Constitución y desastres
Hemos visto la secuencia de acontecimientos estremecedores para la familia panameña ligados al problema habitacional, aunque, no son desconocidos, ya que han ocurrido eventos similares en años anteriores sin las consecuencias dramáticas de este año. Primero, el desplome previsto de caserones condenados tanto en la ciudad de Panamá como en Colón que, afortunadamente, este año no ha tenido víctimas que lamentar como en otros.
Segundo, las inundaciones ocurridas por los torrenciales aguaceros que afectaron varias comunidades del país, perdiéndose valiosas vidas humanas y cuantiosos bienes materiales.
Hoy, como en otras ocasiones, se forman comisiones con el fin de determinar responsabilidades, ya que se ha observado, por una parte, el abandono y falta de mantenimiento de inmuebles desplomados, y por otra, la no previsión y baja calidad en la construcción de nuevas comunidades y urbanizaciones, debido a la necesidad de minimizar costos para ofrecer viviendas a un mercado de bajo o mediano poder adquisitivo, no solamente violando normas de seguridad, sino también sanitarias, ecológicas, agrícolas, catastrales, bancarias y éticas.
Además, los asentamientos humanos "espontáneos" o conducidos por los "juega vivo", quienes invaden y ocupan terrenos públicos o privados, basándose en el concepto constitucional del "interés social", que, interpretado de manera popular, se convierte en el interés de los supuestos necesitados en vez del de la sociedad o del Estado, y junto a las exoneraciones solicitadas como "incentivo a la construcción", han perjudicado la economía fiscal estatal, estableciendo la costumbre de no tributar.
Vemos, entonces, que el factor principal promotor de la forma de nuestro desarrollo urbano y del comportamiento humano sobre el ambiente es la Constitución Nacional, ya que en ella están fundamentadas las leyes de Vivienda, sus normas y las autoridades que intervienen en su aplicación.
Son la Constitución y las leyes dictadas en 1973 las que transformaron proyectos, que inicialmente iban a ser de apartamentos (Dorado, Santa Clara), convirtiéndose en barriadas de residencias unifamiliares; la Vía España, Vista Hermosa y Río Abajo, El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y San Francisco, entre otros barrios, cambiaron su tendencia de desarrollo vertical, incluso, hacia usos diferentes. También, éstas obligaron a los propietarios a abandonar sus edificios y propiedades, ya que desincentivaron la inversión por la incapacidad de beneficiarse con los frutos de la inversión efectuada.
Dichas normas, además, desde su promulgación, estimularon la invasión desordenada, irrespetuosa y violenta de terrenos y edificios privados y públicos, causando grandes pérdidas a su legítimos propietarios, devaluando terrenos vecinos y aún peor, incentivando el pillaje sobre las propiedades, ya que "inconscientemente" y por "necesidad" algunos usurpan propiedades ajenas o públicas (Ejemplo, los edificios de rentas de la Caja de Seguro Social).
Por otra parte, los promotores, proyectistas y financistas, encontraron en ellas el asidero legal para destruir la ecología, los ríos, manglares, costas y tierras con vocación agrícola o ecológica, violentando normas de seguridad y sanitarias a nombre de la necesidad de esa "casa propia" con auto, muebles y línea blanca "propios" con dinero alquilado a altos intereses. Han sido, además, generadores del excesivo desarrollo horizontal de nuestras ciudades y pueblos, encareciendo la infraestructura y llevando los niveles de consumo de transporte y combustible a exportar divisas del país por no menos de 900 millones de dólares anuales, suma que podría reducirse proporcionalmente al reorientar nuestra tendencia del desarrollo urbano.
Han permitido, con bajos costos de tierra y baja inversión de infraestructura, obtener grandes ganancias para los promotores con la especulación, y con peligro para la banca y los compradores.
Por ello, debemos tener fe y aprovechar bien la oportunidad de cambiar, a positivo, nuestra Constitución, adaptándola a la globalización, permitiendo planificar asentamientos humanos que les ayuden a lograr mayor productividad, y que, las tierras con vocación agrícola y ecológica puedan seguir siéndolo, ya que con el ataque a la naturaleza únicamente cosecharemos dolor y luto. Es necesario intensificar el uso eficiente del suelo urbano ya ocupado mejorando su infraestructura.
Los gobiernos solamente deben titular terrenos que hayan sido distribuidos planificadamente por propietarios legítimos, públicos o privados, desincentivando la invasión, para así crear la atmósfera de seguridad jurídica generalizada necesaria para atraer la inversión nacional y extranjera, generando riquezas al país. Lo contrario sería enviar un mensaje negativo al posible inversionista.
Recordemos que antes de las leyes en materia de Vivienda se invertía sin requerir exoneración de impuestos, lo cual es desleal para con el Estado; tributar es lo justo, ya que él nos presta lo más valioso de sí, su suelo. Y como todo producto, en el mundo actual, la ubicación, la vivienda y los locales deben ser productos de libre oferta y demanda. Privaticemos la propiedad privada con una nueva Constitución.
