Constituyente y diálogo nacional
Una democracia mal entendida es una democracia que no está en su lugar, una democracia mal puesta. Tenemos, entonces, ante nosotros la inevitable tarea de repensar, de pensar libremente y sin miedo la democracia que nos queremos dar y dejar atrás de una vez por toda ese pasado -más impuesto que heredado-, que pretende mantenernos atados a los innumerables hilos de poder que le permiten todavía a unos cuantos, gobernar sin democracia porque su democracia no resiste la democracia resultado de la inteligencia y la responsabilidad.
El pueblo panameño viene contemplando una serie de hechos que lo desconciertan cada día más. Uno de ellos es, sin duda, el denominado "diálogo nacional", cuyos promotores, participantes y defensores han olvidado muy campantemente que el pueblo panameño es un pueblo inteligente y que, aún cuando muchos pueden ser engañados por este nuevo escenario con bochornosos actores, son más los que no se dejarán engañar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque de un extremo al otro del país, aumenta el número de quienes saben perfectamente que este denominado "diálogo nacional" no es otra cosa que una manera de intentar evadir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitutente, que es el verdadero y único camino para un diálogo nacional de verdad.
La premeditada tendencia a desvirtuar la importancia y el valor del conocimiento, que existe entre las cúpulas rectoras del partidismo, los lleva a olvidar que la revolución de la inteligencia que vive hoy día la humanidad crece con el paso de los días. Que a los panameños no se nos podrá mantener más marginados o excluidos de la participación política, con el propósito de evitarnos encarar la realidad social.
Así tenemos que el denominado "diálogo nacional", sustentado por las cúpulas de poder, sirve para seguirle dando a la mayoría de la población la ilusión de que con el actual ordenamiento jurídico y político, tiene mecanismos para mejorar sus cada vez peores condiciones de vida. Se valen de este mecanismo -que no es más que un monólogo paralelo- para hacernos creer que es sólo dentro del esquema jurídico imperante dentro del cual se pueden introducir transformaciones políticas, económicas y sociales, al tiempo que insisten en vendernos la idea que nos encontramos en un Estado de Derecho por el simple hecho que ya no hay dictadura militar.
Recurren al denominado "diálogo", el cual no llena los más elementales requisitos democráticos -puesto que lo realizan a puertas cerradas-, entre ellos y para ellos. Para repartirse -de espaldas a la opinión pública- todo lo que encuentre en el camino de su partidocracia y de su insaciable gula por la cosa pública. Actúan sobre la base que "los derechos ya no son iguales, en el sentido de que no son los mismos para todos: son más grandes para algunos, más pequeños para otros." Ello son "algunos"...el pueblo son los "otros".
Es casualmente, a mi entender, la necesidad de romper con una serie de prácticas que permiten que cada vez haya más privilegios para los privilegiados, lo que nos aleja más de la posibilidad real de una empresa democratizadora y democrática, la que hace urgente la necesidad de una Constituyente, a la que tanto temen los tartufos del "diálogo nacional", los que no quieren conversar o dialogar con el pueblo y con todas sus organizaciones.
La Constitución vigente en nuestro país no se corresponde con la realidad nacional. En realidad, la Constitución vigente, más que una ley fundamental es la versión jurídica-política del golpe de estado y de los pactos que se han venido dando entre las cúpulas de los partidos políticos y las cúpulas de los factores reales de poder económico. Sus firmantes, decidieron en 1972, en 1978 y en 1983, implantar en Panamá una democracia tutelada y alegaron (y aún alegan) para justificarla la compleja situación que vivía el país. Si concediéramos, en decir, que en 1972 tal vez era posible que tal alegato tuviese validez, pero resulta a todas luces evidente que al cabo de 29 años, tales circunstancias han sido superadas.
Por otra parte, en los últimos once años, las cúpulas de los partidos políticos han desnaturalizado la tutoría encomendada. En lugar de pensar en el bien común, como correspondía, se han limitado a actuar en función de sus propias agrupaciones. Han convertido el sistema político panameño en un entaramado de complicidades, haciéndolo totalmente inoperante para cualquier función pública mínimamente decente. Legislan de espalda al pueblo y amparados en esa supuesta legalidad que ellos mismos impunemente irrespetan cuando les conviene, han conducido al país a una peligrosa inestabilidad política, económica y social.
