Conspiración contra la salud
Todo Estado bien organizado con políticas que promuevan el bienestar común con equidad y justicia, coloca en el renglón número uno de sus proyecciones de mejoría y logros, la salud y la educación. El pueblo o gobernante que ignora estos dos elementos para su subsistencia, se condena a sí mismo a la ignorancia académica - cultural y a la imposición de leyes, tipo ley de la selva o de tiempos medievales.
Negar el acceso a la salud es, quizás, el acto más inhumano que individuo alguno pudiera cometer y, además, se jacte de estar satisfecho por ello. Debieran ser casos para dirimir en el Tribunal Penal Internacional o en la Corte Internacional de La Haya. Lo anterior me viene a la mente por lo que algunos sectores foráneos e internos intentan determinar contra la única institución que brinda salud a los grupos marginados de este país, la Caja de Seguro Social (CSS).
Las fuerzas internas, entre ellas, políticos, empresarios y gobernantes de ayer y hoy, bien asesorados desde afuera, han creado las bases maquiavélicas para arrinconar a la CSS en una situación casi insostenible para justificar la privatización y la reducción de la cobertura de la atención médica, a la que todos los cotizantes y beneficiarios tienen derecho, por cuestión de solidaridad y justicia. La CSS es la única institución que ha logrado sobrevivir a los muchos desmanes y desfalcos de muchos directores, o con la anuencia de ellos, gracias a los humildes aportes que quincenalmente hacen los trabajadores.
El orden jurídico de nuestra Carta Magna obliga al Estado a atender todos los asuntos concernientes a la salud, y el derecho social así lo amerita. Pero, como que ahora la nueva modalidad para los representantes del Estado, desde finales del siglo pasado, es apoyarse en las leyes sólo cuando desde algún punto de vista les favorece políticamente, pero cuando deben practicarla en pro del derecho que le asiste al pueblo, entonces la ignoran o buscan excusas para no cumplirlas.
La Caja de Seguro Social, que ha sido víctima de la voracidad y avaricia de muchos políticos, también ha sido la caja fuerte para dar apoyo financiero a los endebles presupuestos estatales, y ahora que ésta requiere que le devuelvan el favor con la reposición de esos tantos millones de dólares, el Estado (los gobiernos de ayer y hoy), en una fría y espeluznante conspiración contra ella y la salud del pueblo, se niegan a cumplir ese ineludible deber. Quienes intentan aniquilar la existencia, virtudes y principios de la CSS confundiendo a la opinión pública, aducen equivocadamente, pero conscientes de ello, que los problemas financieros de esta institución se deben al abultamiento de la planilla y a la ejecución innecesaria de inversiones. Nada más alejado de la realidad.
Las siguientes son sólo algunas realidades al respecto: El Estado adeuda a la CSS, 112 millones de dólares en concepto de pago de cotizaciones de los trabajadores públicos. Más 857 millones por la compra de bonos. Y en el 2002, obligó a la Caja a pasar a cuenta por cobrar 79 millones de balboas, que correspondían a las cotizaciones anuales. Esta se convierte, en verdad, en una cuenta incobrable.
Sólo en el 2002, hubo un millón 200 mil consultas médicas extras, lo que significa un incremento en la atención de un 20 % más de usuarios. En el hospital San Judas Tadeo, en los tres primeros meses de funcionamiento, se realizaron 700 operaciones quirúrgicas.
De 1997 al 2002 se han perdido 13 mil 770 plazas de trabajo. Los cálculos indican que por cada un trabajador, hay 10 desocupados. Actualmente, hay unos 800 mil cotizantes, pero se da atención médica a dos millones de panameños.
La CSS es la que lleva la pesada carga de brindar los servicios de salud necesarios a la población, porque además provee, al Ministerio de Salud, personal médico y técnico, reactivos de laboratorio clínico, y como si fuera poco, le pata a esta institución varios millones de dólares anuales por la prestación de atención médica a asegurados. Por las mismas razones, paga seis millones al Hospital del Niño, igual suma al Instituto Oncológico Nacional y éste, ahora exige que esa suma sea incrementada a 11 millones; y al San Miguel Arcángel desde que se fundó.
El Banco Nacional, entidad que por ley debe manejar los fondos públicos, hasta el 2001 pagaba intereses de entre 4 y 5%, a fines del año 2002 redujo, arbitraria y unilateralmente, el valor de esos intereses a un insignificante 1%, sin considerar que hoy maneja 800 millones de balboas de la CSS.
Hay 30 mil empresas morosas, empresarios evadiendo impuestos suyos y de los trabajadores impúnemente. En otros tiempos hacían eso porque eran protegidos por las propias autoridades de la institución. En otra ocasión, se les exoneró arbitrariamente de morosidades, bajo un procedimiento inaudito.
Estos son algunos hechos que drenan, socavan y debilitan la existencia de la institución más humanitaria que hay en este país. Con tan sutil, pero bien planeada manera de dilapidar fondos, extraer dineros y evadir responsabilidades, hasta los 200 hombres más ricos del planeta irían irremediablemente a la ruina y a la desaparición del escenario público.
