Codelincuencia y sus aliados
La codelincuencia es aquellas cometida por varios individuos que se ponen de acuerdo y dividen entre sí todas las tareas y esfuerzos para realizar el hecho delictivo. Hay delitos que requieren de este tipo de cooperación, tales como el tráfico de drogas, lavado de dineros provenientes del narcotráfico, hurto y robo de vehículos, entre otros. El delito es único, pero perpetrado por varios sujetos. Sus actividades denotan consistencia, riesgos, firmeza y un alto sentido de cohesión grupal. En su estructura, no podemos excluir a los aliados necesarios, es decir, los servidores públicos, quienes le dispensan protección. Este tipo de asociaciones se encuentran en delitos graves, donde los delincuentes encuentran en el delito un estado permanente y en la medida que se van incorporando más agentes, entonces es mayor la intensidad criminosa atendiendo a sus actividades. Pero en ciertas circunstancias requieren de la cooperación de los aliados necesarios, quienes de manera comisiva por omisión, permiten que se ejecuten estas actividades delictivas, tales como cuando un grupo de delincuentes habituales y profesionales operan sin reparo de ser descubiertos, y en el momento que se recibe la "notitia criminis", queda la autoridad judicial sujeta quizás a datos, indicios o informes totalmente alejados a las verdaderas circunstancias que rodearon el hecho delictivo. En estos supuestos, las autoridades encargadas de cumplir y respetar la Ley, están maniatadas, buscando verdaderos fantasmas, porque se hace muy difícil identificar las pruebas que sirven de fundamento para formular los cargos y lograr su enjuiciamiento, todo ello en grave perjuicio de la justicia y del derecho.
En el seno de estas actividades es que se cimientan las organizaciones criminales y cada estadio de sus actividades van adquiriendo mayor fuerza y hegemonía que despierta el interés de atentar en contra de otros bienes jurídico de mayor plusvalía, llegando a convertirse en verdaderas estructuras delictivas. Tal como define el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, el crimen organizado sería el conjunto de actividades ilícitas que operan en el mercado, disciplinándolo cuando las actividades legales o el Estado no lo hace. En término más precisos, su función económica sería la de abarcar las áreas de capitalismo salvaje que quedan en un mercado disciplinado.
Esta opinión nos lleva a preguntar si realmente el Estado está disciplinando estas actividades. Las organizaciones criminales no respetan fronteras, imperando la Ley no escrita del miedo y el temor, sin importar a quiénes atacan, actúan con sistemas rígidos y preparados para cualquier evento que intente frustrar sus propósitos delictivos. Zaffaroni apunta que el crimen organizado trata de neutralizar o destruir la competencia mediante amenaza o corrupción política y con ello brinda estabilidad económica a través de un monopolio u oligopolio que disciplina el mercado, distribuido, incluso, territorialmente. El Estado no puede permitir que sectores o barrios se encuentren delimitados por organizaciones o bandas criminales, que operan con el amparo de fuertes aliados e intocables. Ya la población tiene suficiente con los problemas sociales, económicos, ambientales y de otro orden que deterioran su calidad de vida. Ciertamente este flagelo no ha sido posible erradicarlo, pero no es que no se puede combatir, al contrario es perfectamente combatible si contamos con mecanismos de cooperación y comunicación directa con los organismos de seguridad y de investigación, proporcionándole a las autoridades del Ministerio Público de un presupuesto cónsono a las nuevas formas de aparición delictiva que involucra alta y especializada tecnología, que "mutatis mutandis", no pueden valerse de sistemas ortodoxos sino modernos que sirvan tanto para prevenir como la persecución de los delitos, porque de lo contrario, la reacción jurídica frente a la delincuencia organizada no impedirá que el aprovechamiento indebido de la Ley lo apropien los delincuentes.
En el seno de estas actividades es que se cimientan las organizaciones criminales y cada estadio de sus actividades van adquiriendo mayor fuerza y hegemonía que despierta el interés de atentar en contra de otros bienes jurídico de mayor plusvalía, llegando a convertirse en verdaderas estructuras delictivas. Tal como define el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, el crimen organizado sería el conjunto de actividades ilícitas que operan en el mercado, disciplinándolo cuando las actividades legales o el Estado no lo hace. En término más precisos, su función económica sería la de abarcar las áreas de capitalismo salvaje que quedan en un mercado disciplinado.
Esta opinión nos lleva a preguntar si realmente el Estado está disciplinando estas actividades. Las organizaciones criminales no respetan fronteras, imperando la Ley no escrita del miedo y el temor, sin importar a quiénes atacan, actúan con sistemas rígidos y preparados para cualquier evento que intente frustrar sus propósitos delictivos. Zaffaroni apunta que el crimen organizado trata de neutralizar o destruir la competencia mediante amenaza o corrupción política y con ello brinda estabilidad económica a través de un monopolio u oligopolio que disciplina el mercado, distribuido, incluso, territorialmente. El Estado no puede permitir que sectores o barrios se encuentren delimitados por organizaciones o bandas criminales, que operan con el amparo de fuertes aliados e intocables. Ya la población tiene suficiente con los problemas sociales, económicos, ambientales y de otro orden que deterioran su calidad de vida. Ciertamente este flagelo no ha sido posible erradicarlo, pero no es que no se puede combatir, al contrario es perfectamente combatible si contamos con mecanismos de cooperación y comunicación directa con los organismos de seguridad y de investigación, proporcionándole a las autoridades del Ministerio Público de un presupuesto cónsono a las nuevas formas de aparición delictiva que involucra alta y especializada tecnología, que "mutatis mutandis", no pueden valerse de sistemas ortodoxos sino modernos que sirvan tanto para prevenir como la persecución de los delitos, porque de lo contrario, la reacción jurídica frente a la delincuencia organizada no impedirá que el aprovechamiento indebido de la Ley lo apropien los delincuentes.
