Componentes para reformar la CSS
Uno de estos elementos es quién debe proveer pensiones y jubilaciones. Hasta mediados del siglo pasado, proliferaron los sistemas que atribuían al Estado la responsabilidad exclusiva de proveerlas (por ejemplo, Panamá y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos); desde entonces, sin embargo, múltiples países se han movido hacia sistemas mixtos (Estados Unidos e Inglaterra) y hasta totalmente en manos privadas (Chile).
Otro componente a considerar es si la participación es requerida o voluntaria. Los sistemas solidarios exigen la obligatoriedad de participar, pero también existe en modelos basados en cuentas individuales (como Suecia). Por supuesto que informal y voluntariamente muchas personas establecen independientemente sus propios planes de jubilación, pero eso ocurre menos en clase trabajadora, que es la que más preocupa al Estado.
También hay que considerar cómo mantener los recursos destinados para jubilaciones en los casos de sistemas que requieren aportes. En los sistemas estatales lo importante es el impacto en la deuda pública; en los sistemas de pensión privada también pueden reflejarse como pasivos en los libros de compañías, pero existen variantes que implican fondos segregados e independientes de las compañías.
Los sistemas de jubilaciones también pueden establecer beneficios fijos (basados, por ejemplo, en el promedio del salario más alto durante un período cerca de la edad de jubilación, como en Panamá) o producto de las contribuciones efectivamente hechas (Chile y Suecia).
Pero el principal elemento que debe considerarse si se desea adoptar reformas es que la gran mayoría de los sistemas de jubilaciones existentes (en Panamá, Japón y Europa) han pagado a las generaciones de jubilados anteriores y actuales mucho más de lo que ellos han contribuido. Eso pone mucha presión sobre los trabajadores actuales y disminuye la posibilidad de que obtengan las jubilaciones prometidas dado los cambios demográficos y el aumento en los años de esperanza de vida.
Es cierto que el Estado tiene un interés primordial en prevenir la pobreza, especialmente para los que han trabajado productivamente toda una vida. Pero los trabajadores que cotizan en la actualidad están preocupados que cuando les llegue su jubilación, luego de haber hecho aportes importantes, las mayorías del momento decidan reducirle los beneficios porque no quieran o puedan mantener la carga que al trabajador de hoy le toca asumir para otros. Deben adoptarse reformas pronto para armonizar y prevenir ese enfrentamiento entre generaciones.
Otro componente a considerar es si la participación es requerida o voluntaria. Los sistemas solidarios exigen la obligatoriedad de participar, pero también existe en modelos basados en cuentas individuales (como Suecia). Por supuesto que informal y voluntariamente muchas personas establecen independientemente sus propios planes de jubilación, pero eso ocurre menos en clase trabajadora, que es la que más preocupa al Estado.
También hay que considerar cómo mantener los recursos destinados para jubilaciones en los casos de sistemas que requieren aportes. En los sistemas estatales lo importante es el impacto en la deuda pública; en los sistemas de pensión privada también pueden reflejarse como pasivos en los libros de compañías, pero existen variantes que implican fondos segregados e independientes de las compañías.
Los sistemas de jubilaciones también pueden establecer beneficios fijos (basados, por ejemplo, en el promedio del salario más alto durante un período cerca de la edad de jubilación, como en Panamá) o producto de las contribuciones efectivamente hechas (Chile y Suecia).
Pero el principal elemento que debe considerarse si se desea adoptar reformas es que la gran mayoría de los sistemas de jubilaciones existentes (en Panamá, Japón y Europa) han pagado a las generaciones de jubilados anteriores y actuales mucho más de lo que ellos han contribuido. Eso pone mucha presión sobre los trabajadores actuales y disminuye la posibilidad de que obtengan las jubilaciones prometidas dado los cambios demográficos y el aumento en los años de esperanza de vida.
Es cierto que el Estado tiene un interés primordial en prevenir la pobreza, especialmente para los que han trabajado productivamente toda una vida. Pero los trabajadores que cotizan en la actualidad están preocupados que cuando les llegue su jubilación, luego de haber hecho aportes importantes, las mayorías del momento decidan reducirle los beneficios porque no quieran o puedan mantener la carga que al trabajador de hoy le toca asumir para otros. Deben adoptarse reformas pronto para armonizar y prevenir ese enfrentamiento entre generaciones.
