Contrataciones directas

Las leyes ordenan que las compras y contrataciones de servicios que se hacen desde el Estado sigan un procedimiento que asegure la competitividad, por un lado, y la transparencia por otro. La competitividad garantiza que el Estado no estará pagando por encima de los precios de mercado y la transparencia asegura que se cumplan con los requisitos que mejor protegen el erario público de los riesgos inherentes a toda transacción. La ley no dice que la obligación de hacer una licitación está establecida solo para los Ministros deshonestos. Muy por el contrario la honestidad del Ministro consiste en cumplir la ley. Es verdad que la ley contempla excepciones a dicha obligación; no obstante, el mecanismo de compra directa también debe ser justificado, pues no se trata de que cada Ministro escoja subjetiva y caprichosamente si desea hacer una licitación o no. Esto lo decimos porque creemos que las actuales autoridades son, en su mayoría, personas de probidad certificada, pero su escasa experiencia en el manejo de la cosa pública constituye su principal riesgo al momento de cumplir con la delicada misión que se les ha confiado. El solo hecho de plantear que su presunta honestidad los exonera de cumplir con los trámites y requisitos que exige la ley, los muestra como personas que no valoran adecuadamente las leyes y las instituciones del país. Y eso no es precisamente una virtud pública. Además la sujeción a las leyes, sin excepción, nos puede garantizar que mañana no se les vaya a ocurrir decirnos que como son demócratas no necesitan respetar la Constitución.