Constitución vapuleada, impunidad y concinadas
LA SEMANA PASADA, terminé mis comentarios sobre la extralimitación de funciones perpetrada por el Ministerio Público al adelantar una investigación sobre un supuesto delito imputado a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recalcando que todos los funcionarios, sin excepciones deben cumplir, estrictamente, la Constitución y la Ley y ser sancionados si no lo hacen.
Los ciudadanos comunes, podemos hacer todo aquello que la Ley no prohíbe; los funcionarios sólo aquello que la Ley les autoriza. Por consiguiente, el funcionario o funcionaria que traspase el límite de sus competencias o atribuciones constitucionales y legales, incurre en extralimitación de funciones; y debe responder, administrativa, penal y civilmente cuando ello ocurra.
Lo anterior es válido en todo país que se precie de ser un Estado de Derecho; pero no en Panamá, pues somos un país folklórico y surrealista.
El primer mandamiento que, sin excusa alguna, deben obedecer los funcionarios que encabezan los tres órganos del Estado: el presidente y su gabinete, los magistrados de la Corte Suprema y los diputados de la Asamblea Nacional; y también la procuradora, es no exceder sus respectivas competencias. Los órganos del Estado deben actuar "limitada y separadamente". Ninguno debe usurpar o arrogarse las funciones de los otros.
Pero en Panamá las cosas suceden de manera distinta. El presidente, cada vez que le viene en ganas y quiere aprobar una ley sin discusión y a espaldas del pueblo, despoja a la Asamblea de su función de expedir las leyes; se hace dar facultades extraordinarias, "sin que la necesidad lo exija", y legisla mediante esa aberración que son los decretos-leyes; y ni siquiera se molesta por cumplir con el mandato constitucional (Artículo 159, numeral 16) que ordena que "Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en ejercicio de facultades extraordinarias "deberá" ser sometido al Órgano Legislativo, para que legisle -lo convierta o no en ley- sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se trate".
El señor Torrijos, al incumplir ese claro mandato, no ha permitido que el Órgano Legislativo ejerza sus funciones constitucionales y se ha extralimitado en las suyas, al aplicar decretos-leyes, cuya vigencia debió terminar, como máximo, al concluir la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a su promulgación. Sin embargo, esa violación de las normas constitucionales no le ha traído ninguna consecuencia. Se ha violado flagrantemente el Estado de Derecho y no ha pasado nada.
Veamos, nuevamente, el caso de la extralimitación de funciones del Ministerio Público que, insisto, no es un asunto que debe resolverse "con una simple declinación de competencia, por parte de la fiscal infractora y una resolución, de un juzgado penal de circuito, que la aprueba". La cosa tiene más bemoles, pues cuesta creer que, dentro del sistema de mando vertical y dictatorial que funciona en el Ministerio Público, donde todos los funcionarios son, en abierta violación de la Constitución, de libre nombramiento y remoción de "la jefa", la susodicha fuera un alma libre e independiente que trazara su propio vuelo.
¿Habrá una investigación seria y a fondo de esa transgresión constitucional, que alcance al más alto nivel de Ministerio Público, para determinar responsabilidades y aplicar sanciones? Desde ahora, pronostico que no. Y ahí es donde radica el verdadero problema. Si los altos cargos del Estado, con el presidente a la cabeza, pueden, sin consecuencias, violar la Constitución y la Ley, el resultado es lo que estamos viviendo y sus efectos sobre los funcionarios de menor jerarquía y el conjunto de la sociedad son la anarquía institucional y la proliferación de la corrupción, política y de todo género.
El fantasma De Concini. Como todavía me queda espacio, añado un comentario sobre "la sorpresita" que, a nosotros, el pueblo -no me creo que también lo fuera para el gobierno- nos acaba de dar un grupo de congresistas norteamericanos, después de que, con bombos y platillos y más rauda que saeta, nuestra flamante Asamblea Nacional de los Diputados aprobó el TPC con los Estados Unidos.
