¿Cómo se construye el desarrollo?
Es imposible esperar que pueda armarse algún tipo de concertación y muchos menos que de ella salga un "plan nacional de desarrollo".
POR HABERME referido en los artículos publicados los pasados martes 13 y 20 de febrero, en el primero, a la "La incompetencia surruealista de "la patria nueva" y, en el segundo, en una secuela lógica, a la incapacidad, igualmente demostrada por "la llamada oposición" para denunciar los errores y desmanes de los gobernantes de turno, y proponer alternativas, en éste avanzaré algunas.
Que un gobierno como el actual, que ha tenido a su disposición mayores ingresos que todos los que le antecedieron, por haber aumentado los impuestos y catapultado la deuda pública hasta niveles de absoluta irresponsabilidad; que, además, ha manejado a su antojo los más cuantiosos presupuestos de toda nuestra historia, pero que no ha resuelto y ni siquiera ha encaminado la solución de uno solo de los problemas fundamentales del país, todavía mantenga los absurdos porcentajes de aceptación que se le atribuyen, es prueba palmaria de que "en el reino de los ciegos, hasta un tuerto medio ciego es rey".
Ni del gobierno de turno ni de sus seudo opositores, ambos preocupados por defender poderosos intereses económicos; y, los últimos, por cambiarse de toldas, para, dizque fortalecer sus partidos y aumentar sus posibilidades de recuperar el poder, podemos esperar las respuestas que el país y, particularmente, sus sectores más pobres necesitan. A ninguno de los dos les preocupa otra cosa, que no sea cómo llegar a, o retener el poder, pelechar de los vergonzosos subsidios electorales y, posteriormente, repartir entre sus dirigentes, y quienes los financian, de las ventajas y prebendas que se derivan del control y manejo del Presupuesto General del Estado.
Frente a la comprobada incapacidad del gobierno y de la oposición para responder a las demandas populares, hubiera sido oportuno que algunos sectores que se atribuyen la representación de la llamada "sociedad civil", asumieran un mayor protagonismo y pasaran de la protesta retórica a acciones más decididas para demandar, tanto del gobierno como de "sus opositores", el cumplimiento de sus responsabilidades políticas.
Ante ese desolador panorama, las únicas militancias destacables han sido las esporádicas protestas y huelgas que protagonizan algunos "grupos de presión", como los sindicados obreros y ciertos gremios docentes. Sin embargo, por su propia naturaleza, aunque en algunos momentos alcanzaron altos grados de intensidad y hasta infundieron temor a los gobernantes, éstas son coyunturales y se agotan en la misma medida en que la crisis que las motivó es manipulada o "toreada" por quienes detentan el poder. Ejemplos: el caso de las reformas a la seguridad social o la huelga de los educadores para reclamar mejoras salariales.
En el marco socio político descrito y por las "particularidades" de sus principales protagonistas, son muy escasas las posibilidades de avanzar hacia un verdadero desarrollo: Primero, porque a quienes controlan el poder político y económico, o sea, los partidos de gobierno y oposición, no les interesa cambiar un status quo, en el que se mueven como peces en el agua; segundo, porque algunos sectores que dicen "representar" a la sociedad civil sólo tienen una escuálida fuerza moral; tercero, porque los grupos más militantes en la protesta pública, por su naturaleza esencial no van más allá de las coyunturas específicas que las motivaron; y, cuarto, porque la mayoría de la ciudadanía, que no pertenece a partidos políticos ni participa en las organizaciones de la llamada sociedad civil, no tiene vehículos permanentes ni instrumentos para influir decisivamente sobre las decisiones políticas nacionales o cambiarlas.
El "sistema democrático panameño" ha degenerado en un círculo perverso, dentro del cual están aquellos que, por haberlo impuesto así las reglas electorales vigentes, tienen garantizado el control de las decisiones políticas; fuera de ese círculo, estamos todos los que no pertenecemos a partidos y, también, aquellos que, aún perteneciendo a ellos, son sólo miembros de número y, por tanto, espectadores de las decisiones que toman las dirigencias.