Ante este criminal atentado que se cierne sobre el derecho a la salud, el pueblo debe salir a defender su institución (la CSS) a capa y espada, así sea llevando como único escudo y estandarte la bandera de las tres "p" (paila, pitos y pañuelos).
Negar el acceso a la salud es, quizás, el acto más inhumano que individuo alguno pudiera cometer y, además, se jacte de estar satisfecho por ello. Debieran ser casos para dirimir en el Tribunal Penal Internacional o en la Corte Internacional de La Haya. Lo anterior me viene a la mente por lo que algunos sectores foráneos e internos intentan determinar contra la única institución que brinda salud a los grupos marginados de este país, la Caja de Seguro Social (CSS).
Las fuerzas internas, entre ellas, políticos, empresarios y gobernantes de ayer y hoy, bien asesorados desde afuera, han creado las bases maquiavélicas para arrinconar a la CSS en una situación casi insostenible para justificar la privatización y la reducción de la cobertura de la atención médica, a la que todos los cotizantes y beneficiarios tienen derecho, por cuestión de solidaridad y justicia. La CSS es la única institución que ha logrado sobrevivir a los muchos desmanes y desfalcos de muchos directores, o con la anuencia de ellos, gracias a los humildes aportes que quincenalmente hacen los trabajadores.
El orden jurídico de nuestra Carta Magna obliga al Estado a atender todos los asuntos concernientes a la salud, y el derecho social así lo amerita. Pero, como que ahora la nueva modalidad para los representantes del Estado, desde finales del siglo pasado, es apoyarse en las leyes sólo cuando desde algún punto de vista les favorece políticamente, pero cuando deben practicarla en pro del derecho que le asiste al pueblo, entonces la ignoran o buscan excusas para no cumplirlas.
La Caja de Seguro Social, que ha sido víctima de la voracidad y avaricia de muchos políticos, también ha sido la caja fuerte para dar apoyo financiero a los endebles presupuestos estatales, y ahora que ésta requiere que le devuelvan el favor con la reposición de esos tantos millones de dólares, el Estado (los gobiernos de ayer y hoy), en una fría y espeluznante conspiración contra ella y la salud del pueblo, se niegan a cumplir ese ineludible deber. Quienes intentan aniquilar la existencia, virtudes y principios de la CSS confundiendo a la opinión pública, aducen equivocadamente, pero conscientes de ello, que los problemas financieros de esta institución se deben al abultamiento de la planilla y a la ejecución innecesaria de inversiones. Nada más alejado de la realidad.
Las siguientes son sólo algunas realidades al respecto: El Estado adeuda a la CSS, 112 millones de dólares en concepto de pago de cotizaciones de los trabajadores públicos. Más 857 millones por la compra de bonos. Y en el 2002, obligó a la Caja a pasar a cuenta por cobrar 79 millones de balboas, que correspondían a las cotizaciones anuales. Esta se convierte, en verdad, en una cuenta incobrable.
Sólo en el 2002, hubo un millón 200 mil consultas médicas extras, lo que significa un incremento en la atención de un 20 % más de usuarios. En el hospital San Judas Tadeo, en los tres primeros meses de funcionamiento, se realizaron 700 operaciones quirúrgicas.
De 1997 al 2002 se han perdido 13 mil 770 plazas de trabajo. Los cálculos indican que por cada un trabajador, hay 10 desocupados. Actualmente, hay unos 800 mil cotizantes, pero se da atención médica a dos millones de panameños.
La CSS es la que lleva la pesada carga de brindar los servicios de salud necesarios a la población, porque además provee, al Ministerio de Salud, personal médico y técnico, reactivos de laboratorio clínico, y como si fuera poco, le pata a esta institución varios millones de dólares anuales por la prestación de atención médica a asegurados. Por las mismas razones, paga seis millones al Hospital del Niño, igual suma al Instituto Oncológico Nacional y éste, ahora exige que esa suma sea incrementada a 11 millones; y al San Miguel Arcángel desde que se fundó.
El Banco Nacional, entidad que por ley debe manejar los fondos públicos, hasta el 2001 pagaba intereses de entre 4 y 5%, a fines del año 2002 redujo, arbitraria y unilateralmente, el valor de esos intereses a un insignificante 1%, sin considerar que hoy maneja 800 millones de balboas de la CSS.
Hay 30 mil empresas morosas, empresarios evadiendo impuestos suyos y de los trabajadores impúnemente. En otros tiempos hacían eso porque eran protegidos por las propias autoridades de la institución. En otra ocasión, se les exoneró arbitrariamente de morosidades, bajo un procedimiento inaudito.
Estos son algunos hechos que drenan, socavan y debilitan la existencia de la institución más humanitaria que hay en este país. Con tan sutil, pero bien planeada manera de dilapidar fondos, extraer dineros y evadir responsabilidades, hasta los 200 hombres más ricos del planeta irían irremediablemente a la ruina y a la desaparición del escenario público.
Ante este criminal atentado que se cierne sobre el derecho a la salud, el pueblo debe salir a defender su institución (la CSS) a capa y espada, así sea llevando como único escudo y estandarte la bandera de las tres "p" (paila, pitos y pañuelos).
