Convenio de cooperación
LA DEFENSORÍA del Pueblo de Panamá y el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, han suscrito un Convenio de Cooperación para la Promoción del Ejercicio Ético de la Abogacía en base a las normativas vigentes que son ley de la República.
Entre los propósitos de este Convenio está " el de establecer nexos formales de colaboración entre las partes, a fin de promover el ejercicio ético de la abogacía en la República de Panamá, considerando la importancia estratégica de que en su calidad de auxiliares de la Justicia, están revestidos los profesionales de la abogacía."
Además en conjunto con el Tribunal de Honor publicarán tanto en el nodo de Transparencia de la Defensoría (www.defensoriadelpueblo.gob.pa) como en la página de Internet del Colegio Nacional de Abogados (www.cnapanama.com), la lista de los profesionales del derecho cuyo nombre ha sido enviado a la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta comisión de faltas a la ética profesional del abogado. También en conjunto la Defensoría con el Tribunal de Honor "se comprometen a destinar recursos humanos y físicos suficientes para promover a nivel nacional en las Facultades de Derecho, tanto de las Universidades públicas como privadas, foros de discusión, seminarios y programas de divulgación y promoción del ejercicio ético de la profesión de abogado, así como a promover la inclusión en los programas de estudio de las Facultades de Derecho de la enseñanza de la ética".
El papel que cumplen los profesionales del Derecho en nuestra sociedad requiere de una mayor capacitación, no sólo en lo que al conocimiento de las ciencias jurídicas se refiere, también en el comportamiento ético que deben desarrollar en todo momento.
Desde la caída de los dictadores y regímenes autoritarios en muchos países del hemisferio, se han logrado avances tendientes a garantizar un mejor desempeño ético de los abogados, lo cual es cada día más necesario para establecer un sistema más democrático. Sin embargo, en nuestro medio, poco se ha hecho en ese terreno y mucho es lo que se requiere en las actuales circunstancias.
Las faltas a la ética y otras prácticas indebidas por parte de una minoría de los más de diez mil profesionales de derecho idóneos para el ejercicio de la abogacía en Panamá, no son los que deben empañar o desacreditar el papel que le corresponde al derecho como motor de los cambios que urgen para Panamá. De ahí que el Convenio de Cooperación entre la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, además de ser un paso inicial para fortalecer la transparencia y la información que deben disfrutar los ciudadanos en estos temas, debería también servir de punto de referencia para que otras profesiones y otros gremios se sumen a la promoción , instrucción y difusión del cumplimiento de los principios y valores éticos que deben guiar a los ciudadanos.
Sin duda, no faltarán quienes acostumbrados al oscurantismo y el secretismo que sirven de aliados y soportes importantes para la corrupción y la impunidad, consideren que no debe ni hablarse de ética y menos aún de transparencia dentro del ejercicio de la profesión del derecho. Sin embargo, creemos que la ciudadanía sabrá ir dando su aporte para que dejemos atrás actitudes y acciones que no corresponden a los tiempos de una democracia verdaderamente participativa en la que la acción ciudadana lidere.
Entre los propósitos de este Convenio está " el de establecer nexos formales de colaboración entre las partes, a fin de promover el ejercicio ético de la abogacía en la República de Panamá, considerando la importancia estratégica de que en su calidad de auxiliares de la Justicia, están revestidos los profesionales de la abogacía."
Además en conjunto con el Tribunal de Honor publicarán tanto en el nodo de Transparencia de la Defensoría (www.defensoriadelpueblo.gob.pa) como en la página de Internet del Colegio Nacional de Abogados (www.cnapanama.com), la lista de los profesionales del derecho cuyo nombre ha sido enviado a la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta comisión de faltas a la ética profesional del abogado. También en conjunto la Defensoría con el Tribunal de Honor "se comprometen a destinar recursos humanos y físicos suficientes para promover a nivel nacional en las Facultades de Derecho, tanto de las Universidades públicas como privadas, foros de discusión, seminarios y programas de divulgación y promoción del ejercicio ético de la profesión de abogado, así como a promover la inclusión en los programas de estudio de las Facultades de Derecho de la enseñanza de la ética".
El papel que cumplen los profesionales del Derecho en nuestra sociedad requiere de una mayor capacitación, no sólo en lo que al conocimiento de las ciencias jurídicas se refiere, también en el comportamiento ético que deben desarrollar en todo momento.
Desde la caída de los dictadores y regímenes autoritarios en muchos países del hemisferio, se han logrado avances tendientes a garantizar un mejor desempeño ético de los abogados, lo cual es cada día más necesario para establecer un sistema más democrático. Sin embargo, en nuestro medio, poco se ha hecho en ese terreno y mucho es lo que se requiere en las actuales circunstancias.
Las faltas a la ética y otras prácticas indebidas por parte de una minoría de los más de diez mil profesionales de derecho idóneos para el ejercicio de la abogacía en Panamá, no son los que deben empañar o desacreditar el papel que le corresponde al derecho como motor de los cambios que urgen para Panamá. De ahí que el Convenio de Cooperación entre la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, además de ser un paso inicial para fortalecer la transparencia y la información que deben disfrutar los ciudadanos en estos temas, debería también servir de punto de referencia para que otras profesiones y otros gremios se sumen a la promoción , instrucción y difusión del cumplimiento de los principios y valores éticos que deben guiar a los ciudadanos.
Sin duda, no faltarán quienes acostumbrados al oscurantismo y el secretismo que sirven de aliados y soportes importantes para la corrupción y la impunidad, consideren que no debe ni hablarse de ética y menos aún de transparencia dentro del ejercicio de la profesión del derecho. Sin embargo, creemos que la ciudadanía sabrá ir dando su aporte para que dejemos atrás actitudes y acciones que no corresponden a los tiempos de una democracia verdaderamente participativa en la que la acción ciudadana lidere.
