Corredor Sur y daño ecológico
En el análisis sobre el fenómeno del comportamiento de masas son innumerables los autores que han tratado de dar una explicación científica a los distintos procesos cognocitivos que intervienen en ese comportamiento. Los cientistas sociales no han escatimado esfuerzos en desarrollar diversas teorías que tratan de encontrar el origen de las distintas reacciones que desarrollan las masas ante los distintos eventos que la historia registra como actitud de éstas. Así tenemos por ejemplo, que los grandes cambios históricos han sido el producto de una reacción social, y sin entrar a calificar lo positivo o no de dichos cambios, lo cierto es que estos han sido precedidos siempre por la movilidad social. Sin embargo, esta realidad no deja de ocultar otra, además no menos cierta, y es que no necesariamente el efecto producido por una reacción de masas generará incuestionablemente una consecuencia más ventajosa para la individualidad que constituye la masa, de la que ésta ha tratado de soslayar o erradicar. En ocasiones incluso, el resultado del esfuerzo social tiende a favorecer sólo ciertos sectores de aquellas masas inicialmente descontentas, con el status quo removido, en detrimento de la gran mayoría, aparentemente desfavorecidas por él y de cuya inconformidad se derivó su reacción.
Este preámbulo no es alegórico, sino procura dar una anticipada explicación sociológica a lo no menos incomprensible posición de un sector de la comunidad que ha manifestado su presunta afectación por la construcción de una obra de infraestructura vial conocida como Corredor Sur y la cual llevó a cabo una empresa extranjera en nuestro país. Pero las masas son irremediablemente irreverentes al sentido común. Sólo ello explica el que los presuntos afectados hayan concretado la protesta de su improbable afectación, promoviendo ante las autoridades de El Tribunal Centroamericano del Agua una demanda civil por mala gestión o negligencia para procurar resarcirse de los supuestos daños y perjuicios causados por el Estado panameño, la empresa ICA e IFC o Corporación Financiera Internacional, la empresa que otorgó el financiamiento, por ser los prenombrados los responsables de la construcción de la precitada obra civil que ya está ofreciendo una indiscutible contribución a la solución de uno de los problemas más angustiosos de la urbe capitalina, como lo es el tránsito terrestre y lo que este dispensa, la locomoción de bienes y personas.
Pero son diversos los intereses que conforman este heterógeneo abanico de protestantes. Los hay quienes poseían propiedades ubicadas en la ruta misma del sinuoso corredor y que por ende debían ser removidos en atención al interés público como lo establece la Constitución. Estos, los menos, se vieron favorecidos por la generosa mano de las circunstancias aleatorias del decurrir vital, pues ninguno sospechaba hace una década que su sacrificada contribución daría paso a esta magna obra en beneficio de la colectividad. Y fueron compensados con nuevas viviendas o en su defecto, con justas indemnizaciones que le permitirían la adquisición de una nueva, probablemente con más decoro que la anterior. También los hay quienes desempeñan sus actividades de sustento en áreas marginales a la ruta, como el caso de los moradores de La Playita, San Sebastián y Boca la Caja. De éstos también se encargaron en su oportunidad, aquellos a quienes les incumbía asumir el resarcimiento de esta clase de afectación. Existen también os propietarios de viviendas ubicadas en las cercanías de la ruta, pero que como en el caso de Campo Limbergh, Las Acacias, Ciudad Radial, etc., el único perjuicio, si es que se puede considerar como tal, es que su familia deba soportarlo más tiempo en su estancia hogareña a consecuencia de su rápido desplazamiento o que cuando viaje en sentido contrario no tenga excusa ante su jefe por una tardanza laboral, pero de ninguna manera les asiste derecho para reclamar la vulnerabilidad de un derecho subjetivo violado a resultadas del desarrollo de esta obra de infraestructura o sentirse con derechos para incluirse en una lista de posibles afectados por los remotos efectos producidos por una supuesta alteración de las corrientes marinas y el incremento de la contaminación de los ecosistemas que interactúan en la adyacencia oceánica de la ruta del Corredor Sur. De manera que no podemos comprender qué hacen éstos, al igual que aquellos, reclamando supuestos daños inflingidos en su contra por virtud de la construcción de esta