¿Cómo ayudar a los pobres ante el aumento de tarifas de los servicios públicos?
Las tarifas de los servicios públicos de agua, luz y teléfono no pueden responder a la capacidad de pago de los usuarios, ni a los niveles económicos de los ciudadanos del país, sino al costo de entregar en forma domiciliaria y eficiente un servicio en forma de galones de agua potable, kilovatios/hora de electricidad, o minutos de llamadas telefónicas. Por otro lado, la posibilidad de pagar las tarifas no depende del valor de la tarifa, sino de la capacidad económica de cada familia, que tiene que cubrir con sus ingresos, además de los servicios públicos, otras necesidades fundamentales como la comida, medicina, vivienda y otros.
El hecho de que las tarifas bajen o suban no resuelve el problema de los pobres, porque los pobres siempre tendrán dificultades para pagar sus cuentas mensuales, por más baja que sea la tarifa. Por eso, el Gobierno debe buscar un mecanismo para resolver este problema. Una forma de evitar que los aumentos tarifarios no afecten a los pobres es buscar un mecanismo para institucionalizar el subsidio al consumo, creando un Fondo Fiduciario de Subsidio para estos propósitos.
¿Por qué razón? Porque el 37% de la población panameña es pobre; un 25% del total de los pobres viven en ciudades; y un 21.6% viven en extrema pobreza. De los pobres que viven en los centros urbanos, el 95% tienen acceso a agua potable y luz, y son facturados mensualmente. Sin embargo, un alto porcentaje de esas familias están morosas constantemente, o están conectadas en forma clandestina. Cada fin de mes hay corredera para cancelar la mensualidad. Estas familias siempre tendrán dificultades para cubrir las mensualidades por servicios públicos, que son básicos para el desarrollo de la vida y de la sociedad, por lo que le corresponde al Estado ayudarlos, para garantizarles en forma permanente estos servicios.
En otras palabras, a esas familias se les debe ayudar a través de un fondo especial, dándoles un porcentaje de su cuenta mensual, para cubrir su consumo básico o de subsistencia en agua, luz y teléfono. No es conveniente que ese subsidio cubra el 100% de la factura, ya que esto sería paternalismo. Es importante que la familia, por más pobre que sea, haga un esfuerzo por pagar parte de su factura mensual y mantenerse al día para evitar el corte del servicio.
El subsidio no es más que una ayuda para complementar el pago de la mensualidad, mediante un fondo especial para cada servicio, administrado y suministrado a las empresas prestadoras. Esto evitaría la reacción popular y las conexiones clandestinas, con los riesgos que esto conlleva, especialmente cuando se trata de electricidad. El porcentaje de asignación dependerá del nivel de pobreza, que puede variar desde un 15% hasta un 85% del total de la cuenta mensual.
Busquemos, entonces, el camino por vía del subsidio directo, para que ese costo de modernización de los servicios públicos no afecte negativamente a las clases populares. El subsidio cruzado, que ya se ha comenzado a aplicar, no es el más recomendable, porque lo pagan los particulares y porque limita el porcentaje del subsidio que puede otorgarse a cada familia. En cambio, si lo paga el Estado, se puede jugar con el porcentaje dependiendo del nivel de pobreza de cada familia.
Estos subsidios directos podrían ser distribuidos a través de los municipios a nivel nacional, de acuerdo con criterios socioeconómicos previamente establecidos, para que sean las autoridades municipales, que están más cerca de la gente, las que verifiquen las condiciones socioeconómicas de las familias y recomienden las asignaciones de subsidio a los sectores más pobres de cada comunidad.
Debemos entender el subsidio al consumo como un instrumento y una herramienta necesaria para que el país pueda ofrecerle a la presente y a las nuevas generaciones servicios eficientes, constantes y suficientes.
El autor es también Magister en Planeamiento Urbano y Regional.
El hecho de que las tarifas bajen o suban no resuelve el problema de los pobres, porque los pobres siempre tendrán dificultades para pagar sus cuentas mensuales, por más baja que sea la tarifa. Por eso, el Gobierno debe buscar un mecanismo para resolver este problema. Una forma de evitar que los aumentos tarifarios no afecten a los pobres es buscar un mecanismo para institucionalizar el subsidio al consumo, creando un Fondo Fiduciario de Subsidio para estos propósitos.
¿Por qué razón? Porque el 37% de la población panameña es pobre; un 25% del total de los pobres viven en ciudades; y un 21.6% viven en extrema pobreza. De los pobres que viven en los centros urbanos, el 95% tienen acceso a agua potable y luz, y son facturados mensualmente. Sin embargo, un alto porcentaje de esas familias están morosas constantemente, o están conectadas en forma clandestina. Cada fin de mes hay corredera para cancelar la mensualidad. Estas familias siempre tendrán dificultades para cubrir las mensualidades por servicios públicos, que son básicos para el desarrollo de la vida y de la sociedad, por lo que le corresponde al Estado ayudarlos, para garantizarles en forma permanente estos servicios.
En otras palabras, a esas familias se les debe ayudar a través de un fondo especial, dándoles un porcentaje de su cuenta mensual, para cubrir su consumo básico o de subsistencia en agua, luz y teléfono. No es conveniente que ese subsidio cubra el 100% de la factura, ya que esto sería paternalismo. Es importante que la familia, por más pobre que sea, haga un esfuerzo por pagar parte de su factura mensual y mantenerse al día para evitar el corte del servicio.
El subsidio no es más que una ayuda para complementar el pago de la mensualidad, mediante un fondo especial para cada servicio, administrado y suministrado a las empresas prestadoras. Esto evitaría la reacción popular y las conexiones clandestinas, con los riesgos que esto conlleva, especialmente cuando se trata de electricidad. El porcentaje de asignación dependerá del nivel de pobreza, que puede variar desde un 15% hasta un 85% del total de la cuenta mensual.
Busquemos, entonces, el camino por vía del subsidio directo, para que ese costo de modernización de los servicios públicos no afecte negativamente a las clases populares. El subsidio cruzado, que ya se ha comenzado a aplicar, no es el más recomendable, porque lo pagan los particulares y porque limita el porcentaje del subsidio que puede otorgarse a cada familia. En cambio, si lo paga el Estado, se puede jugar con el porcentaje dependiendo del nivel de pobreza de cada familia.
Estos subsidios directos podrían ser distribuidos a través de los municipios a nivel nacional, de acuerdo con criterios socioeconómicos previamente establecidos, para que sean las autoridades municipales, que están más cerca de la gente, las que verifiquen las condiciones socioeconómicas de las familias y recomienden las asignaciones de subsidio a los sectores más pobres de cada comunidad.
Debemos entender el subsidio al consumo como un instrumento y una herramienta necesaria para que el país pueda ofrecerle a la presente y a las nuevas generaciones servicios eficientes, constantes y suficientes.
El autor es también Magister en Planeamiento Urbano y Regional.
