Con la paila del pueblo no se juega
Los estudios clínicos realizados en varios países revelan que las personas que ingieren alimentos con alto contenido residual de plaguicidas pueden padecer serias complicaciones de salud: diarrea, gastritis crónicas, intoxicaciones, infertilidad, ceguera, atrofias del sistema nervioso y otros males físicos incurables. Contenido residual se define como la cantidad de plaguicida que queda retenido dentro de la piel del vegetal después de la cosecha, y que por su naturaleza de "permanencia e insolubilidad", es imposible removerlo o lavarlo del alimento. Los plaguicidas son compuestos químicos de moléculas complejas, tienen una toxicidad específica elevada, una presión de vapor baja y requieren de un manejo riguroso para evitar causar daños a la salud humana.
La lista de plaguicidas utilizados en Panamá para la producción agrícola es extensa. De acuerdo con datos del Sindicato de Industriales de Panamá, en este país se importan 443 diferentes marcas de plaguicidas, de los cuales un tercio son insecticidas y el resto herbicidas, fungicidas y abonos. Pero más importante es la cifra del consumo que, según estadísticas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y de otras agrupaciones no gubernamentales que abogan "por una agricultura libre de plaguicidas", señala que en Panamá se usan anualmente un promedio de tres kilogramos por cada uno de los 2.8 millones de habitantes del país. Esa cantidad supera en más de seis veces el promedio mundial y está casi tres veces por encima del consumo del conjunto de países de Centro América.
La situación de las intoxicaciones con plaguicidas en Panamá es un problema que hay que resolver. Existe un informe del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), emitido a inicios de 1997, que advierte que el uso descontrolado de plaguicidas en el agro "está provocando muertes por causas difíciles de definir" entre asalariados y campesinos. Este estudio sin duda contribuyó para que el MIDA, en uso de sus facultades legales, resolviera a través de un decreto en septiembre de 1997, la prohibición, registro, importación, fabricación, formulación, comercialización y utilización en la agricultura de la República de Panamá de más de sesenta clases de plaguicidas altamente tóxicos que hasta entonces habían sido utilizados indiscriminadamente por los productores nacionales.
Esa decisión del MIDA merece un reconocimiento. Pero, ¿era esa la solución del problema? Con el propósito de buscar la respuesta a esa pregunta, y de reiterar nuestro compromiso de defender los derechos de los consumidores, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) consultó a productores de las zonas agrícolas y funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA), MIDA, Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) e IDIAP para evaluar la problemática asociada a la aplicación y comercialización de plaguicidas que representen un riesgo o peligro para la salud. Nuestra sorpresa fue tan grande que, escuchando a los mismos funcionarios en Tierras Altas refiriéndose al tema de los plaguicidas, nos informaron que ellos no comen hortalizas porque saben que algunos agricultores tienen una parcela para su consumo y otra para la venta.
Esta ironía, sumada a las denuncias interpuestas ante la CLICAC por consumidores preocupados, motivó a la CLICAC a iniciar una investigación con miras a determinar el contenido residual de plaguicidas en alimentos. Después de cinco meses de indagar, cuestionar, investigar, buscar y observar, la CLICAC encontró una realidad inaceptable: en Panamá no se están haciendo los análisis de contenido residual porque no existen instrumentos de laboratorio ni reactivos químicos específicos para los plaguicidas en uso, y pareciera que a las autoridades competentes no se les han asignado presupuesto para tal fin. El MINSA, que es el responsable de vigilar la seguridad alimentaria de los panameños, explica que el monitoreo de residuos tóxicos en productos vegetales es limitado por falta de un laboratorio especializado. En otras palabras, no hay control post-cosecha de los productos nacionales, y por lo visto tampoco de los productos importados.
Acto primero. Iniciamos con el relajamiento de las autoridades. Recientemente se denunció públicamente el uso de un agroquímico para la maduración del banano que estaba en la lista de los "prohibidos". ¿Cómo es posible que después de hacerse la denuncia y encontrarse a los responsables, el MINSA emita un resuelto otorgando un plazo de tres meses para permitir el uso de un producto alterno (Etefon en vez del Etrel) y que a nadie se le haya sancionado? ¿Quién autorizó la importación del agroquímico prohibido? ¿Quién permitió el registro sanitario? ¿Qué agente económico se prestó para tal sinvergüenzura? Esto es un síntoma que hay que analizar de la gestión gubernamental.
