Coco Solo y Punta Mala
La noticia que aparece en La Prensa, el 26 de abril pasado: "Punta Mala era de mi abuelo: Mireya", me hizo recordar las tierras de Coco Solo y El Potrero. Según la nota, los terrenos en que está construida la residencia presidencial de Punta Mala le pertenece a Enrique Moscoso Romero, abuelo de la presidenta Mireya Moscoso. Esta comparación la hago en base a los sentimientos que posiblemente nuestra mandataria sintió al expresar: "Se la expropiaron en 1938 y él puso una demanda, pero esa demanda no prosperó. El siempre consideró que esa parte le pertenecía a él". A diferencia de lo señalado por la Sra. Moscoso, y en base a mis sentimientos, reafirmo que: "Coco Solo y El Potrero era y es de mi bisabuelo Romano Emiliani Baccini. Se la expropiaron en 1912 y él puso una demanda, pero esa demanda no prospera. El siempre consideró que esa parte le pertenece. Sigue en los tribunales correspondientes desde aquella época a la buena de Dios y de algún gobernante que se interese de una vez por todas en hacerle justicia a mi bisabuelo". Dos incidentes bastantes parecidos. Por lo tanto, ratifico lo que hace un tiempo denuncié públicamente: Coco Solo y El Potrero son tierras sobre las que el Estado y la administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) realizan actos de disposición al entregarlas en concesión en abierta violación de la seguridad jurídica.
El Estado y la Sra. Presidenta saben que los sucesores de Romano Emiliani Baccini vienen reclamando, durante los últimos 85 años y de forma pública, el derecho a la plena propiedad sobre las fincas antes mencionadas. Estos terrenos son los mismos que por efecto del convenio Hay Bunau Varilla de 1903 quedaron a perpetuidad sujetas a las limitaciones jurisdiccionales. Según la cláusula VII de aquel nefasto tratado, y por encontrarse estas tierras adyacentes a la Bahía de Colón, sólo podían ser adquiridas por Estados Unidos (EU), mediante solicitud formal al Gobierno de Panamá y pagando a su dueño el precio justo. Esta formalidad no se cumplió. Sin embargo, las tierras fueron ocupadas a la fuerza, a pesar de la oposición de mi bisabuelo -hombre trabajador y luchador-, que fue arrestado junto con sus empleados, maltratado y acusado de intruso. En otras palabras, fue despojado y saqueado inmisericordemente por los intrusos del ejército estadounidense. Mi bisabuelo perseveró en su lucha hasta el día de su muerte. A consecuencia del vil despojo, EU procedió a construir sobre esas tierras la Estación Naval Submarina, la Estación Naval, el Aeropuerto de France Field, instalaciones civiles, viviendas y otros.
El 26 de febrero de 1921, la Corte Distrital de EU, distrito de la Zona del Canal, División Cristóbal, decidió la controversia promovida por la Panama Railroad Co. contra Romano Emiliani Baccini, determinando que como poseedor pacífico, continuo y de forma ininterrumpida por un período de 30 años de las tierras en litigio, tenía la nuda propiedad de las fincas Coco Solo y El Potrero con una superficie de 1901.64 acres equivalentes a 768.93 hectáreas. Mediante el Tratado Torrijos-Carter, el gobierno de EU renunció a la perpetuidad para el uso, ocupación, control y defensa del Canal. En el numeral 2 del artículo XIII, se estableció un plan de trasferencia de todas las tierras ocupadas. En el numeral 3 del artículo en referencia, "La República de Panamá conviene en liberar a los Estados Unidos de América, respecto a las reclamaciones que pudieren presentar terceras personas en relación con los derechos, títulos o intereses sobre los bienes ante dicho".
Panamá sabe de la inclaudicable lucha promovida por Romano Emiliani Baccini y conoce que no recibió compensación alguna. Por ello, el Estado panameño, una vez en posesión de estas tierras como consecuencia del Tratado Torrijos-Carter, debió emitir un nuevo título a favor de mi bisabuelo y excluir esas tierras del alcance de la ley de la ARI.
Con posterioridad a la firma del tratado Torrijos-Carter, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No.158 del 5 de septiembre de 1980, reconoció y se solidarizó con la causa Emiliani. La cancillería, por su parte, y a través de su nota DGPE-EUC-No71/1474-6 del 6 de febrero de 1980 dirigida al Secretario de Estado de EU, estableció la justa compensación a los verdaderos dueños de esas tierras.
Actualmente, sobre la finca de Coco Solo, la gerencia de la ZLC, ha dado concesiones a favor de Evergreen, Puerto de Contenedores, Central American Line, Colon Port Terminal, Panama Railroad Co., y ahora promueve desarrollar el Centro Multimodal Industrial y de Servicio (el polémico proyecto CEMIS). El actual gobierno, a diferencia de los anteriores, ha dado muestra de tener la voluntad política de honrar la causa Emiliani y para ello, la junta directiva de la Zona Libre presidida por la Ministra de la Presidencia, el 19 de julio de 2001, nombró una comisión para evaluar nuestro reclamo. Pero, han transcurrido veinte meses y aún esta comisión no ha rendido el informe que prometieron. En cambio, el gerente de la Zona Libre continúa ofreciendo mis tierras, local e internacionalmente, para los fines de desarrollo de la política del gobierno.