En esas condiciones, es imposible esperar que pueda armarse algún tipo de concertación y muchos menos que de ella salga un "plan nacional de desarrollo". Y, mientras subsistan, seguirán repitiéndose las frustrantes experiencias, vividas varias veces con todas las intentonas anteriores.
El desarrollo sólo se puede construir en el marco de una sociedad auténticamente democrática; la nuestra no lo es. No basta con tener elecciones y que los votos se cuenten. Es necesario, imprescindible, que todas las fuerzas y sectores de vida nacional, sean o no partidos, puedan participar en el proceso para tomar las decisiones fundamentales. En Panamá eso no ocurre. Los partidos políticos han secuestrado para ellos la facultad de decidir, en última instancia, y con exclusión de todos los otros sectores, los asuntos nacionales. De cuando en cuando, y sólo para salvar las apariencias, en el Organo Legislativo se montan las pantomimas que ya hemos visto repetidas varias veces, en las que se abre el compás para recibir opiniones de sectores externos, que después son ignoradas.
Para que podamos salir del entrampamiento creado por los partidos políticos, con la complicidad del Tribunal Electoral, hay que cambiar las reglas del juego. El sistema político secuestrado en que vivimos es el producto del sistema electoral que nos han impuesto, en el que los partidos políticos tienen todas las ventajas para retener el control de los órganos del Estado y, en consecuencia, del destino de la Nación.
El primer paso, para crear una sociedad auténticamente democrática, que es la única plataforma sobre la cual se puede construir un desarrollo participativo, equilibrado y sostenible es, por tanto, un cambio radical en el sistema electoral. Eso se logra con un sistema abierto, que rompa, de una vez por todas, el monopolio de los partidos y los obligue a competir, en igualdad de condiciones, con candidaturas independientes, a todos los niveles, que debe ser complementado con la implantación de "la doble vuelta", para que el pueblo sea el que tenga la última palabra, para escoger a sus gobernantes.
En un artículo próximo, abordaré el tema de la concentración del poder y la descentralización como factores de desarrollo.
Mirna Zúñiga: "Lo que más me gusta de este sitio es la variedad de restaurantes".
POR HABERME referido en los artículos publicados los pasados martes 13 y 20 de febrero, en el primero, a la "La incompetencia surruealista de "la patria nueva" y, en el segundo, en una secuela lógica, a la incapacidad, igualmente demostrada por "la llamada oposición" para denunciar los errores y desmanes de los gobernantes de turno, y proponer alternativas, en éste avanzaré algunas.
Que un gobierno como el actual, que ha tenido a su disposición mayores ingresos que todos los que le antecedieron, por haber aumentado los impuestos y catapultado la deuda pública hasta niveles de absoluta irresponsabilidad; que, además, ha manejado a su antojo los más cuantiosos presupuestos de toda nuestra historia, pero que no ha resuelto y ni siquiera ha encaminado la solución de uno solo de los problemas fundamentales del país, todavía mantenga los absurdos porcentajes de aceptación que se le atribuyen, es prueba palmaria de que "en el reino de los ciegos, hasta un tuerto medio ciego es rey".
Ni del gobierno de turno ni de sus seudo opositores, ambos preocupados por defender poderosos intereses económicos; y, los últimos, por cambiarse de toldas, para, dizque fortalecer sus partidos y aumentar sus posibilidades de recuperar el poder, podemos esperar las respuestas que el país y, particularmente, sus sectores más pobres necesitan. A ninguno de los dos les preocupa otra cosa, que no sea cómo llegar a, o retener el poder, pelechar de los vergonzosos subsidios electorales y, posteriormente, repartir entre sus dirigentes, y quienes los financian, de las ventajas y prebendas que se derivan del control y manejo del Presupuesto General del Estado.
Frente a la comprobada incapacidad del gobierno y de la oposición para responder a las demandas populares, hubiera sido oportuno que algunos sectores que se atribuyen la representación de la llamada "sociedad civil", asumieran un mayor protagonismo y pasaran de la protesta retórica a acciones más decididas para demandar, tanto del gobierno como de "sus opositores", el cumplimiento de sus responsabilidades políticas.