(rgutierrez@cwpanama.net)
Segundo, las inundaciones ocurridas por los torrenciales aguaceros que afectaron varias comunidades del país, perdiéndose valiosas vidas humanas y cuantiosos bienes materiales.
Hoy, como en otras ocasiones, se forman comisiones con el fin de determinar responsabilidades, ya que se ha observado, por una parte, el abandono y falta de mantenimiento de inmuebles desplomados, y por otra, la no previsión y baja calidad en la construcción de nuevas comunidades y urbanizaciones, debido a la necesidad de minimizar costos para ofrecer viviendas a un mercado de bajo o mediano poder adquisitivo, no solamente violando normas de seguridad, sino también sanitarias, ecológicas, agrícolas, catastrales, bancarias y éticas.
Además, los asentamientos humanos "espontáneos" o conducidos por los "juega vivo", quienes invaden y ocupan terrenos públicos o privados, basándose en el concepto constitucional del "interés social", que, interpretado de manera popular, se convierte en el interés de los supuestos necesitados en vez del de la sociedad o del Estado, y junto a las exoneraciones solicitadas como "incentivo a la construcción", han perjudicado la economía fiscal estatal, estableciendo la costumbre de no tributar.
Vemos, entonces, que el factor principal promotor de la forma de nuestro desarrollo urbano y del comportamiento humano sobre el ambiente es la Constitución Nacional, ya que en ella están fundamentadas las leyes de Vivienda, sus normas y las autoridades que intervienen en su aplicación.
Son la Constitución y las leyes dictadas en 1973 las que transformaron proyectos, que inicialmente iban a ser de apartamentos (Dorado, Santa Clara), convirtiéndose en barriadas de residencias unifamiliares; la Vía España, Vista Hermosa y Río Abajo, El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y San Francisco, entre otros barrios, cambiaron su tendencia de desarrollo vertical, incluso, hacia usos diferentes. También, éstas obligaron a los propietarios a abandonar sus edificios y propiedades, ya que desincentivaron la inversión por la incapacidad de beneficiarse con los frutos de la inversión efectuada.
Dichas normas, además, desde su promulgación, estimularon la invasión desordenada, irrespetuosa y violenta de terrenos y edificios privados y públicos, causando grandes pérdidas a su legítimos propietarios, devaluando terrenos vecinos y aún peor, incentivando el pillaje sobre las propiedades, ya que "inconscientemente" y por "necesidad" algunos usurpan propiedades ajenas o públicas (Ejemplo, los edificios de rentas de la Caja de Seguro Social).
Por otra parte, los promotores, proyectistas y financistas, encontraron en ellas el asidero legal para destruir la ecología, los ríos, manglares, costas y tierras con vocación agrícola o ecológica, violentando normas de seguridad y sanitarias a nombre de la necesidad de esa "casa propia" con auto, muebles y línea blanca "propios" con dinero alquilado a altos intereses. Han sido, además, generadores del excesivo desarrollo horizontal de nuestras ciudades y pueblos, encareciendo la infraestructura y llevando los niveles de consumo de transporte y combustible a exportar divisas del país por no menos de 900 millones de dólares anuales, suma que podría reducirse proporcionalmente al reorientar nuestra tendencia del desarrollo urbano.
Han permitido, con bajos costos de tierra y baja inversión de infraestructura, obtener grandes ganancias para los promotores con la especulación, y con peligro para la banca y los compradores.
Por ello, debemos tener fe y aprovechar bien la oportunidad de cambiar, a positivo, nuestra Constitución, adaptándola a la globalización, permitiendo planificar asentamientos humanos que les ayuden a lograr mayor productividad, y que, las tierras con vocación agrícola y ecológica puedan seguir siéndolo, ya que con el ataque a la naturaleza únicamente cosecharemos dolor y luto. Es necesario intensificar el uso eficiente del suelo urbano ya ocupado mejorando su infraestructura.
Los gobiernos solamente deben titular terrenos que hayan sido distribuidos planificadamente por propietarios legítimos, públicos o privados, desincentivando la invasión, para así crear la atmósfera de seguridad jurídica generalizada necesaria para atraer la inversión nacional y extranjera, generando riquezas al país. Lo contrario sería enviar un mensaje negativo al posible inversionista.
Recordemos que antes de las leyes en materia de Vivienda se invertía sin requerir exoneración de impuestos, lo cual es desleal para con el Estado; tributar es lo justo, ya que él nos presta lo más valioso de sí, su suelo. Y como todo producto, en el mundo actual, la ubicación, la vivienda y los locales deben ser productos de libre oferta y demanda. Privaticemos la propiedad privada con una nueva Constitución.
(rgutierrez@cwpanama.net)
