Comercio, minería y ambiente

El recientemente acordado tratado de libre comercio entre Panamá y Canadá necesariamente trae a la mente una preocupación: la minería. Es así que pese a que las autoridades locales hayan negado que este sea el motivo de dicho acuerdo, en realidad no han logrado demostrar que el sector minero está excluido del mismo. Además, la evidencia de la importancia que adquieren los negocios relacionados con la explotación minera en su implementación se empieza a descubrir al tener en cuenta que el sector minero y energético ha sido considerado como uno de los pilares de la economía canadiense, al explicar cerca del 8.7% del PIB de ese país. Asimismo es conocido el hecho de que un importante número de transnacionales que operan en el sector minero tienen su origen y base en Canadá.

Tampoco ha resultado fácil para los altos personeros del gobierno que participaron en las negociaciones demostrar, tal como lo han intentado en sus intervenciones, que las empresas mineras con base en Canadá serían una especie de ejemplo del buen manejo del ambiente. Si se toma como ejemplo la empresa canadiense Noranda Inc, controlada por la Brascan Corporation que aparece con el puesto 78 en la lista de las más grandes empresas canadienses, esta resulta ser, de acuerdo a un informe reciente de Greenpeace, la culpable en cerca de 87 eventos de violación de las normas de medio ambiente en Canadá. En el plano de la región latinoamericana esta empresa transnacional es la promotora del conocido proyecto Alumysa en Chile, el que, también de acuerdo a Greenpeace, tiene la capacidad de generar 1.4 millones de toneladas de desechos gaseosos y sólidos anualmente, así como de generar la devastación de cerca de 10,200 hectáreas de bosques nativos y tierras de cultivo. En la esfera económica, siguiendo la misma fuente, se puede destacar que se trata de un proyecto que pese a que tiene la capacidad de generar 290 millones de dólares anuales solo se espera que el 8% de los mismos se quede dentro de la economía chilena.

El significado de los acuerdos comerciales del gobierno, que reflejan la naturaleza de su modelo económico y social, queda definido cuando tomamos en cuenta que el mismo está promoviendo la reforma de las leyes que regulan la minería, a fin de hacer más permisivas las condiciones en que opera esta actividad. Si a esto le sumamos el contenido del proyecto de área económica especial que se pretende implantar en los distritos de Barú y Puerto Armuelles, que no es más que un nuevo instrumento del proceso destinado a reducir aún más la remuneración y los derechos del trabajador, queda claro que estamos frente a un proyecto de acumulación por desposesión. El mismo se sostiene en la depredación de la fuerza de trabajo, así como en el saqueo del medio ambiente, por lo que resulta un modelo que agota las dos fuerzas vitales del verdadero desarrollo nacional.