Consideraciones sobre la gestión del último gobernante PRD
" El pueblo al poder" fue el lema del candidato perredista, Ernesto Pérez Balladares, en la campaña de 1994. Quiso con ello dar a entender que su administración gobernaría en favor de las clases populares, cuya situación se había deteriorado considerablemente como resultado de la pesada deuda social heredada de la dictadura de los militares y el PRD (1968-1989).
Pero, una vez a cargo del Ejecutivo, gobernó de espaldas al pueblo. Su estilo personal y las principales medidas de su administración -la privatización de los servicios de telefonía y suministro de energía eléctrica; la drástica rebaja de aranceles, mucho más allá de lo solicitado por la Organización Mundial del Comercio; la reforma de la legislación laboral (que costó la vida de cuatro trabajadores); sus numerosos y ostentosos viajes al extranjero; el aumento a B/.10 mil mensuales del salario de los más altos funcionarios del Estado y la creación de nuevas entidades gubernamentales con personal excesivamente remunerado- tuvieron fuerte acento antipopular. Estas y otras medidas mermaron las condiciones de vida de los sectores populares y la capacidad del Estado para atenderlas.
En su programa de gobierno indicó que daría prioridad a la construcción de carreteras. Amplió a cuatro paños la carretera Interamericana hasta Aguadulce, lo que indudablemente mejoró las comunicaciones terrestres entre la capital y el "interior". La construcción de los corredores Norte y Sur, otro de sus logros, se obtuvo a un costo económico y ambiental que nunca ha podido precisarse con exactitud pero que, según con la información existente, fue a todas luces oneroso para el Estado. Desatendió, además, la carretera Transístmica, cuya ampliación hasta Colón no logró concretar.
Aunque se comprometió a dar fiel cumplimiento al Tratado del Canal de Panamá y al retiro de las tropas extranjeras del territorio nacional, para prorrogar la presencia militar estadounidense en el país promovió la creación de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA). Para apurar su establecimiento escondió a la ciudadanía los detalles de la negociación pero, cuando ambos gobiernos estaban listos para formalizar el acuerdo resultante, adujo ante Washington que no era buen momento para firmarlo. Esa maquinación le granjeó tanto la enemistad del gobierno estadounidense (que pagó con la revocatoria de su visa de entrada a Estados Unidos) como la rebeldía de los sectores nacionalistas del PRD.
Antes que fortalecer el sistema judicial, abanicó la impunidad a través de los dos indultos que decretó (uno de ellos firmado por Martín Torrijos) a favor de algunos individuos con prontuario delictivo. Doblegó a la Asamblea Legislativa a punta partidas circuitales y amenazas de encarcelamiento -versiones panameñizadas del "pan o palo" que caracteriza a la tradición autoritaria latinoamericana-. Dio así un impulso significativo al clientelismo y al uso de recursos públicos en beneficio de los intereses del grupo gobernante. En la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral y otros órganos de control y fiscalización, designó a partidarios de su presidencia, lo que no contribuyó a afianzar el sistema democrático ni satisfacer las exigencias ciudadanas de transparencia y probidad. Por ello, la donación a campañas políticas de sumas procedentes de actividades irregulares, y algunas contrataciones públicas -particularmente en lo portuario y carretero- no han podido esclarecerse a satisfacción de la ciudadanía.
Aún cuando su estilo arrogante enajenó a muchos, especialmente en la clase popular, la imagen de la Presidencia de la República indisputablemente mejoró durante su gobierno, más que todo por el comportamiento decoroso y respetable de su esposa, quien por lo demás impulsó el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura con bríos encomiables.
Se lo recuerda, sobre todo, por su intención de prolongarse en el poder a través de la reelección presidencial inmediata, medida muy dañina para las instituciones democráticas, que jamás anunció durante su campaña presidencial. Afortunadamente para la salud institucional de la República, la ciudadanía rechazó sus pretensiones en el referéndum del 30 de agosto de 1998. Su capricho electoral, sin embargo, costó al Estado varios millones de balboas que pudieron haberse destinado a otros usos más beneficiosos para el pueblo que prometió llevar al poder.
Esta figura lleva a que el productor gane muy poco, versus lo que cobra el intermediario que es el que comercializa realmente el producto. Cuando se creó el mercado se pensó que este problema se solucionaría pero en la práctica no ha sido posible, porque la figura del intermediario sigue funcionando y es muy difícil detectar quién es el productor y quién es el que comercializa.