Y esto no es nuevo. En 1994, en un estudio realizado en los laboratorios del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, se examinaron más de 200 muestras de cultivos de las provincias de Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá, y los resultados indicaron que el 20 por ciento de las muestras contenían residuos de plaguicidas que violaban a las normas internacionales. Peor aún, algunos de los plaguicidas encontrados estaban prohibidos en el país, como el DDT. Aunque parezca un cuento, todavía no hay una explicación de la presencia de los plaguicidas en los alimentos, ya que no existen registros de importación de esos productos.
Acto segundo. Encuentro con el ruralismo. Durante la investigación se constató que, por un lado, existe un número ínfimo de agricultores con un nivel de tecnología elevado que utiliza productos biológicos (ferohormonas, bacilo thurigenis y abonos orgánicos) para mantener el control de plagas, beneficiando así la fertilidad de los suelos y evitando la contaminación ambiental. Por otra parte, se pudo verificar que la mayoría de los agricultores atacan con plaguicidas cualquier plaga, pero no siempre guardan los períodos de reingreso y de carencia antes de la cosecha para garantizar que la concentración aplicada no presente riesgos para el consumidor. También se descubrió que los agricultores no hacen análisis de suelo para conocer las necesidades nutricionales de los cultivos y utilizan plaguicidas para quemar el follaje antes de la cosecha sin conocer si amerita usar esos productos. Es decir, pareciera que el uso de plaguicidas en Panamá se realiza sin ningún control.
Y nos preguntamos, ¿dónde están las autoridades competentes? De acuerdo a la Ley 47 de 1996, es la Dirección de Sanidad Vegetal del MIDA la que tiene la responsabilidad de supervisar los análisis de control de residuos en productos vegetales, y el MINSA es la que determina el grado de peligrosidad a seres humanos de los plaguicidas. Entonces, ¿por qué no cumplen sus funciones y realizan los análisis o por qué no nos dicen la verdad acerca de lo que estamos comiendo y de los peligros a los que estamos expuestos?
Esta es una razón más por la que cada día existen más productos de origen orgánico en las estanterías de los supermercados. Afortunadamente en Panamá tenemos a la Asociación de Consumidores de Insumos Agrícolas que tiene más de 100 miembros y ayudan a los campesinos a que produzcan alimentos "libre de plaguicidas". No obstante, independientemente de las ventajas que ofrece una dieta "orgánica", se hace es necesario que el MINSA reglamente un mecanismo de certificación de estos productos, ya que no es conveniente que con el sistema de etiquetado actual se especule con la buena voluntad de los consumidores, sobretodo cuando la diferencia en precios entre el producto con plaguicida y el producto orgánico es a veces de un cien o dosciento por ciento.
Acto tercero. Desenlace final. Sí todos sabemos que la utilización de plaguicidas en Panamá no tiene controles, que las autoridades no están analizando el contenido residual, que estamos ingiriendo kilos y kilos de alimentos que podrían contener cantidades de plaguicidas por encima de los niveles aceptables por las normas internacionales, y que los riesgos potenciales a la salud son extremadamente altos, entonces es nuestra responsabilidad como funcionario de la CLICAC, procurar que todos los productos de la canasta básica de alimentos, importados y nacionales, en especial los de origen vegetal, se analicen para garantizar que no contienen plaguicidas residuales. La realidad es que, en estos momentos, nadie puede garantizar que lo que estamos comiendo está libre de plaguicidas. La única forma de saberlo es que las autoridades competentes se comprometan a controlar, verificar, supervisar y analizar el nivel de plaguicidas durante el proceso productivo y la post-cosecha. De lo contrario, estaríamos jugando a la ruleta rusa con los alimentos que nos llevamos a la boca. Los consumidores nos merecemos que se respete el derecho universal a una alimentación segura. El uso descontrolado de plaguicidas debe ser denunciado e investigado hasta las últimas consecuencias, y hay que comprometer a las autoridades responsables para que despierten de inmediato. No ha sido un capricho de la CLICAC haber iniciado este estudio; era una necesidad de país y de su propia gente, ya que estamos hablando de la salud de todos los panameños. Pero si les advierto una cosa al MINSA y al MIDA: ándense con mucho cuidado, ya que con la comida del pueblo no se juega.
