Condominio la Pradera, irrespeto urbanístico
El nombre de la calle denota por sí mismo el caos urbanístico revisado y ampliado que, gracias a los coimeros del gobierno, a malos e inescrupulosos empresarios y a peores ciudadanos, nos acompaña a pie firme durante los primeros pasos del nuevo siglo. En alguna nomenclatura del Ministerio de Obras Públicas, aparece como calle primera Parque Lefevre, y en otra, más reciente, del corregimiento, figura como calle 81 Este, San Francisco. En cualquier caso, es una estrecha calle barrial que circunvala al Parque Omar, detrás de la sucursal de Banco del Istmo, ubicada entre la avenida Ernesto T. Lefevre y la Vía España y desemboca en Vía Porras.
A la vista de los hierros imponentes que se erigen como púas desafiantes al cielo, por encima del bien y el mal, un irónico urbanista comentó: "Esto no es Altos del Golf, sino Bajos del Golf y Altos de Río Abajo". Justo al lado de un pequeño complejo residencial de seis elegantes viviendas unifamiliares de lujo, se construye aquella mole, en cuya visión artística puesta en una valla, acaricia las nubes con sus veintena de pisos.
Es una frágil calle de asfalto, construida hace más de 70 años, que acusa con sus ondulaciones el paso del tiempo. Su servicio de alcantarillado y de aguas negras, fue concebido para un barrio residencial, al igual que su red de suministro de agua, electricidad y teléfono. En algunos sitios, las tuberías corren descubiertas, a flor de tierra, como en San Miguelito y otros asentamientos populares improvisados.
La invasión de edificios, bares y cantinas sobre los barrios residenciales son una plaga, sin ninguna justificación urbanística salvo el lucro cortoplacista, insensato y la coima. La corrupción está enraizada en el Ministerio de Vivienda y en Ingeniería Municipal. Por unos cuantos dólares sus funcionarios autorizan la construcción de cualquier cosa, donde sea, como sea y contra quien sea.
La regla de oro de todo promotor, financista, dueño de obra y constructor corrupto e inescrupuloso es la de los hechos cumplidos. Se resume en el dicho: "Echa pa" lante que a un edificio construido nadie lo tumba". Eso es cierto, pero cuando echen abajo al primero, por la razón o por la fuerza, se acabará el relajo.
A cambio de favores inconfesables, cambiaron en el Ministerio de Vivienda el código de zona que limita el tipo de residencia entre baja y alta densidad, esto es desde una casa chica tipo unifamiliar a una mole residencial capaz de alojar a un pueblo, de R-1-E de poca gente a RM1 de mucha, sin contar con la aprobación de los vecinos afectados, con el único propósito de permitir la construcción del monstruo.
Cuando se salgan con la suya, la sobrepoblación hará colapsar todos los servicios viales y demás del lugar, y degradará la calidad de vida en la cual invirtieron desde mucho antes y con mejor derecho los vecinos del lugar, con un agravante: tendrán que mudarse, porque nadie quien tenga una casa apacible y le construyan al lado uno de estos monstruos, puede quedarse. Y obviamente, cuando lo haga, tendrá que perder dinero, porque su propiedad se habrá irremediablemente desvalorizado. ¿No se mudarían igual aquellos malos ingenieros y arquitectos que autorizaron tamaña atrocidad? ¿No haría igual acaso el primer mandatario o mandataria de la Nación?
A la vista de los hierros imponentes que se erigen como púas desafiantes al cielo, por encima del bien y el mal, un irónico urbanista comentó: "Esto no es Altos del Golf, sino Bajos del Golf y Altos de Río Abajo". Justo al lado de un pequeño complejo residencial de seis elegantes viviendas unifamiliares de lujo, se construye aquella mole, en cuya visión artística puesta en una valla, acaricia las nubes con sus veintena de pisos.
Es una frágil calle de asfalto, construida hace más de 70 años, que acusa con sus ondulaciones el paso del tiempo. Su servicio de alcantarillado y de aguas negras, fue concebido para un barrio residencial, al igual que su red de suministro de agua, electricidad y teléfono. En algunos sitios, las tuberías corren descubiertas, a flor de tierra, como en San Miguelito y otros asentamientos populares improvisados.
La invasión de edificios, bares y cantinas sobre los barrios residenciales son una plaga, sin ninguna justificación urbanística salvo el lucro cortoplacista, insensato y la coima. La corrupción está enraizada en el Ministerio de Vivienda y en Ingeniería Municipal. Por unos cuantos dólares sus funcionarios autorizan la construcción de cualquier cosa, donde sea, como sea y contra quien sea.
La regla de oro de todo promotor, financista, dueño de obra y constructor corrupto e inescrupuloso es la de los hechos cumplidos. Se resume en el dicho: "Echa pa" lante que a un edificio construido nadie lo tumba". Eso es cierto, pero cuando echen abajo al primero, por la razón o por la fuerza, se acabará el relajo.
A cambio de favores inconfesables, cambiaron en el Ministerio de Vivienda el código de zona que limita el tipo de residencia entre baja y alta densidad, esto es desde una casa chica tipo unifamiliar a una mole residencial capaz de alojar a un pueblo, de R-1-E de poca gente a RM1 de mucha, sin contar con la aprobación de los vecinos afectados, con el único propósito de permitir la construcción del monstruo.
Cuando se salgan con la suya, la sobrepoblación hará colapsar todos los servicios viales y demás del lugar, y degradará la calidad de vida en la cual invirtieron desde mucho antes y con mejor derecho los vecinos del lugar, con un agravante: tendrán que mudarse, porque nadie quien tenga una casa apacible y le construyan al lado uno de estos monstruos, puede quedarse. Y obviamente, cuando lo haga, tendrá que perder dinero, porque su propiedad se habrá irremediablemente desvalorizado. ¿No se mudarían igual aquellos malos ingenieros y arquitectos que autorizaron tamaña atrocidad? ¿No haría igual acaso el primer mandatario o mandataria de la Nación?