Muchos recordarán que después de que Panamá había aprobado en un referendo los tratados Torrijos-Carter, el Senado de los Estados Unidos, acogió y aprobó la enmienda propuesta por el senador De Concini, y nos la impuso como condición para aprobarlo. O había enmienda De Concini o no habría tratado. Punto. Aunque no era "potable", como contrariamente se dijo, no quedó otro remedio que aceptarla.
En esos tiempos, también es bueno recordarlo, no vivíamos en "el reino de la transparencia" de "la patria nueva". Sin embargo, ahora, cuando se proclama que los actos del gobierno son más claros que más puro manantial, "la historia se repite en espiral". En diciembre de 2006, un eufórico gobierno, con gran alharaca, aseguró que se habían concluido, exitosamente, las negociaciones del TLC, todavía no era TPC. Seis meses después, el pasado 28 de junio, y de varias modificaciones que nunca se han explicado satisfactoriamente, nuevamente nos dijeron que ahora sí se había cerrado la negociación, y que podíamos celebrar, porque Panamá había conseguido ventajas que otros países, más duchos en estos menesteres, no se atrevieron a soñar. Pero ahora resulta que, como se dice en el argot popular, nos salió la bruja. De Concini ha vuelto y nuestro gobierno, de puro transparente que es, de pronto, ha perdido su habitual locuacidad. ¿Los sorprendieron o se hacen los suecos? ¿Y el señor Torrijos? De oportunísimas vacaciones.
Que ahora no nos vengan con otras explicaciones sobre "potabilidad". Si quieren recobrar algo de credibilidad, y les queda muy poca, que publiquen, íntegros, los textos que firmaron. Eso primero. Y, en segundo lugar, que digan: ¿Sabían o no lo que se gestaba en el Congreso? Y que tengan cuidado; pues es conocido que, durante las muchas idas y venidas de los negociadores, hubo varias reuniones con el congresista Rangel y varios de sus colegas.
Según Tovar, el impacto en este tipo de proyectos puede ser ambiental y social.
Los ciudadanos comunes, podemos hacer todo aquello que la Ley no prohíbe; los funcionarios sólo aquello que la Ley les autoriza. Por consiguiente, el funcionario o funcionaria que traspase el límite de sus competencias o atribuciones constitucionales y legales, incurre en extralimitación de funciones; y debe responder, administrativa, penal y civilmente cuando ello ocurra.
Lo anterior es válido en todo país que se precie de ser un Estado de Derecho; pero no en Panamá, pues somos un país folklórico y surrealista.
El primer mandamiento que, sin excusa alguna, deben obedecer los funcionarios que encabezan los tres órganos del Estado: el presidente y su gabinete, los magistrados de la Corte Suprema y los diputados de la Asamblea Nacional; y también la procuradora, es no exceder sus respectivas competencias. Los órganos del Estado deben actuar "limitada y separadamente". Ninguno debe usurpar o arrogarse las funciones de los otros.
Pero en Panamá las cosas suceden de manera distinta. El presidente, cada vez que le viene en ganas y quiere aprobar una ley sin discusión y a espaldas del pueblo, despoja a la Asamblea de su función de expedir las leyes; se hace dar facultades extraordinarias, "sin que la necesidad lo exija", y legisla mediante esa aberración que son los decretos-leyes; y ni siquiera se molesta por cumplir con el mandato constitucional (Artículo 159, numeral 16) que ordena que "Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en ejercicio de facultades extraordinarias "deberá" ser sometido al Órgano Legislativo, para que legisle -lo convierta o no en ley- sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se trate".
El señor Torrijos, al incumplir ese claro mandato, no ha permitido que el Órgano Legislativo ejerza sus funciones constitucionales y se ha extralimitado en las suyas, al aplicar decretos-leyes, cuya vigencia debió terminar, como máximo, al concluir la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a su promulgación. Sin embargo, esa violación de las normas constitucionales no le ha traído ninguna consecuencia. Se ha violado flagrantemente el Estado de Derecho y no ha pasado nada.