Se ha conversado con los arrendatarios para que no tiren la basura en el piso sino que la dispongan en bolsas y la coloquen en los recipientes que la administración les ha dado para facilitar la recolección de los desechos.
El sujeto de toda la labor es el productor nacional y los usuarios que diariamente llegan al mercado.
Pero, una vez a cargo del Ejecutivo, gobernó de espaldas al pueblo. Su estilo personal y las principales medidas de su administración -la privatización de los servicios de telefonía y suministro de energía eléctrica; la drástica rebaja de aranceles, mucho más allá de lo solicitado por la Organización Mundial del Comercio; la reforma de la legislación laboral (que costó la vida de cuatro trabajadores); sus numerosos y ostentosos viajes al extranjero; el aumento a B/.10 mil mensuales del salario de los más altos funcionarios del Estado y la creación de nuevas entidades gubernamentales con personal excesivamente remunerado- tuvieron fuerte acento antipopular. Estas y otras medidas mermaron las condiciones de vida de los sectores populares y la capacidad del Estado para atenderlas.
En su programa de gobierno indicó que daría prioridad a la construcción de carreteras. Amplió a cuatro paños la carretera Interamericana hasta Aguadulce, lo que indudablemente mejoró las comunicaciones terrestres entre la capital y el "interior". La construcción de los corredores Norte y Sur, otro de sus logros, se obtuvo a un costo económico y ambiental que nunca ha podido precisarse con exactitud pero que, según con la información existente, fue a todas luces oneroso para el Estado. Desatendió, además, la carretera Transístmica, cuya ampliación hasta Colón no logró concretar.
Aunque se comprometió a dar fiel cumplimiento al Tratado del Canal de Panamá y al retiro de las tropas extranjeras del territorio nacional, para prorrogar la presencia militar estadounidense en el país promovió la creación de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA). Para apurar su establecimiento escondió a la ciudadanía los detalles de la negociación pero, cuando ambos gobiernos estaban listos para formalizar el acuerdo resultante, adujo ante Washington que no era buen momento para firmarlo. Esa maquinación le granjeó tanto la enemistad del gobierno estadounidense (que pagó con la revocatoria de su visa de entrada a Estados Unidos) como la rebeldía de los sectores nacionalistas del PRD.
Antes que fortalecer el sistema judicial, abanicó la impunidad a través de los dos indultos que decretó (uno de ellos firmado por Martín Torrijos) a favor de algunos individuos con prontuario delictivo. Doblegó a la Asamblea Legislativa a punta partidas circuitales y amenazas de encarcelamiento -versiones panameñizadas del "pan o palo" que caracteriza a la tradición autoritaria latinoamericana-. Dio así un impulso significativo al clientelismo y al uso de recursos públicos en beneficio de los intereses del grupo gobernante. En la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral y otros órganos de control y fiscalización, designó a partidarios de su presidencia, lo que no contribuyó a afianzar el sistema democrático ni satisfacer las exigencias ciudadanas de transparencia y probidad. Por ello, la donación a campañas políticas de sumas procedentes de actividades irregulares, y algunas contrataciones públicas -particularmente en lo portuario y carretero- no han podido esclarecerse a satisfacción de la ciudadanía.
Aún cuando su estilo arrogante enajenó a muchos, especialmente en la clase popular, la imagen de la Presidencia de la República indisputablemente mejoró durante su gobierno, más que todo por el comportamiento decoroso y respetable de su esposa, quien por lo demás impulsó el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura con bríos encomiables.
Se lo recuerda, sobre todo, por su intención de prolongarse en el poder a través de la reelección presidencial inmediata, medida muy dañina para las instituciones democráticas, que jamás anunció durante su campaña presidencial. Afortunadamente para la salud institucional de la República, la ciudadanía rechazó sus pretensiones en el referéndum del 30 de agosto de 1998. Su capricho electoral, sin embargo, costó al Estado varios millones de balboas que pudieron haberse destinado a otros usos más beneficiosos para el pueblo que prometió llevar al poder.
Esta figura lleva a que el productor gane muy poco, versus lo que cobra el intermediario que es el que comercializa realmente el producto. Cuando se creó el mercado se pensó que este problema se solucionaría pero en la práctica no ha sido posible, porque la figura del intermediario sigue funcionando y es muy difícil detectar quién es el productor y quién es el que comercializa.
Se ha conversado con los arrendatarios para que no tiren la basura en el piso sino que la dispongan en bolsas y la coloquen en los recipientes que la administración les ha dado para facilitar la recolección de los desechos.
El sujeto de toda la labor es el productor nacional y los usuarios que diariamente llegan al mercado.