La lista de plaguicidas utilizados en Panamá para la producción agrícola es extensa. De acuerdo con datos del Sindicato de Industriales de Panamá, en este país se importan 443 diferentes marcas de plaguicidas, de los cuales un tercio son insecticidas y el resto herbicidas, fungicidas y abonos. Pero más importante es la cifra del consumo que, según estadísticas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y de otras agrupaciones no gubernamentales que abogan "por una agricultura libre de plaguicidas", señala que en Panamá se usan anualmente un promedio de tres kilogramos por cada uno de los 2.8 millones de habitantes del país. Esa cantidad supera en más de seis veces el promedio mundial y está casi tres veces por encima del consumo del conjunto de países de Centro América.
La situación de las intoxicaciones con plaguicidas en Panamá es un problema que hay que resolver. Existe un informe del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), emitido a inicios de 1997, que advierte que el uso descontrolado de plaguicidas en el agro "está provocando muertes por causas difíciles de definir" entre asalariados y campesinos. Este estudio sin duda contribuyó para que el MIDA, en uso de sus facultades legales, resolviera a través de un decreto en septiembre de 1997, la prohibición, registro, importación, fabricación, formulación, comercialización y utilización en la agricultura de la República de Panamá de más de sesenta clases de plaguicidas altamente tóxicos que hasta entonces habían sido utilizados indiscriminadamente por los productores nacionales.
Esa decisión del MIDA merece un reconocimiento. Pero, ¿era esa la solución del problema? Con el propósito de buscar la respuesta a esa pregunta, y de reiterar nuestro compromiso de defender los derechos de los consumidores, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) consultó a productores de las zonas agrícolas y funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA), MIDA, Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) e IDIAP para evaluar la problemática asociada a la aplicación y comercialización de plaguicidas que representen un riesgo o peligro para la salud. Nuestra sorpresa fue tan grande que, escuchando a los mismos funcionarios en Tierras Altas refiriéndose al tema de los plaguicidas, nos informaron que ellos no comen hortalizas porque saben que algunos agricultores tienen una parcela para su consumo y otra para la venta.
Esta ironía, sumada a las denuncias interpuestas ante la CLICAC por consumidores preocupados, motivó a la CLICAC a iniciar una investigación con miras a determinar el contenido residual de plaguicidas en alimentos. Después de cinco meses de indagar, cuestionar, investigar, buscar y observar, la CLICAC encontró una realidad inaceptable: en Panamá no se están haciendo los análisis de contenido residual porque no existen instrumentos de laboratorio ni reactivos químicos específicos para los plaguicidas en uso, y pareciera que a las autoridades competentes no se les han asignado presupuesto para tal fin. El MINSA, que es el responsable de vigilar la seguridad alimentaria de los panameños, explica que el monitoreo de residuos tóxicos en productos vegetales es limitado por falta de un laboratorio especializado. En otras palabras, no hay control post-cosecha de los productos nacionales, y por lo visto tampoco de los productos importados.
Acto primero. Iniciamos con el relajamiento de las autoridades. Recientemente se denunció públicamente el uso de un agroquímico para la maduración del banano que estaba en la lista de los "prohibidos". ¿Cómo es posible que después de hacerse la denuncia y encontrarse a los responsables, el MINSA emita un resuelto otorgando un plazo de tres meses para permitir el uso de un producto alterno (Etefon en vez del Etrel) y que a nadie se le haya sancionado? ¿Quién autorizó la importación del agroquímico prohibido? ¿Quién permitió el registro sanitario? ¿Qué agente económico se prestó para tal sinvergüenzura? Esto es un síntoma que hay que analizar de la gestión gubernamental.