Veamos, nuevamente, el caso de la extralimitación de funciones del Ministerio Público que, insisto, no es un asunto que debe resolverse "con una simple declinación de competencia, por parte de la fiscal infractora y una resolución, de un juzgado penal de circuito, que la aprueba". La cosa tiene más bemoles, pues cuesta creer que, dentro del sistema de mando vertical y dictatorial que funciona en el Ministerio Público, donde todos los funcionarios son, en abierta violación de la Constitución, de libre nombramiento y remoción de "la jefa", la susodicha fuera un alma libre e independiente que trazara su propio vuelo.
¿Habrá una investigación seria y a fondo de esa transgresión constitucional, que alcance al más alto nivel de Ministerio Público, para determinar responsabilidades y aplicar sanciones? Desde ahora, pronostico que no. Y ahí es donde radica el verdadero problema. Si los altos cargos del Estado, con el presidente a la cabeza, pueden, sin consecuencias, violar la Constitución y la Ley, el resultado es lo que estamos viviendo y sus efectos sobre los funcionarios de menor jerarquía y el conjunto de la sociedad son la anarquía institucional y la proliferación de la corrupción, política y de todo género.
El fantasma De Concini. Como todavía me queda espacio, añado un comentario sobre "la sorpresita" que, a nosotros, el pueblo -no me creo que también lo fuera para el gobierno- nos acaba de dar un grupo de congresistas norteamericanos, después de que, con bombos y platillos y más rauda que saeta, nuestra flamante Asamblea Nacional de los Diputados aprobó el TPC con los Estados Unidos.
Muchos recordarán que después de que Panamá había aprobado en un referendo los tratados Torrijos-Carter, el Senado de los Estados Unidos, acogió y aprobó la enmienda propuesta por el senador De Concini, y nos la impuso como condición para aprobarlo. O había enmienda De Concini o no habría tratado. Punto. Aunque no era "potable", como contrariamente se dijo, no quedó otro remedio que aceptarla.
En esos tiempos, también es bueno recordarlo, no vivíamos en "el reino de la transparencia" de "la patria nueva". Sin embargo, ahora, cuando se proclama que los actos del gobierno son más claros que más puro manantial, "la historia se repite en espiral". En diciembre de 2006, un eufórico gobierno, con gran alharaca, aseguró que se habían concluido, exitosamente, las negociaciones del TLC, todavía no era TPC. Seis meses después, el pasado 28 de junio, y de varias modificaciones que nunca se han explicado satisfactoriamente, nuevamente nos dijeron que ahora sí se había cerrado la negociación, y que podíamos celebrar, porque Panamá había conseguido ventajas que otros países, más duchos en estos menesteres, no se atrevieron a soñar. Pero ahora resulta que, como se dice en el argot popular, nos salió la bruja. De Concini ha vuelto y nuestro gobierno, de puro transparente que es, de pronto, ha perdido su habitual locuacidad. ¿Los sorprendieron o se hacen los suecos? ¿Y el señor Torrijos? De oportunísimas vacaciones.
Que ahora no nos vengan con otras explicaciones sobre "potabilidad". Si quieren recobrar algo de credibilidad, y les queda muy poca, que publiquen, íntegros, los textos que firmaron. Eso primero. Y, en segundo lugar, que digan: ¿Sabían o no lo que se gestaba en el Congreso? Y que tengan cuidado; pues es conocido que, durante las muchas idas y venidas de los negociadores, hubo varias reuniones con el congresista Rangel y varios de sus colegas.
Según Tovar, el impacto en este tipo de proyectos puede ser ambiental y social.
Las casas involucradas en las solicitudes de extensión del metraje suman 50.
El costo de la obra se estima en B/.130 millones.
La segunda etapa del Corredor Norte comprende desde Tinajitas hasta Tocumen.
La construcción del corredor debe terminar en diciembre del 2008.
El día de hoy se estarán reuniendo los moradores con el alcalde y las autoridades pertinentes a las 6: 00 de la tarde.