La familia Emiliani entiende la urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico, crear nuevas fuentes de empleo y generar riqueza. Pero es inaceptable que se continúe promoviendo y mercadeando tierras en disputa. Tampoco se está aplicando la seguridad jurídica. Al contrario, esta forma de actuar llenará de desconfianza en futuros inversionistas al conocer que aquí, en contra de lo que dice el artículo 42 de la Constitución Política, el Estado no garantiza ni respeta el derecho a la propiedad.
Es por ello, que hago referencia a lo expresado por nuestra mandataria. A diferencia que Coco Solo y El Potrero sí es de mi bisabuelo y sus descendientes, y no claudicaremos en nuestra lucha porque se nos reconozca lo que nos pertenece.
El Estado y la Sra. Presidenta saben que los sucesores de Romano Emiliani Baccini vienen reclamando, durante los últimos 85 años y de forma pública, el derecho a la plena propiedad sobre las fincas antes mencionadas. Estos terrenos son los mismos que por efecto del convenio Hay Bunau Varilla de 1903 quedaron a perpetuidad sujetas a las limitaciones jurisdiccionales. Según la cláusula VII de aquel nefasto tratado, y por encontrarse estas tierras adyacentes a la Bahía de Colón, sólo podían ser adquiridas por Estados Unidos (EU), mediante solicitud formal al Gobierno de Panamá y pagando a su dueño el precio justo. Esta formalidad no se cumplió. Sin embargo, las tierras fueron ocupadas a la fuerza, a pesar de la oposición de mi bisabuelo -hombre trabajador y luchador-, que fue arrestado junto con sus empleados, maltratado y acusado de intruso. En otras palabras, fue despojado y saqueado inmisericordemente por los intrusos del ejército estadounidense. Mi bisabuelo perseveró en su lucha hasta el día de su muerte. A consecuencia del vil despojo, EU procedió a construir sobre esas tierras la Estación Naval Submarina, la Estación Naval, el Aeropuerto de France Field, instalaciones civiles, viviendas y otros.
El 26 de febrero de 1921, la Corte Distrital de EU, distrito de la Zona del Canal, División Cristóbal, decidió la controversia promovida por la Panama Railroad Co. contra Romano Emiliani Baccini, determinando que como poseedor pacífico, continuo y de forma ininterrumpida por un período de 30 años de las tierras en litigio, tenía la nuda propiedad de las fincas Coco Solo y El Potrero con una superficie de 1901.64 acres equivalentes a 768.93 hectáreas. Mediante el Tratado Torrijos-Carter, el gobierno de EU renunció a la perpetuidad para el uso, ocupación, control y defensa del Canal. En el numeral 2 del artículo XIII, se estableció un plan de trasferencia de todas las tierras ocupadas. En el numeral 3 del artículo en referencia, "La República de Panamá conviene en liberar a los Estados Unidos de América, respecto a las reclamaciones que pudieren presentar terceras personas en relación con los derechos, títulos o intereses sobre los bienes ante dicho".
Panamá sabe de la inclaudicable lucha promovida por Romano Emiliani Baccini y conoce que no recibió compensación alguna. Por ello, el Estado panameño, una vez en posesión de estas tierras como consecuencia del Tratado Torrijos-Carter, debió emitir un nuevo título a favor de mi bisabuelo y excluir esas tierras del alcance de la ley de la ARI.
Con posterioridad a la firma del tratado Torrijos-Carter, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No.158 del 5 de septiembre de 1980, reconoció y se solidarizó con la causa Emiliani. La cancillería, por su parte, y a través de su nota DGPE-EUC-No71/1474-6 del 6 de febrero de 1980 dirigida al Secretario de Estado de EU, estableció la justa compensación a los verdaderos dueños de esas tierras.
Actualmente, sobre la finca de Coco Solo, la gerencia de la ZLC, ha dado concesiones a favor de Evergreen, Puerto de Contenedores, Central American Line, Colon Port Terminal, Panama Railroad Co., y ahora promueve desarrollar el Centro Multimodal Industrial y de Servicio (el polémico proyecto CEMIS). El actual gobierno, a diferencia de los anteriores, ha dado muestra de tener la voluntad política de honrar la causa Emiliani y para ello, la junta directiva de la Zona Libre presidida por la Ministra de la Presidencia, el 19 de julio de 2001, nombró una comisión para evaluar nuestro reclamo. Pero, han transcurrido veinte meses y aún esta comisión no ha rendido el informe que prometieron. En cambio, el gerente de la Zona Libre continúa ofreciendo mis tierras, local e internacionalmente, para los fines de desarrollo de la política del gobierno.
La familia Emiliani entiende la urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico, crear nuevas fuentes de empleo y generar riqueza. Pero es inaceptable que se continúe promoviendo y mercadeando tierras en disputa. Tampoco se está aplicando la seguridad jurídica. Al contrario, esta forma de actuar llenará de desconfianza en futuros inversionistas al conocer que aquí, en contra de lo que dice el artículo 42 de la Constitución Política, el Estado no garantiza ni respeta el derecho a la propiedad.
Es por ello, que hago referencia a lo expresado por nuestra mandataria. A diferencia que Coco Solo y El Potrero sí es de mi bisabuelo y sus descendientes, y no claudicaremos en nuestra lucha porque se nos reconozca lo que nos pertenece.
