A confesión de parte (II)
Las reveladoras declaraciones que diera Ricardo Martinelli -Ministro de Asuntos del Canal- respecto a la muy controversial y perniciosa equiparación a favor de la Panama Ports Company debieran ser sopesadas con el rigor que demanda este incuestionable daño a las arcas de nuestro país.
"Me abstuve". Con esta frase Ricardo Martinelli, ministro de Asuntos del Canal, acompañó su rúbrica en la resolución de Gabinete que autorizó al titular de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome Diez, a "equiparar" los privilegios de las empresas portuarias y que resultó en una multimillonaria exoneración a Panama Ports Company". (La Prensa, 16 de agosto de 2002) Al parecer no fue el único, pues la misma información agregaba que "con Moscoso, firmaron la resolución 11 de sus 13 ministros. Martinelli se abstuvo y el canciller José Miguel Alemán fue sustituido por el vicecanciller Harmodio Arias Cerjack, quien votó a favor". Ricardo Martinelli terminó diciendo que "si PPC no estaba en capacidad de afrontar los costos que implicaría la inversión para modernizar los puertos bajo su control, ¿por qué no se le dio un crédito fiscal por la cantidad que dice que invertiría?"
Otras manifestaciones en contra de lo actuado fueron emitidas por un número significativo de legisladores, particularmente Laurentino Cortizo - presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa - quien exigió al Gobierno anular la resolución ministerial que exonera a la Panama Ports Company de pagar cerca de 1,500 millones de dólares, reiterando "que lo más adecuado era que el Gobierno negociara con PPC un crédito por inversión ejecutada". (La Prensa, 18 de agosto)
222 ...muchísimas voces independientes que se oponen, con argumentos en extremo válidos y preñados de la más elemental justicia, a esta clara lesión patrimonial en contra del erario panameño.
Grave y preocupante - por decir lo menos - resultó el dictamen que sobre tan lesivo asunto pronunciara el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, especialmente si tenemos en cuenta que fue durante su mandato que se licitó dicha concesión portuaria y se estructuró el contrato - ley que regiría su operación en los años por venir. "Lo que hay que hacer es derogar la locura de esa resolución", agregando que "la resolución trae un grave perjuicio a las finanzas del Estado, al sistema de seguridad jurídica y a todos los panameños". (La Prensa, 19 de agosto)
Igual de serios han sido los señalamientos en contra de tan inconveniente medida que en su momento pronunciaran Alberto Vallarino Clement y Martín Torrijos Espino, tanto por los destacados papeles que jugaron en la pasada campaña electoral, como por el rol que ambos aspiran ocupar a partir del 1 de septiembre de 2004.
Los dos principales diarios del país han publicado editoriales en contra del acto que nos ocupa. Posturas similares adoptaron, entre otros gremios, la Cámara de Comercio de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados, la CGTP y el CONATO, amén de muchísimas voces independientes que se oponen, con argumentos en extremo válidos y preñados de la más elemental justicia, a esta clara lesión patrimonial en contra del erario panameño.
¿Qué estarán esperando para derogar tan nefasta e impopular resolución ministerial? ¿Querrán oír -a viva voz y con cavilaciones profundas- el sentir que sobre esta cuestión tenga el Sacro Colegio de Cardenales, o el veredicto que den -luego de una centrada evaluación del tema que nos ocupa- representantes chiítas, pashtús y mullahs radicales en Kabul? ¡Por favor! Cada vez que PPC derrocha ese dinero que pudiera ser nuestro, ya sea en masivas campañas publicitarias, tómbolas o verbenas, se hace evidente la flaqueza del argumento frente a la indiscutible desigualdad que resulta, entre la bonanza prometida, y las obligaciones pactadas originalmente.
Sólo espero, ahora que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Comercio e Industrias un informe pormenorizado sobre la equiparación de marras, que la opinión de Alma Montenegro de Fletcher - Procuradora de la Administración y celosa guardiana de los haberes del Estado panameño - haga entrar en razón a quienes tengan que fallar el fondo de tan vergonzoso asunto.
