público, entidades complejas donde colaboran y se enfrentan juntas directivas, administradores, publicistas, directores editoriales y comunicadores sociales o periodistas, quienes con frecuencia se sitúan al final de la escala de decisión y remuneración.
El Relator tiene razón cuando argumenta que la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo y la consolidación de los procesos democráticos, porque "una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre". Pero no admite que tan graves como pueden ser para el flujo de información las restricciones arbitrarias provenientes de los agentes del poder público, lo pueden también ser las deformaciones irresponsables provenientes de la parcialidad que imponen ciertas condiciones internas. Esta parcialidad puede enturbiar dicho flujo y tornarlo en una corriente de desinformación.
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Panamá en una Carta Abierta a los Medios de Comunicación advertía en 1999: "Desde hace mucho tiempo los comunicadores sociales, los periodistas y los dueños de medios de comunicación han reclamado la derogatoria de las leyes mordaza que afectan la libertad de expresión en nuestro país...Sin embargo, las denuncias de posible manipulación ejercida a lo interno de los medios de comunicación, como la supuesta deshonestidad de parte de los funcionarios que ejercen la noble función de comunicador social, es un aldabonazo y una muestra de que la libertad de expresión no sólo puede ser afectada por quienes detentan el poder del Estado, sino también por distintas prácticas que se dan a lo interno de los medios de comunicación y en la sociedad misma. Prácticas tales como la coima, la manipulación de la información, la falta de independencia dentro de los medios, el no respeto al pluralismo, el poco respeto de la honra y reputación de las personas son algunos de los grandes enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información."
Con coraje y excepcional conciencia crítica, la Presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), Barbara Bloise, advirtió en carta al Relator: "la libertad de expresión no solamente es limitada por determinadas autoridades..., sino también desde algunas salas de redacción, donde se han vulnerado principios éticos universales como el equilibrio informativo y la cláusula de conciencia." Añade que "el periodismo debe respetar la vida privada..., abstenerse de explotar la morbosidad...y favorecer el desarrollo humano y el de las naciones". Y reclama condiciones laborales que garanticen la independencia profesional de los comunicadores sociales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos que el Relator cita como componente fundamental de su marco normativo, estipula que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" (art.13). Estipula, además, la protección legal del derecho al respeto de la honra y la dignidad de cada persona (art.11), como también del derecho a la rectificación o respuesta (art. 14). Todas estas consideraciones han servido en la historia como pretexto para atentar contra la libertad de expresión, pero no quita que responden a preocupaciones legítimas y no se pueden desatender sin grave daño para la gente y la misma comunidad. ¡No es acaso verdad que en la historia se han cometido grandes crímenes incluso en nombre de la libertad, lo cual no impide que continuemos luchando y trabajando por ella!
Esta responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión exige, de acuerdo con la misma Convención Americana, estar expresamente fijada por la ley, por lo menos a un nivel mínimo indispensable, pues cuando la legislación intenta consagrar al máximo alguna norma moral -sea un derecho o un deber- corre el riesgo de tornarse en imposición ideológico-moralista. Tanto la libertad de expresión como la responsabilidad en su ejercicio, más allá de lo que las leyes consagren, han de ser promovidas culturalmente. Una parte importante de la cultura en este aspecto es la atención de los mismos medios a ambas. Sin embargo es un hecho, negativo pero real, que mientras los medios son informadores celosos sobre cualquier atentado contra su libertad de expresión de parte de los poderes públicos, muy poco informan u opinan los unos sobre los otros en cuanto a sus respectivas irresponsabilidades en el ejercicio de dicha libertad.
