Controversia sobre los "duty free"
ERA DE ESPERAR que bajo el nuevo gobierno surgiera una controversia sobre los almacenes que funcionan para vender artículos libres de impuesto en el Aeropuerto de Tocumen. En efecto, los notorios "duty free" son muy apetecibles para la política tradicional, porque el hecho de obtener uno de ellos depende de una concesión gubernamental como favor político. De allí que con frecuencia en el pasado la distribución de los "duty free" se haya alterado con los cambios de gobierno y porque la experiencia prueba que son sumamente rentables. Dadas estas condiciones, la tentación es grande de que con un nuevo gobierno surjan personas que están dispuestos a hacer lo imposible por obtener o mantener una de estas concesiones, e incluso, cuando un presidente de la República intenta por su discurso y su ejemplo plantear una lucha contra las formas tradicionales de corrupción que han predominado en el país.
Todo indica, si uno presta atención a los medios de comunicación, que dicha controversia ya se está produciendo en nuestro país. Los periódicos publican noticias, por ejemplo, la publicación entre otros artículos, de uno del periodista Julio Bermúdez Valdés, en el Panamá América del lunes 31 de octubre, y un aviso de Tocumen S.A. sobre la licitación pública No. 001-05-CONCE, en el Panamá América del 18 de este mes, dan claramente a entender que se están produciendo discusiones intensas sobre el tema y como resultado la junta directiva estaría considerando posponer la fecha de la licitación.
El 8 de mayo del año 2003, la junta directiva de Tocumen, S.A., sobre la base de la asesoría de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), vinculada a la ONU, adoptó su primera reglamentación. Tan pronto como el nuevo gobierno tomó posesión era natural que se revisara lo actuado por la actuación de pasados gobiernos en esta materia. Los nuevos gobernantes encontraron un enjambre de intereses confusos, carentes de la transparencia, y que, por ello, obstaculizaba la necesaria modernización del aeropuerto,
El 22 de julio del 2005, la nueva junta directiva de Tocumen, S.A., (sociedad anónima, 100% propiedad del Estado), que está integrada por representantes del gobierno, del sector empresarial y del sector laboral, algunos vinculados con las actividades comerciales en el aeropuerto. Ésta consideró conveniente modificar componentes de la reglamentación aprobada anteriormente, deseosos de contribuir a la modernización del aeropuerto y abrirlo comercialmente al mundo internacional. Pensaban que con ello se beneficiaría el desarrollo futuro del Aeropuerto Tocumen como centro de tráfico aéreo hemisférico. Sin embargo, adoptaron por lo menos seis medidas en el nuevo reglamento que han suscitado una reacción muy negativa de parte de firmas panameñas que se han activado, algunas durante muchos años en este tipo de negocio. Y todavía no se ha podido superar el conflicto en detrimento del desarrollo y de Panamá como centro turístico.
En primer lugar, la nueva junta directiva adoptó un reglamento que considera los factores en virtud de los cuales se otorgarán las concesiones de manera muy diferente a la que se había seguido hasta ahora. El reglamento de concesiones del 2003 establecía que la concesión se otorgaría sobre la base de la oferta económica más alta, mientras que el reglamento modificado del 2005 establece que la concesión se otorgará sobre la base de la máxima ponderación de la oferta técnica. En segundo lugar, lo más llamativo de dicho método es que postula que el concesionario de los 10 locales por ajudicar será uno solo, argumentando que así se hace en otros aeropuertos importantes con beneficio para los mismos y para el país en cuestión. En tercer lugar, el reglamento exige que sólo se tome en cuenta las candidaturas de personas o firmas que puedan comprobar una experiencia como concesionarios únicos en por lo menos dos aeropuertos con un tráfico por lo menos 2.5 millones de pasajeros al año. Evidentemente, ello descalifica a todas las personas o firmas panameñas que hasta la fecha han ejercido este giro de comercio de ventas al por menor, aunque aquellas que están acostumbradas a activarse como subcontratistas podrían tratar de asociarse a firmas extranjeras. En cuarto lugar, el reglamento, a diferencia de todos los otros reglamentos de licitación en Panamá, permite que un solo licitante participe y gane sin que se declare por ello desierto el acto público. En quinto lugar, de acuerdo con el nuevo reglamento, si varios licitantes participan, sólo en el caso de áquel que reciba la máxima ponderación por su propuesta técnica se hará pública la oferta económica, sin que los otros licitantes ni el público en general tengan ningún conocimiento de las otras ofertas y de la ventaja económica relativa de la propuesta ganadora. En sexto lugar, mientras que el nuevo reglamento establece que todos los miembros de la comisión evaluadora serán nombrados a su discreción por el Gerente de Tocumen, S.A., el reglamento anterior preveía que serían integrantes de dicha comisión ex oficio, el Gerente de Planificación, el Gerente Comercial y el Gerente Administrativo de Tocumen, S.A., a quienes se les asignaba la función especifica de revisar las propuestas técnicas y de constatar si las mismas cumplían o no con los requisitos de la licitación. Sin embargo, al dar al conocer sus nombres los sometía a posibles intentos de cabildeo.
