Clinton y el informe Starr
Con la presentación del voluminoso informe del Fiscal Especial Kenneth Starr, es posible se haya iniciado el proceso político al presidente Bill Clinton, por sus relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Es la segunda vez en que un mandatario norteamericano es sometido a juicio político desde que Richard Nixon fuera enjuiciado por el Comité Judicial de la Cámara en 1974, acusándolo de obstrucción de la justicia al intentar encubrir el caso Watergate.
Tal como ha señalado el senador demócrata Robert Byrd, Clinton, al parecer, ha repetido los mismos errores que cometió Nixon de intentar infructuosamente la investigación imparcial del affaire. Se observará que Clinton no ha incurrido en irregularidades de orden político, como las que perpetraron los asesores de Nixon al ordenar la infiltración nocturna del local del partido demócrata en Washington, ni ha grabado conversaciones confidenciales de manera clandestina ni ha borrado las cintas comprometedoras.
Sin embargo no resultará extraño que el informe de Starr contenga pruebas acerca de obstrucción de la justicia, perjurio, manipulación de testigos y aún abuso del poder. Quizás todavía es prematuro anticipar cuál será la reacción de los legisladores ante la admisión pública de Clinton de sus relaciones extraconyugales y las disculpas reiteradas por su conducta ante la nación. Pero el hecho de fondo es que previamente a ese reconocimiento Clinton negó sus relaciones con la Lewinsky ante la indagatoria del Fiscal Starr, es decir incurrió en perjurio y mintió, también, ante otros cuestionamientos sobre su inconducta en materia sexual con servidores públicos, lo cual podría configurar abuso de poder en grado relativo, aunque establece un patrón antiético en la personalidad del presidente de los Estados Unidos.
Al margen del desenlace final de un proceso probablemente de larga duración, la justicia norteamericana aplica sus mecanismos legales y constitucionales para juzgar a un jefe de Estado cuya conducta es materia de debate público. El fiscal Starr tiene el respaldo de una ley del 21 de julio de 1976 por la que se creó el cargo de Fiscal Especial con jurisdicción para investigar acusaciones contra el Presidente, Secretarios de Estado y altos funcionarios. La ley se expidió después que Nixon despidió al fiscal Archibald Cox que empezó a investigarlo. Esta vez eso ya no es posible.
Tal como ha señalado el senador demócrata Robert Byrd, Clinton, al parecer, ha repetido los mismos errores que cometió Nixon de intentar infructuosamente la investigación imparcial del affaire. Se observará que Clinton no ha incurrido en irregularidades de orden político, como las que perpetraron los asesores de Nixon al ordenar la infiltración nocturna del local del partido demócrata en Washington, ni ha grabado conversaciones confidenciales de manera clandestina ni ha borrado las cintas comprometedoras.
Sin embargo no resultará extraño que el informe de Starr contenga pruebas acerca de obstrucción de la justicia, perjurio, manipulación de testigos y aún abuso del poder. Quizás todavía es prematuro anticipar cuál será la reacción de los legisladores ante la admisión pública de Clinton de sus relaciones extraconyugales y las disculpas reiteradas por su conducta ante la nación. Pero el hecho de fondo es que previamente a ese reconocimiento Clinton negó sus relaciones con la Lewinsky ante la indagatoria del Fiscal Starr, es decir incurrió en perjurio y mintió, también, ante otros cuestionamientos sobre su inconducta en materia sexual con servidores públicos, lo cual podría configurar abuso de poder en grado relativo, aunque establece un patrón antiético en la personalidad del presidente de los Estados Unidos.
Al margen del desenlace final de un proceso probablemente de larga duración, la justicia norteamericana aplica sus mecanismos legales y constitucionales para juzgar a un jefe de Estado cuya conducta es materia de debate público. El fiscal Starr tiene el respaldo de una ley del 21 de julio de 1976 por la que se creó el cargo de Fiscal Especial con jurisdicción para investigar acusaciones contra el Presidente, Secretarios de Estado y altos funcionarios. La ley se expidió después que Nixon despidió al fiscal Archibald Cox que empezó a investigarlo. Esta vez eso ya no es posible.