(rbermudez@cableonda.net)
"Me abstuve". Con esta frase Ricardo Martinelli, ministro de Asuntos del Canal, acompañó su rúbrica en la resolución de Gabinete que autorizó al titular de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome Diez, a "equiparar" los privilegios de las empresas portuarias y que resultó en una multimillonaria exoneración a Panama Ports Company". (La Prensa, 16 de agosto de 2002) Al parecer no fue el único, pues la misma información agregaba que "con Moscoso, firmaron la resolución 11 de sus 13 ministros. Martinelli se abstuvo y el canciller José Miguel Alemán fue sustituido por el vicecanciller Harmodio Arias Cerjack, quien votó a favor". Ricardo Martinelli terminó diciendo que "si PPC no estaba en capacidad de afrontar los costos que implicaría la inversión para modernizar los puertos bajo su control, ¿por qué no se le dio un crédito fiscal por la cantidad que dice que invertiría?"
Otras manifestaciones en contra de lo actuado fueron emitidas por un número significativo de legisladores, particularmente Laurentino Cortizo - presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa - quien exigió al Gobierno anular la resolución ministerial que exonera a la Panama Ports Company de pagar cerca de 1,500 millones de dólares, reiterando "que lo más adecuado era que el Gobierno negociara con PPC un crédito por inversión ejecutada". (La Prensa, 18 de agosto)
222 ...muchísimas voces independientes que se oponen, con argumentos en extremo válidos y preñados de la más elemental justicia, a esta clara lesión patrimonial en contra del erario panameño.
Grave y preocupante - por decir lo menos - resultó el dictamen que sobre tan lesivo asunto pronunciara el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, especialmente si tenemos en cuenta que fue durante su mandato que se licitó dicha concesión portuaria y se estructuró el contrato - ley que regiría su operación en los años por venir. "Lo que hay que hacer es derogar la locura de esa resolución", agregando que "la resolución trae un grave perjuicio a las finanzas del Estado, al sistema de seguridad jurídica y a todos los panameños". (La Prensa, 19 de agosto)
Igual de serios han sido los señalamientos en contra de tan inconveniente medida que en su momento pronunciaran Alberto Vallarino Clement y Martín Torrijos Espino, tanto por los destacados papeles que jugaron en la pasada campaña electoral, como por el rol que ambos aspiran ocupar a partir del 1 de septiembre de 2004.
Los dos principales diarios del país han publicado editoriales en contra del acto que nos ocupa. Posturas similares adoptaron, entre otros gremios, la Cámara de Comercio de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados, la CGTP y el CONATO, amén de muchísimas voces independientes que se oponen, con argumentos en extremo válidos y preñados de la más elemental justicia, a esta clara lesión patrimonial en contra del erario panameño.
¿Qué estarán esperando para derogar tan nefasta e impopular resolución ministerial? ¿Querrán oír -a viva voz y con cavilaciones profundas- el sentir que sobre esta cuestión tenga el Sacro Colegio de Cardenales, o el veredicto que den -luego de una centrada evaluación del tema que nos ocupa- representantes chiítas, pashtús y mullahs radicales en Kabul? ¡Por favor! Cada vez que PPC derrocha ese dinero que pudiera ser nuestro, ya sea en masivas campañas publicitarias, tómbolas o verbenas, se hace evidente la flaqueza del argumento frente a la indiscutible desigualdad que resulta, entre la bonanza prometida, y las obligaciones pactadas originalmente.
Sólo espero, ahora que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Comercio e Industrias un informe pormenorizado sobre la equiparación de marras, que la opinión de Alma Montenegro de Fletcher - Procuradora de la Administración y celosa guardiana de los haberes del Estado panameño - haga entrar en razón a quienes tengan que fallar el fondo de tan vergonzoso asunto.
(rbermudez@cableonda.net)