No sorprende, por lo tanto, aunque es contraproducente, que el Relator sólo le haya dedicado un párrafo al tema de tal responsabilidad. Sin embargo, vale la pena destacarlo por lo inusual, dado el enfoque institucional de la Relatoría: "Varias personas expresaron su rechazo a lo que denominaron un ejercicio "excesivo o abusivo de la libertad de expresión". La Relatoría recibió información sobre la utilización de algunos medios de comunicación como instrumentos para defender intereses personales, económicos o para desprestigiar el honor de las personas, sin comprometerse con la verdad y en perjuicio del derecho a la información del pueblo panameño. Frente a la seriedad que merecen estas acusaciones, la Relatoría recuerda a todas aquellas personas relacionadas con los medios de comunicación, que la credibilidad está ligada al compromiso con la verdad, imparcialidad y equidad. Cuando intereses distintos al compromiso con la verdad influencian indebidamente la información, se perjudica a toda la sociedad y se one en peligro la consolidación del sistema democrático".
Si se tomara en serio este comentario, provocado por los planteamientos de panameños a quienes el Relator escuchó, y se le diera toda su importancia, habría que decir que lo necesario no es el binomio democracia y libertad, como pretende la Declaración de Chapultepec, sino el trinomio democracia, libertad y responsabilidad. De otra manera no se logra el equilibrio entre derechos y deberes que la democracia exige más que cualquier otro sistema y sin el cual la democracia vivotea de crisis en crisis. En esto consiste, a mi juicio, civilizar la libertad de expresión. (ariyan@sinfo.net)
Por ello, seguí con singular interés la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señor Santiago Canton. Invitarlo a Panamá fue un acierto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su intenso programa le permitió entrevistarse con mucha gente. Resultó ser una persona que escuchaba. Al mismo tiempo reaccionaba con franqueza, reconociendo no sólo convergencias, sino discrepancias. De allí que su evaluación preliminar, en espera de su informe final, merezca atención y discusión.
El texto de la evaluación contiene diversos elementos: del punto 11 al 27, 17 párrafos sobre la libertad de expresión expresamente; del punto 28 al 34, 7 párrafos sobre el derecho a la información; del punto 35 al 38, 4 párrafos sobre las condiciones socioeconómicas que afectan esta libertad y este derecho, y el punto 39, un solo párrafo sobre la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de una evaluación muy desigual, que refleja los a priori de la Relatoría como institución.
En efecto, el Relator parte de lo que llamaría el complejo de Chapultepec. Me refiero al enfoque que caracteriza la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión y de prensa, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 y que luego fue firmada por los Presidentes de América Latina. Cuando la analicé en ese entonces, escribí: "La Declaración...- es uno de sus valores- identifica con crudo y saludable realismo todas las fuentes y medidas que hacen peligrar la libertad de expresión y de prensa. Todas menos las más inmediatas y cotidianas, a saber las que residen o provienen de los propios medios de comunicación. Es una de las insuficiencias de la Declaración: ve los medios de comunicación asediados sólo por peligros externos, con poca o ninguna conciencia manifiesta de los no menos serios peligros internos". Le hace falta reconocer que los medios son propiedad de personas o grupos con intereses determinados, empresas que compiten agresivamente por publicidad y público, entidades complejas donde colaboran y se enfrentan juntas directivas, administradores, publicistas, directores editoriales y comunicadores sociales o periodistas, quienes con frecuencia se sitúan al final de la escala de decisión y remuneración.
El Relator tiene razón cuando argumenta que la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo y la consolidación de los procesos democráticos, porque "una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre". Pero no admite que tan graves como pueden ser para el flujo de información las restricciones arbitrarias provenientes de los agentes del poder público, lo pueden también ser las deformaciones irresponsables provenientes de la parcialidad que imponen ciertas condiciones internas. Esta parcialidad puede enturbiar dicho flujo y tornarlo en una corriente de desinformación.
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Panamá en una Carta Abierta a los Medios de Comunicación advertía en 1999: "Desde hace mucho tiempo los comunicadores sociales, los periodistas y los dueños de medios de comunicación han reclamado la derogatoria de las leyes mordaza que afectan la libertad de expresión en nuestro país...Sin embargo, las denuncias de posible manipulación ejercida a lo interno de los medios de comunicación, como la supuesta deshonestidad de parte de los funcionarios que ejercen la noble función de comunicador social, es un aldabonazo y una muestra de que la libertad de expresión no sólo puede ser afectada por quienes detentan el poder del Estado, sino también por distintas prácticas que se dan a lo interno de los medios de comunicación y en la sociedad misma. Prácticas tales como la coima, la manipulación de la información, la falta de independencia dentro de los medios, el no respeto al pluralismo, el poco respeto de la honra y reputación de las personas son algunos de los grandes enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información."