Ante ese desolador panorama, las únicas militancias destacables han sido las esporádicas protestas y huelgas que protagonizan algunos "grupos de presión", como los sindicados obreros y ciertos gremios docentes. Sin embargo, por su propia naturaleza, aunque en algunos momentos alcanzaron altos grados de intensidad y hasta infundieron temor a los gobernantes, éstas son coyunturales y se agotan en la misma medida en que la crisis que las motivó es manipulada o "toreada" por quienes detentan el poder. Ejemplos: el caso de las reformas a la seguridad social o la huelga de los educadores para reclamar mejoras salariales.
En el marco socio político descrito y por las "particularidades" de sus principales protagonistas, son muy escasas las posibilidades de avanzar hacia un verdadero desarrollo: Primero, porque a quienes controlan el poder político y económico, o sea, los partidos de gobierno y oposición, no les interesa cambiar un status quo, en el que se mueven como peces en el agua; segundo, porque algunos sectores que dicen "representar" a la sociedad civil sólo tienen una escuálida fuerza moral; tercero, porque los grupos más militantes en la protesta pública, por su naturaleza esencial no van más allá de las coyunturas específicas que las motivaron; y, cuarto, porque la mayoría de la ciudadanía, que no pertenece a partidos políticos ni participa en las organizaciones de la llamada sociedad civil, no tiene vehículos permanentes ni instrumentos para influir decisivamente sobre las decisiones políticas nacionales o cambiarlas.
El "sistema democrático panameño" ha degenerado en un círculo perverso, dentro del cual están aquellos que, por haberlo impuesto así las reglas electorales vigentes, tienen garantizado el control de las decisiones políticas; fuera de ese círculo, estamos todos los que no pertenecemos a partidos y, también, aquellos que, aún perteneciendo a ellos, son sólo miembros de número y, por tanto, espectadores de las decisiones que toman las dirigencias.
En esas condiciones, es imposible esperar que pueda armarse algún tipo de concertación y muchos menos que de ella salga un "plan nacional de desarrollo". Y, mientras subsistan, seguirán repitiéndose las frustrantes experiencias, vividas varias veces con todas las intentonas anteriores.
El desarrollo sólo se puede construir en el marco de una sociedad auténticamente democrática; la nuestra no lo es. No basta con tener elecciones y que los votos se cuenten. Es necesario, imprescindible, que todas las fuerzas y sectores de vida nacional, sean o no partidos, puedan participar en el proceso para tomar las decisiones fundamentales. En Panamá eso no ocurre. Los partidos políticos han secuestrado para ellos la facultad de decidir, en última instancia, y con exclusión de todos los otros sectores, los asuntos nacionales. De cuando en cuando, y sólo para salvar las apariencias, en el Organo Legislativo se montan las pantomimas que ya hemos visto repetidas varias veces, en las que se abre el compás para recibir opiniones de sectores externos, que después son ignoradas.
Para que podamos salir del entrampamiento creado por los partidos políticos, con la complicidad del Tribunal Electoral, hay que cambiar las reglas del juego. El sistema político secuestrado en que vivimos es el producto del sistema electoral que nos han impuesto, en el que los partidos políticos tienen todas las ventajas para retener el control de los órganos del Estado y, en consecuencia, del destino de la Nación.
El primer paso, para crear una sociedad auténticamente democrática, que es la única plataforma sobre la cual se puede construir un desarrollo participativo, equilibrado y sostenible es, por tanto, un cambio radical en el sistema electoral. Eso se logra con un sistema abierto, que rompa, de una vez por todas, el monopolio de los partidos y los obligue a competir, en igualdad de condiciones, con candidaturas independientes, a todos los niveles, que debe ser complementado con la implantación de "la doble vuelta", para que el pueblo sea el que tenga la última palabra, para escoger a sus gobernantes.
En un artículo próximo, abordaré el tema de la concentración del poder y la descentralización como factores de desarrollo.
Mirna Zúñiga: "Lo que más me gusta de este sitio es la variedad de restaurantes".