Es comprensible que estos cambios tan bruscos y alejados de la experiencia panameña anterior, hayan por ese solo hecho suscitado la reacción airada de los anteriores concesionarios. Pero ello no explica toda su reacción. En realidad, el reglamento cualquiera que fueran sus buenas intenciones, parece claramente contrario al espíritu de competencia económica que el gobierno y el país quieren para el mejoramiento de nuestra economía y para el mayor desarrollo del país. Además, introduce una discrecionalidad demasiado grande y una transparencia demasiado limitada para poder considerarlo como cónsono con los objetivos del gobierno y del propio presidente.
Debemos recordar que en su plan de gobierno, el presidente explicó "que la baja competitividad respecto a otros países limita la oferta y atracción de inversiones de Panamá, aun cuando tenga las condiciones para convertirse en la plataforma logística, de servicios y financiera". No se trata, pues, de sustituir a empresarios panameños por empresarios extranjeros, sino de ayudar a que los empresarios panameños puedan medirse en igualdad de condiciones con empresarios de otros lares. Tampoco se trata de reducir el número de empresarios, sino por el contrario de impulsar a un mayor pluralismo empresarial que haga participar a más personas de la responsabilidad que tienen los empresarios y también de las ventajas que ello acarrea. La competitividad y el pluralismo económico van de la mano. Igualmente parece importante para que los resultados de las licitaciones susciten la confianza del mundo económico en general que se proporcione la mayor información posible sobre los resultados de cada licitación. La mayoría de los agentes económicos no son gente envidiosa que quiere ganar a todo precio aunque ello le haga daño al país, pero sí son gente que quieren que el Estado de Derecho se aplique igualmente a unos y a otros con equidad.
Destaco el anuncio publicado el 18 de noviembre pasado por Tocumen, S.A., donde se anuncia: "se informará a los posibles oferentes que la Administración de Tocumen, S.A., publicará antes del 24 de noviembre (fecha prevista para la celebración del acto público), y dentro del tiempo permitido la ADDENDA correspondiente a la nueva fecha del acto público y las posibles modificaciones de esta licitación que pudieran surgir". Ello significa: 1. Que la entrega de sus propuestas por los licitantes no se llevará a cabo como estaba prevista hasta el día 24. 2. Y que ese día la entidad en cuestión propondrá "posibles modificaciones a las bases de esta licitación".
Sin duda, tales modificaciones estarán abiertas a discusión por todas las partes interesadas y no serán impuestas arbitrariamente. Si esto se realiza así, el proceso de consulta, que el presidente ha identificado como parte indispensable de su gobierno, se verificará nuevamente y nuevamente Panamá se beneficiará de una acción del Gobierno Nacional.
(ariyan@sinfo.net)
Todo indica, si uno presta atención a los medios de comunicación, que dicha controversia ya se está produciendo en nuestro país. Los periódicos publican noticias, por ejemplo, la publicación entre otros artículos, de uno del periodista Julio Bermúdez Valdés, en el Panamá América del lunes 31 de octubre, y un aviso de Tocumen S.A. sobre la licitación pública No. 001-05-CONCE, en el Panamá América del 18 de este mes, dan claramente a entender que se están produciendo discusiones intensas sobre el tema y como resultado la junta directiva estaría considerando posponer la fecha de la licitación.
El 8 de mayo del año 2003, la junta directiva de Tocumen, S.A., sobre la base de la asesoría de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), vinculada a la ONU, adoptó su primera reglamentación. Tan pronto como el nuevo gobierno tomó posesión era natural que se revisara lo actuado por la actuación de pasados gobiernos en esta materia. Los nuevos gobernantes encontraron un enjambre de intereses confusos, carentes de la transparencia, y que, por ello, obstaculizaba la necesaria modernización del aeropuerto,
El 22 de julio del 2005, la nueva junta directiva de Tocumen, S.A., (sociedad anónima, 100% propiedad del Estado), que está integrada por representantes del gobierno, del sector empresarial y del sector laboral, algunos vinculados con las actividades comerciales en el aeropuerto. Ésta consideró conveniente modificar componentes de la reglamentación aprobada anteriormente, deseosos de contribuir a la modernización del aeropuerto y abrirlo comercialmente al mundo internacional. Pensaban que con ello se beneficiaría el desarrollo futuro del Aeropuerto Tocumen como centro de tráfico aéreo hemisférico. Sin embargo, adoptaron por lo menos seis medidas en el nuevo reglamento que han suscitado una reacción muy negativa de parte de firmas panameñas que se han activado, algunas durante muchos años en este tipo de negocio. Y todavía no se ha podido superar el conflicto en detrimento del desarrollo y de Panamá como centro turístico.
