Corporatización de Tocumen
Por muchos años, el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha causado descontento por el pésimo servicio prestado. Por ello, la administración anterior, la cual consideró que los escasos recursos del Estado no debían ser utilizados para inversiones y operaciones como éstas, promovió su privatización. Al no lograrlo, por razones en sí peculiares, el gobierno de turno, antojadizamente opuesto a la privatización, puso en hielo el proceso iniciado por su antecesor y tardíamente optó por el híbrido de la corporatización. A pesar de los positivos resultados iniciales, pareciera que el Gobierno insiste en ejercer su férreo control de la actividad, imposibilitando el buen desarrollo de la misma.
Tocumen es la primera impresión que tienen los turistas al visitar nuestro país. A pesar de los esfuerzos por atraer a las navieras, para que los cruceros atraquen en nuestros puertos y permitan que sus pasajeros visiten lo que queda de nuestros privilegiados destinos turísticos, el transporte aéreo sigue siendo el principal medio para visitar el país. Es por eso que luego de los programas lanzados para atraer a los turistas a nuestro país, el Gobierno se ha visto obligado a prestarle atención al aeropuerto. Un turista que viene atraído por la propaganda y es recibido por un aeropuerto decrépito, indistintamente de su experiencia durante su visita a Panamá no sólo no regresará, sino que pasará la voz y disuadirá a muchos otros de visitarnos.
La administración de turno, acomodaticia de los estereotipos populares en contra de la privatización, ignoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras que el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) hacía refrescantes esfuerzos a favor del turismo. No fue sino hasta principios de este año que optó por la corporatización de las actividades aeroportuarias más importantes del país, luego de la renovación total de la legislación nacional de aeronáutica.
Esa "corporatización" implicó la constitución de una sociedad mercantil, denominada Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., a la cual el Estado traspasó los activos y pasivos de la facilidad aeroportuaria, inclusive la obligación de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En virtud de la ley que regula esta actividad, esa sociedad debe ser operada con eficiencia, transparencia y trato igualitario, para garantizar la prestación del servicio aeroportuario.
De acuerdo a la ley, su junta directiva está compuesta de siete miembros, cuatro nombrados libremente por el Ejecutivo y tres nombrados de ternas designadas por las asociaciones de aerolíneas, los comerciantes del aeropuerto y los trabajadores del mismo. Su gerente general, sin embargo, es nombrado por el Organo Ejecutivo, pero puede ser removido por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva.
A pesar de los notables avances recientes, al menos en lo que respecta a acondicionador de aire, las escaleras eléctricas y la limpieza en los baños, el Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., Julio Córdoba, fue cesado de su cargo recientemente por razones que aún se desconocen oficialmente. En sus pasillos, se rumora que la terminación podría obedecer a una investigación que realizó sobre las concesiones de las tiendas libres que funcionan en el terminal aéreo o a la destitución de una funcionaria que fue posteriormente restituida en su cargo.
Fuera la que sea la razón, salvo que se ofrezca una explicación distinta, a menos de un año de la adopción de este régimen híbrido pareciera que ya comienza a demostrar que adolece de las mismas deficiencias que las dependencias directas del Estado. Ante todo, nos sigue preocupando el problema de fondo: la disponibilidad de un aeropuerto eficiente y seguro, que ofrezca una cara digna de envidia para que esa primera impresión del país sea placentera.
Tocumen es la primera impresión que tienen los turistas al visitar nuestro país. A pesar de los esfuerzos por atraer a las navieras, para que los cruceros atraquen en nuestros puertos y permitan que sus pasajeros visiten lo que queda de nuestros privilegiados destinos turísticos, el transporte aéreo sigue siendo el principal medio para visitar el país. Es por eso que luego de los programas lanzados para atraer a los turistas a nuestro país, el Gobierno se ha visto obligado a prestarle atención al aeropuerto. Un turista que viene atraído por la propaganda y es recibido por un aeropuerto decrépito, indistintamente de su experiencia durante su visita a Panamá no sólo no regresará, sino que pasará la voz y disuadirá a muchos otros de visitarnos.
La administración de turno, acomodaticia de los estereotipos populares en contra de la privatización, ignoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras que el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) hacía refrescantes esfuerzos a favor del turismo. No fue sino hasta principios de este año que optó por la corporatización de las actividades aeroportuarias más importantes del país, luego de la renovación total de la legislación nacional de aeronáutica.
Esa "corporatización" implicó la constitución de una sociedad mercantil, denominada Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., a la cual el Estado traspasó los activos y pasivos de la facilidad aeroportuaria, inclusive la obligación de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En virtud de la ley que regula esta actividad, esa sociedad debe ser operada con eficiencia, transparencia y trato igualitario, para garantizar la prestación del servicio aeroportuario.
De acuerdo a la ley, su junta directiva está compuesta de siete miembros, cuatro nombrados libremente por el Ejecutivo y tres nombrados de ternas designadas por las asociaciones de aerolíneas, los comerciantes del aeropuerto y los trabajadores del mismo. Su gerente general, sin embargo, es nombrado por el Organo Ejecutivo, pero puede ser removido por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva.
A pesar de los notables avances recientes, al menos en lo que respecta a acondicionador de aire, las escaleras eléctricas y la limpieza en los baños, el Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., Julio Córdoba, fue cesado de su cargo recientemente por razones que aún se desconocen oficialmente. En sus pasillos, se rumora que la terminación podría obedecer a una investigación que realizó sobre las concesiones de las tiendas libres que funcionan en el terminal aéreo o a la destitución de una funcionaria que fue posteriormente restituida en su cargo.
Fuera la que sea la razón, salvo que se ofrezca una explicación distinta, a menos de un año de la adopción de este régimen híbrido pareciera que ya comienza a demostrar que adolece de las mismas deficiencias que las dependencias directas del Estado. Ante todo, nos sigue preocupando el problema de fondo: la disponibilidad de un aeropuerto eficiente y seguro, que ofrezca una cara digna de envidia para que esa primera impresión del país sea placentera.