solución vial. Si lo anterior es inadmisible por lo ridículo, lo que viene lo es por lo absurdo. Se trata de la algarabía emprendida por las señoras del té y los señores del golf, que constituyen el grupo de propietarios de los barrios ubicados en las cercanías de la ruta, pero que a contrario de los prenombrados, no son precisamente marginados, sino moradores de barrios de clase económicamente alta, cuya única y verdadera preocupación ha sido y seguirá siendo toda la vida sus intereses económicos, como lo son los residentes de Coco del Mar y Punta Paitilla. Ellos sienten que el Corredor desmejorará el valor inmobiliario de sus propiedades y que su egoismo snobista se resentirá cuando surja una urbanización con una moderna planificación, propia del nuevo milenio, como según sus promotores, promete serlo Punta Pacífica, que probablemente hará lucir sus barrios como una antiguedad fuera de moda, lo que eventualmente pudiera afectar el valor de sus propiedades y eso, precisamente eso, no los deja dormir. Pero la solución es fácil. Compren en el nuevo proyecto y múdence a la nueva ciudad para que tal actitud se compadezca con la naturaleza propia de su clase, pero por favor dejen que el país se desarrolle sin lo que hasta hoy ha sido su necesaria participación.
Pero en otro orden, yo quisiera saber por qué los demandantes, eregidos en defensores del medio ambiente, no recurren a los Tribunales Internacionales para interponer acciones contra un sinnúmero de empresas que han venido intoxicando el ambiente panameño, los ecosistemas marinos y terrestres, el aire etc. Tal es el caso de una empresa que hace más de cuarenta años, de manera sistemática e ininterrumpida, ha contaminado toda la flora y fauna del área donde se encuentra asentada, como lo es Cemento Panamá, y no ha sido posible lograr que sus propietarios tomen conciencia del severo daño que produce al ambiente las emanaciones producidas por su actividad industrial habitual. Pero es probable que la sorpresa nos lleve si se nos ocurre investigar la composición de la Junta Directiva y los accionistas de dicha empresa, pues nos encontraremos quizás con que una porción importante de éstos forman parte del conglomerado de residentes que componen el grupo de los que hoy se manifiestan como los más vehementes defensores del medio ambiente periférico de la ruta del Corredor Sur. Ha sido una constante universal que el deterioro que el ser humano le ha prodigado al ambiente en todas las regiones del planeta, ha sido motivado por el afán de lucro, usando como subterfugio, la búsqueda de un elevado nivel de desarrollo tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y los sectores que han llevado a cabo la destrucción de nuestros mares, aires y tierras, bajo el influjo de esa falacia del desarrollo, han sido precisamente, aquellos que poseen las condiciones económicamente privilegiadas para llevar a cabo tan devastadora tarea. Mal pueden pues, ser ahora los sectores de nuestra burguesía criolla los llamados a defender los intereses de la Tierra, que tanto se han esmerado sin ningún hálito de misericordia, en destruir. Por favor desistan de las infundadas acciones en contra del Estado, que somos todos y que por consiguiente todos tendríamos que pagar, pues sería absurdo que los ciudadanos tengamos que pagarles a ustedes, por algo que a todos nos ha beneficiado. ¡Déjense de hipocresía!
Este preámbulo no es alegórico, sino procura dar una anticipada explicación sociológica a lo no menos incomprensible posición de un sector de la comunidad que ha manifestado su presunta afectación por la construcción de una obra de infraestructura vial conocida como Corredor Sur y la cual llevó a cabo una empresa extranjera en nuestro país. Pero las masas son irremediablemente irreverentes al sentido común. Sólo ello explica el que los presuntos afectados hayan concretado la protesta de su improbable afectación, promoviendo ante las autoridades de El Tribunal Centroamericano del Agua una demanda civil por mala gestión o negligencia para procurar resarcirse de los supuestos daños y perjuicios causados por el Estado panameño, la empresa ICA e IFC o Corporación Financiera Internacional, la empresa que otorgó el financiamiento, por ser los prenombrados los responsables de la construcción de la precitada obra civil que ya está ofreciendo una indiscutible contribución a la solución de uno de los problemas más angustiosos de la urbe capitalina, como lo es el tránsito terrestre y lo que este dispensa, la locomoción de bienes y personas.