Con coraje y excepcional conciencia crítica, la Presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), Barbara Bloise, advirtió en carta al Relator: "la libertad de expresión no solamente es limitada por determinadas autoridades..., sino también desde algunas salas de redacción, donde se han vulnerado principios éticos universales como el equilibrio informativo y la cláusula de conciencia." Añade que "el periodismo debe respetar la vida privada..., abstenerse de explotar la morbosidad...y favorecer el desarrollo humano y el de las naciones". Y reclama condiciones laborales que garanticen la independencia profesional de los comunicadores sociales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos que el Relator cita como componente fundamental de su marco normativo, estipula que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" (art.13). Estipula, además, la protección legal del derecho al respeto de la honra y la dignidad de cada persona (art.11), como también del derecho a la rectificación o respuesta (art. 14). Todas estas consideraciones han servido en la historia como pretexto para atentar contra la libertad de expresión, pero no quita que responden a preocupaciones legítimas y no se pueden desatender sin grave daño para la gente y la misma comunidad. ¡No es acaso verdad que en la historia se han cometido grandes crímenes incluso en nombre de la libertad, lo cual no impide que continuemos luchando y trabajando por ella!
Esta responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión exige, de acuerdo con la misma Convención Americana, estar expresamente fijada por la ley, por lo menos a un nivel mínimo indispensable, pues cuando la legislación intenta consagrar al máximo alguna norma moral -sea un derecho o un deber- corre el riesgo de tornarse en imposición ideológico-moralista. Tanto la libertad de expresión como la responsabilidad en su ejercicio, más allá de lo que las leyes consagren, han de ser promovidas culturalmente. Una parte importante de la cultura en este aspecto es la atención de los mismos medios a ambas. Sin embargo es un hecho, negativo pero real, que mientras los medios son informadores celosos sobre cualquier atentado contra su libertad de expresión de parte de los poderes públicos, muy poco informan u opinan los unos sobre los otros en cuanto a sus respectivas irresponsabilidades en el ejercicio de dicha libertad.
No sorprende, por lo tanto, aunque es contraproducente, que el Relator sólo le haya dedicado un párrafo al tema de tal responsabilidad. Sin embargo, vale la pena destacarlo por lo inusual, dado el enfoque institucional de la Relatoría: "Varias personas expresaron su rechazo a lo que denominaron un ejercicio "excesivo o abusivo de la libertad de expresión". La Relatoría recibió información sobre la utilización de algunos medios de comunicación como instrumentos para defender intereses personales, económicos o para desprestigiar el honor de las personas, sin comprometerse con la verdad y en perjuicio del derecho a la información del pueblo panameño. Frente a la seriedad que merecen estas acusaciones, la Relatoría recuerda a todas aquellas personas relacionadas con los medios de comunicación, que la credibilidad está ligada al compromiso con la verdad, imparcialidad y equidad. Cuando intereses distintos al compromiso con la verdad influencian indebidamente la información, se perjudica a toda la sociedad y se one en peligro la consolidación del sistema democrático".
Si se tomara en serio este comentario, provocado por los planteamientos de panameños a quienes el Relator escuchó, y se le diera toda su importancia, habría que decir que lo necesario no es el binomio democracia y libertad, como pretende la Declaración de Chapultepec, sino el trinomio democracia, libertad y responsabilidad. De otra manera no se logra el equilibrio entre derechos y deberes que la democracia exige más que cualquier otro sistema y sin el cual la democracia vivotea de crisis en crisis. En esto consiste, a mi juicio, civilizar la libertad de expresión. (ariyan@sinfo.net)