Ante la situación descrita, sólo queda un camino: la Asamblea Nacional Constituyente, única instancia política capaz de desmontar esta partidocracia que amenaza con disolver la República. El otro camino, el de la reforma constitucional asomada por los partidos del status, ya demostró que es absolutamente inviable. Sólo el Poder Constituyente por ser expresión auténtica de la soberanía popular tiene facilidades para realizar esta difícil tarea.
El pueblo panameño viene contemplando una serie de hechos que lo desconciertan cada día más. Uno de ellos es, sin duda, el denominado "diálogo nacional", cuyos promotores, participantes y defensores han olvidado muy campantemente que el pueblo panameño es un pueblo inteligente y que, aún cuando muchos pueden ser engañados por este nuevo escenario con bochornosos actores, son más los que no se dejarán engañar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque de un extremo al otro del país, aumenta el número de quienes saben perfectamente que este denominado "diálogo nacional" no es otra cosa que una manera de intentar evadir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitutente, que es el verdadero y único camino para un diálogo nacional de verdad.
La premeditada tendencia a desvirtuar la importancia y el valor del conocimiento, que existe entre las cúpulas rectoras del partidismo, los lleva a olvidar que la revolución de la inteligencia que vive hoy día la humanidad crece con el paso de los días. Que a los panameños no se nos podrá mantener más marginados o excluidos de la participación política, con el propósito de evitarnos encarar la realidad social.
Así tenemos que el denominado "diálogo nacional", sustentado por las cúpulas de poder, sirve para seguirle dando a la mayoría de la población la ilusión de que con el actual ordenamiento jurídico y político, tiene mecanismos para mejorar sus cada vez peores condiciones de vida. Se valen de este mecanismo -que no es más que un monólogo paralelo- para hacernos creer que es sólo dentro del esquema jurídico imperante dentro del cual se pueden introducir transformaciones políticas, económicas y sociales, al tiempo que insisten en vendernos la idea que nos encontramos en un Estado de Derecho por el simple hecho que ya no hay dictadura militar.
Recurren al denominado "diálogo", el cual no llena los más elementales requisitos democráticos -puesto que lo realizan a puertas cerradas-, entre ellos y para ellos. Para repartirse -de espaldas a la opinión pública- todo lo que encuentre en el camino de su partidocracia y de su insaciable gula por la cosa pública. Actúan sobre la base que "los derechos ya no son iguales, en el sentido de que no son los mismos para todos: son más grandes para algunos, más pequeños para otros." Ello son "algunos"...el pueblo son los "otros".
Es casualmente, a mi entender, la necesidad de romper con una serie de prácticas que permiten que cada vez haya más privilegios para los privilegiados, lo que nos aleja más de la posibilidad real de una empresa democratizadora y democrática, la que hace urgente la necesidad de una Constituyente, a la que tanto temen los tartufos del "diálogo nacional", los que no quieren conversar o dialogar con el pueblo y con todas sus organizaciones.
La Constitución vigente en nuestro país no se corresponde con la realidad nacional. En realidad, la Constitución vigente, más que una ley fundamental es la versión jurídica-política del golpe de estado y de los pactos que se han venido dando entre las cúpulas de los partidos políticos y las cúpulas de los factores reales de poder económico. Sus firmantes, decidieron en 1972, en 1978 y en 1983, implantar en Panamá una democracia tutelada y alegaron (y aún alegan) para justificarla la compleja situación que vivía el país. Si concediéramos, en decir, que en 1972 tal vez era posible que tal alegato tuviese validez, pero resulta a todas luces evidente que al cabo de 29 años, tales circunstancias han sido superadas.
Por otra parte, en los últimos once años, las cúpulas de los partidos políticos han desnaturalizado la tutoría encomendada. En lugar de pensar en el bien común, como correspondía, se han limitado a actuar en función de sus propias agrupaciones. Han convertido el sistema político panameño en un entaramado de complicidades, haciéndolo totalmente inoperante para cualquier función pública mínimamente decente. Legislan de espalda al pueblo y amparados en esa supuesta legalidad que ellos mismos impunemente irrespetan cuando les conviene, han conducido al país a una peligrosa inestabilidad política, económica y social.
Ante la situación descrita, sólo queda un camino: la Asamblea Nacional Constituyente, única instancia política capaz de desmontar esta partidocracia que amenaza con disolver la República. El otro camino, el de la reforma constitucional asomada por los partidos del status, ya demostró que es absolutamente inviable. Sólo el Poder Constituyente por ser expresión auténtica de la soberanía popular tiene facilidades para realizar esta difícil tarea.