En primer lugar, la nueva junta directiva adoptó un reglamento que considera los factores en virtud de los cuales se otorgarán las concesiones de manera muy diferente a la que se había seguido hasta ahora. El reglamento de concesiones del 2003 establecía que la concesión se otorgaría sobre la base de la oferta económica más alta, mientras que el reglamento modificado del 2005 establece que la concesión se otorgará sobre la base de la máxima ponderación de la oferta técnica. En segundo lugar, lo más llamativo de dicho método es que postula que el concesionario de los 10 locales por ajudicar será uno solo, argumentando que así se hace en otros aeropuertos importantes con beneficio para los mismos y para el país en cuestión. En tercer lugar, el reglamento exige que sólo se tome en cuenta las candidaturas de personas o firmas que puedan comprobar una experiencia como concesionarios únicos en por lo menos dos aeropuertos con un tráfico por lo menos 2.5 millones de pasajeros al año. Evidentemente, ello descalifica a todas las personas o firmas panameñas que hasta la fecha han ejercido este giro de comercio de ventas al por menor, aunque aquellas que están acostumbradas a activarse como subcontratistas podrían tratar de asociarse a firmas extranjeras. En cuarto lugar, el reglamento, a diferencia de todos los otros reglamentos de licitación en Panamá, permite que un solo licitante participe y gane sin que se declare por ello desierto el acto público. En quinto lugar, de acuerdo con el nuevo reglamento, si varios licitantes participan, sólo en el caso de áquel que reciba la máxima ponderación por su propuesta técnica se hará pública la oferta económica, sin que los otros licitantes ni el público en general tengan ningún conocimiento de las otras ofertas y de la ventaja económica relativa de la propuesta ganadora. En sexto lugar, mientras que el nuevo reglamento establece que todos los miembros de la comisión evaluadora serán nombrados a su discreción por el Gerente de Tocumen, S.A., el reglamento anterior preveía que serían integrantes de dicha comisión ex oficio, el Gerente de Planificación, el Gerente Comercial y el Gerente Administrativo de Tocumen, S.A., a quienes se les asignaba la función especifica de revisar las propuestas técnicas y de constatar si las mismas cumplían o no con los requisitos de la licitación. Sin embargo, al dar al conocer sus nombres los sometía a posibles intentos de cabildeo.
Es comprensible que estos cambios tan bruscos y alejados de la experiencia panameña anterior, hayan por ese solo hecho suscitado la reacción airada de los anteriores concesionarios. Pero ello no explica toda su reacción. En realidad, el reglamento cualquiera que fueran sus buenas intenciones, parece claramente contrario al espíritu de competencia económica que el gobierno y el país quieren para el mejoramiento de nuestra economía y para el mayor desarrollo del país. Además, introduce una discrecionalidad demasiado grande y una transparencia demasiado limitada para poder considerarlo como cónsono con los objetivos del gobierno y del propio presidente.
Debemos recordar que en su plan de gobierno, el presidente explicó "que la baja competitividad respecto a otros países limita la oferta y atracción de inversiones de Panamá, aun cuando tenga las condiciones para convertirse en la plataforma logística, de servicios y financiera". No se trata, pues, de sustituir a empresarios panameños por empresarios extranjeros, sino de ayudar a que los empresarios panameños puedan medirse en igualdad de condiciones con empresarios de otros lares. Tampoco se trata de reducir el número de empresarios, sino por el contrario de impulsar a un mayor pluralismo empresarial que haga participar a más personas de la responsabilidad que tienen los empresarios y también de las ventajas que ello acarrea. La competitividad y el pluralismo económico van de la mano. Igualmente parece importante para que los resultados de las licitaciones susciten la confianza del mundo económico en general que se proporcione la mayor información posible sobre los resultados de cada licitación. La mayoría de los agentes económicos no son gente envidiosa que quiere ganar a todo precio aunque ello le haga daño al país, pero sí son gente que quieren que el Estado de Derecho se aplique igualmente a unos y a otros con equidad.
Destaco el anuncio publicado el 18 de noviembre pasado por Tocumen, S.A., donde se anuncia: "se informará a los posibles oferentes que la Administración de Tocumen, S.A., publicará antes del 24 de noviembre (fecha prevista para la celebración del acto público), y dentro del tiempo permitido la ADDENDA correspondiente a la nueva fecha del acto público y las posibles modificaciones de esta licitación que pudieran surgir". Ello significa: 1. Que la entrega de sus propuestas por los licitantes no se llevará a cabo como estaba prevista hasta el día 24. 2. Y que ese día la entidad en cuestión propondrá "posibles modificaciones a las bases de esta licitación".
Sin duda, tales modificaciones estarán abiertas a discusión por todas las partes interesadas y no serán impuestas arbitrariamente. Si esto se realiza así, el proceso de consulta, que el presidente ha identificado como parte indispensable de su gobierno, se verificará nuevamente y nuevamente Panamá se beneficiará de una acción del Gobierno Nacional.
(ariyan@sinfo.net)
