Clinton y el Plan Colombia
Con su presencia personal en Cartagena de Indias y un discurso de claridad meridiana, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton ratificó el compromiso económico, político y moral que ha adquirido su país para apoyar el Plan Colombia, elaborado por el gobierno conservador de Andrés Pastrana, para erradicar el cultivo de coca y sustituirlo por cultivos legales. La reunión presidencial contribuyó a despejar ambigüedades e incógnitas manipuladas por las fuerzas subversivas colombianas y los adversarios internacionales de Estados Unidos.
En primer lugar, en ninguna de las partes del texto del Plan Colombia se habla de la intervención militar directa de fuerzas de Estados Unidos en la guerra interna colombiana, aclaración con la cual se desvanece el temor de una "vietnamización" del conflicto colombiano. Clinton precisó que ha quedado atrás la época del imperialismo y Pastrana enfatizó que, mientras sea presidente, no intervendrán fuerzas extranjeras en el país. Las protestas por el Plan Colombia, aquí y en otras partes, no parecen ser otra cosa que la reviviscencia de posturas de antiguos ñángaras y compañeros de ruta, sepultados por el colapso mundial del comunismo.
Por otro lado, tal como lo ratificó Pastrana, en un 75 por ciento el Plan Colombia es eminentemente inversión social para que los agricultores que siembran coca y alimentan el narcotráfico, cultiven otros productos que tengan mercado sostenible. Ciertamente es un objetivo plausible, pero de difícil cumplimiento y que, por tanto, requiere apoyo técnico perseverante y de largo alcance. En teoría deberían existir un plan Perú y un Plan Bolivia, con los mismos objetivos, considerando que estos países andinos son grandes productores del alcaloide y sus campesinos han caído bajo la seducción económica de las mafias de narcotraficantes que los corrompen con pagos por encima del estándar de los precios de otros productos agrícolas.
La cadena del narcotráfico no sólo abarca a agricultores sino también a laboratorios de procesamiento de cocaína, transportadores de droga y lavado de los caudales provenientes del narcotráfico. En esa perspectiva, están involucrados los países limítrofes de Colombia y los centros bancarios internacionales, particularmente Panamá. El gobierno panameño sólo atiende los aspectos policiales y de control de fronteras que podrían derivarse del Plan Colombia, soslayando lo que puede involucrarlo en aspectos como presuntas inversiones locales de dinero sucio y su infiltración en partidos políticos. Lamentablemente la tendencia de los países limítrofes es lavarse las manos, alegando perjuicios potenciales por la emigración ilegal transfronteriza. El tráfico de drogas es un problema mundial que concierne y afecta en una y otra forma, a todos los países, produzcan o no produzcan coca o amapola. Lo sensato y justo es apoyar moralmente los esfuerzos de Colombia para atacar las raíces agrícolas del narcotráfico. La democracia panameña no debe olvidar que Colombia le tendió la mano al gobierno de Guillermo Endara en momentos que necesitaba el reconocimiento diplomático internacional. Ayudando a Colombia, se ayuda Panamá a sí misma, desde todo punto de vista.
En primer lugar, en ninguna de las partes del texto del Plan Colombia se habla de la intervención militar directa de fuerzas de Estados Unidos en la guerra interna colombiana, aclaración con la cual se desvanece el temor de una "vietnamización" del conflicto colombiano. Clinton precisó que ha quedado atrás la época del imperialismo y Pastrana enfatizó que, mientras sea presidente, no intervendrán fuerzas extranjeras en el país. Las protestas por el Plan Colombia, aquí y en otras partes, no parecen ser otra cosa que la reviviscencia de posturas de antiguos ñángaras y compañeros de ruta, sepultados por el colapso mundial del comunismo.
Por otro lado, tal como lo ratificó Pastrana, en un 75 por ciento el Plan Colombia es eminentemente inversión social para que los agricultores que siembran coca y alimentan el narcotráfico, cultiven otros productos que tengan mercado sostenible. Ciertamente es un objetivo plausible, pero de difícil cumplimiento y que, por tanto, requiere apoyo técnico perseverante y de largo alcance. En teoría deberían existir un plan Perú y un Plan Bolivia, con los mismos objetivos, considerando que estos países andinos son grandes productores del alcaloide y sus campesinos han caído bajo la seducción económica de las mafias de narcotraficantes que los corrompen con pagos por encima del estándar de los precios de otros productos agrícolas.
La cadena del narcotráfico no sólo abarca a agricultores sino también a laboratorios de procesamiento de cocaína, transportadores de droga y lavado de los caudales provenientes del narcotráfico. En esa perspectiva, están involucrados los países limítrofes de Colombia y los centros bancarios internacionales, particularmente Panamá. El gobierno panameño sólo atiende los aspectos policiales y de control de fronteras que podrían derivarse del Plan Colombia, soslayando lo que puede involucrarlo en aspectos como presuntas inversiones locales de dinero sucio y su infiltración en partidos políticos. Lamentablemente la tendencia de los países limítrofes es lavarse las manos, alegando perjuicios potenciales por la emigración ilegal transfronteriza. El tráfico de drogas es un problema mundial que concierne y afecta en una y otra forma, a todos los países, produzcan o no produzcan coca o amapola. Lo sensato y justo es apoyar moralmente los esfuerzos de Colombia para atacar las raíces agrícolas del narcotráfico. La democracia panameña no debe olvidar que Colombia le tendió la mano al gobierno de Guillermo Endara en momentos que necesitaba el reconocimiento diplomático internacional. Ayudando a Colombia, se ayuda Panamá a sí misma, desde todo punto de vista.
