Conflicto entre el Ministerio Público y la PTJ
Aunque parece amainar en los últimos días, la controversia subyace tras los rostros con sonrisa forzada y la fría cortesía. El grave daño inferido a la credibilidad de sus respectivas organizaciones, causado por la reciente polémica entre los directivos del Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial, puede repercutir negativamente en el desempeño de sus tareas y en la percepción que de ambas, tenga en lo sucesivo la comunidad a la que sirven.
El trasfondo personalista y antitécnico de posiciones teñidas de ambiciones y disputas pueblerinas, puso de manifiesto ante la opinión pública que no se está procurando el fortalecimiento estructural de ambas instituciones sino consolidar el nicho de poder personal de cada cual. El Ministerio Público pretende someter a su autoridad a la PTJ para usarla como fuerza armada de sus controvertidas decisiones y la PTJ persigue la obtención de una incontrolada autonomía que, mal empleada, podría llevar al resurgimiento de tendencias antidemocráticas del pasado.
El tono personalista de la controversia se hizo perceptible desde el momento en que, so pretexto de reformar la relación de la PTJ ante la administración de justicia, el Poder Ejecutivo prevaleció en su propósito de mantener por siete años más el cargo al actual director.
Con qué intenciones el gobierno pretende perennizar en los cargos a funcionarios nombrados bajo su período? Como a las claras no se trata de nombramientos eminentemente técnicos, lo que se infiere es que el gobierno trata de cubrirse las espaldas ante posibles indagaciones de otras administraciones gubernamentales.
Lo deseable es que en el nombramiento de uno y otro gravite el profesionalismo, la honestidad y la absoluta independencia de criterio, en vez de la afinidad con un gobierno en particular que cada cinco años pasa a la historia.
Pero este gobierno ha impuesto la norma de nombramientos decenales que regirán futuras administraciones, perennizando de ese modo su influencia sobre las últimas, en cargos particularmente estratégicos. No sorprendería que las nuevas administraciones procedan a dejar sin efecto los nombramientos de tales funcionarios decenales, rescatando su derecho a sus propias decisiones administrativas de fondo.
El enfrentamiento de fiscales y detectives es el reflejo de las ambiciones desatadas por el ejercicio de largos plazos administrativos, cuyos funcionarios terminan echando raíces y haciendo de su permanencia su principal objetivo.
Cuando se tranquilicen las aguas y se restaure la serenidad política, llegará el momento de reflexionar si la PTJ debe estar bajo la administración de la Procuraduría o de la Corte Suprema. Mal momento eligió el Poder Ejecutivo para modificar la relación institucional, soslayando que se trata de un gobierno en retirada que debe respetar los fueros y derechos de las administraciones venideras. Porque plantando funcionarios en otros regímenes lo que se consigue es intentar prolongar una presencia política propia y aún manipulable en circunstancias que las decisiones corresponderán a otros criterios. Así no se construye la democracia sino se fomenta el autoritarismo.
El trasfondo personalista y antitécnico de posiciones teñidas de ambiciones y disputas pueblerinas, puso de manifiesto ante la opinión pública que no se está procurando el fortalecimiento estructural de ambas instituciones sino consolidar el nicho de poder personal de cada cual. El Ministerio Público pretende someter a su autoridad a la PTJ para usarla como fuerza armada de sus controvertidas decisiones y la PTJ persigue la obtención de una incontrolada autonomía que, mal empleada, podría llevar al resurgimiento de tendencias antidemocráticas del pasado.
El tono personalista de la controversia se hizo perceptible desde el momento en que, so pretexto de reformar la relación de la PTJ ante la administración de justicia, el Poder Ejecutivo prevaleció en su propósito de mantener por siete años más el cargo al actual director.
Con qué intenciones el gobierno pretende perennizar en los cargos a funcionarios nombrados bajo su período? Como a las claras no se trata de nombramientos eminentemente técnicos, lo que se infiere es que el gobierno trata de cubrirse las espaldas ante posibles indagaciones de otras administraciones gubernamentales.
Lo deseable es que en el nombramiento de uno y otro gravite el profesionalismo, la honestidad y la absoluta independencia de criterio, en vez de la afinidad con un gobierno en particular que cada cinco años pasa a la historia.
Pero este gobierno ha impuesto la norma de nombramientos decenales que regirán futuras administraciones, perennizando de ese modo su influencia sobre las últimas, en cargos particularmente estratégicos. No sorprendería que las nuevas administraciones procedan a dejar sin efecto los nombramientos de tales funcionarios decenales, rescatando su derecho a sus propias decisiones administrativas de fondo.
El enfrentamiento de fiscales y detectives es el reflejo de las ambiciones desatadas por el ejercicio de largos plazos administrativos, cuyos funcionarios terminan echando raíces y haciendo de su permanencia su principal objetivo.
Cuando se tranquilicen las aguas y se restaure la serenidad política, llegará el momento de reflexionar si la PTJ debe estar bajo la administración de la Procuraduría o de la Corte Suprema. Mal momento eligió el Poder Ejecutivo para modificar la relación institucional, soslayando que se trata de un gobierno en retirada que debe respetar los fueros y derechos de las administraciones venideras. Porque plantando funcionarios en otros regímenes lo que se consigue es intentar prolongar una presencia política propia y aún manipulable en circunstancias que las decisiones corresponderán a otros criterios. Así no se construye la democracia sino se fomenta el autoritarismo.