Y esto no es nuevo. En 1994, en un estudio realizado en los laboratorios del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, se examinaron más de 200 muestras de cultivos de las provincias de Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá, y los resultados indicaron que el 20 por ciento de las muestras contenían residuos de plaguicidas que violaban a las normas internacionales. Peor aún, algunos de los plaguicidas encontrados estaban prohibidos en el país, como el DDT. Aunque parezca un cuento, todavía no hay una explicación de la presencia de los plaguicidas en los alimentos, ya que no existen registros de importación de esos productos.
Acto segundo. Encuentro con el ruralismo. Durante la investigación se constató que, por un lado, existe un número ínfimo de agricultores con un nivel de tecnología elevado que utiliza productos biológicos (ferohormonas, bacilo thurigenis y abonos orgánicos) para mantener el control de plagas, beneficiando así la fertilidad de los suelos y evitando la contaminación ambiental. Por otra parte, se pudo verificar que la mayoría de los agricultores atacan con plaguicidas cualquier plaga, pero no siempre guardan los períodos de reingreso y de carencia antes de la cosecha para garantizar que la concentración aplicada no presente riesgos para el consumidor. También se descubrió que los agricultores no hacen análisis de suelo para conocer las necesidades nutricionales de los cultivos y utilizan plaguicidas para quemar el follaje antes de la cosecha sin conocer si amerita usar esos productos. Es decir, pareciera que el uso de plaguicidas en Panamá se realiza sin ningún control.
Y nos preguntamos, ¿dónde están las autoridades competentes? De acuerdo a la Ley 47 de 1996, es la Dirección de Sanidad Vegetal del MIDA la que tiene la responsabilidad de supervisar los análisis de control de residuos en productos vegetales, y el MINSA es la que determina el grado de peligrosidad a seres humanos de los plaguicidas. Entonces, ¿por qué no cumplen sus funciones y realizan los análisis o por qué no nos dicen la verdad acerca de lo que estamos comiendo y de los peligros a los que estamos expuestos?
Esta es una razón más por la que cada día existen más productos de origen orgánico en las estanterías de los supermercados. Afortunadamente en Panamá tenemos a la Asociación de Consumidores de Insumos Agrícolas que tiene más de 100 miembros y ayudan a los campesinos a que produzcan alimentos "libre de plaguicidas". No obstante, independientemente de las ventajas que ofrece una dieta "orgánica", se hace es necesario que el MINSA reglamente un mecanismo de certificación de estos productos, ya que no es conveniente que con el sistema de etiquetado actual se especule con la buena voluntad de los consumidores, sobretodo cuando la diferencia en precios entre el producto con plaguicida y el producto orgánico es a veces de un cien o dosciento por ciento.
Acto tercero. Desenlace final. Sí todos sabemos que la utilización de plaguicidas en Panamá no tiene controles, que las autoridades no están analizando el contenido residual, que estamos ingiriendo kilos y kilos de alimentos que podrían contener cantidades de plaguicidas por encima de los niveles aceptables por las normas internacionales, y que los riesgos potenciales a la salud son extremadamente altos, entonces es nuestra responsabilidad como funcionario de la CLICAC, procurar que todos los productos de la canasta básica de alimentos, importados y nacionales, en especial los de origen vegetal, se analicen para garantizar que no contienen plaguicidas residuales. La realidad es que, en estos momentos, nadie puede garantizar que lo que estamos comiendo está libre de plaguicidas. La única forma de saberlo es que las autoridades competentes se comprometan a controlar, verificar, supervisar y analizar el nivel de plaguicidas durante el proceso productivo y la post-cosecha. De lo contrario, estaríamos jugando a la ruleta rusa con los alimentos que nos llevamos a la boca. Los consumidores nos merecemos que se respete el derecho universal a una alimentación segura. El uso descontrolado de plaguicidas debe ser denunciado e investigado hasta las últimas consecuencias, y hay que comprometer a las autoridades responsables para que despierten de inmediato. No ha sido un capricho de la CLICAC haber iniciado este estudio; era una necesidad de país y de su propia gente, ya que estamos hablando de la salud de todos los panameños. Pero si les advierto una cosa al MINSA y al MIDA: ándense con mucho cuidado, ya que con la comida del pueblo no se juega.