Pero son diversos los intereses que conforman este heterógeneo abanico de protestantes. Los hay quienes poseían propiedades ubicadas en la ruta misma del sinuoso corredor y que por ende debían ser removidos en atención al interés público como lo establece la Constitución. Estos, los menos, se vieron favorecidos por la generosa mano de las circunstancias aleatorias del decurrir vital, pues ninguno sospechaba hace una década que su sacrificada contribución daría paso a esta magna obra en beneficio de la colectividad. Y fueron compensados con nuevas viviendas o en su defecto, con justas indemnizaciones que le permitirían la adquisición de una nueva, probablemente con más decoro que la anterior. También los hay quienes desempeñan sus actividades de sustento en áreas marginales a la ruta, como el caso de los moradores de La Playita, San Sebastián y Boca la Caja. De éstos también se encargaron en su oportunidad, aquellos a quienes les incumbía asumir el resarcimiento de esta clase de afectación. Existen también os propietarios de viviendas ubicadas en las cercanías de la ruta, pero que como en el caso de Campo Limbergh, Las Acacias, Ciudad Radial, etc., el único perjuicio, si es que se puede considerar como tal, es que su familia deba soportarlo más tiempo en su estancia hogareña a consecuencia de su rápido desplazamiento o que cuando viaje en sentido contrario no tenga excusa ante su jefe por una tardanza laboral, pero de ninguna manera les asiste derecho para reclamar la vulnerabilidad de un derecho subjetivo violado a resultadas del desarrollo de esta obra de infraestructura o sentirse con derechos para incluirse en una lista de posibles afectados por los remotos efectos producidos por una supuesta alteración de las corrientes marinas y el incremento de la contaminación de los ecosistemas que interactúan en la adyacencia oceánica de la ruta del Corredor Sur. De manera que no podemos comprender qué hacen éstos, al igual que aquellos, reclamando supuestos daños inflingidos en su contra por virtud de la construcción de esta solución vial. Si lo anterior es inadmisible por lo ridículo, lo que viene lo es por lo absurdo. Se trata de la algarabía emprendida por las señoras del té y los señores del golf, que constituyen el grupo de propietarios de los barrios ubicados en las cercanías de la ruta, pero que a contrario de los prenombrados, no son precisamente marginados, sino moradores de barrios de clase económicamente alta, cuya única y verdadera preocupación ha sido y seguirá siendo toda la vida sus intereses económicos, como lo son los residentes de Coco del Mar y Punta Paitilla. Ellos sienten que el Corredor desmejorará el valor inmobiliario de sus propiedades y que su egoismo snobista se resentirá cuando surja una urbanización con una moderna planificación, propia del nuevo milenio, como según sus promotores, promete serlo Punta Pacífica, que probablemente hará lucir sus barrios como una antiguedad fuera de moda, lo que eventualmente pudiera afectar el valor de sus propiedades y eso, precisamente eso, no los deja dormir. Pero la solución es fácil. Compren en el nuevo proyecto y múdence a la nueva ciudad para que tal actitud se compadezca con la naturaleza propia de su clase, pero por favor dejen que el país se desarrolle sin lo que hasta hoy ha sido su necesaria participación.
Pero en otro orden, yo quisiera saber por qué los demandantes, eregidos en defensores del medio ambiente, no recurren a los Tribunales Internacionales para interponer acciones contra un sinnúmero de empresas que han venido intoxicando el ambiente panameño, los ecosistemas marinos y terrestres, el aire etc. Tal es el caso de una empresa que hace más de cuarenta años, de manera sistemática e ininterrumpida, ha contaminado toda la flora y fauna del área donde se encuentra asentada, como lo es Cemento Panamá, y no ha sido posible lograr que sus propietarios tomen conciencia del severo daño que produce al ambiente las emanaciones producidas por su actividad industrial habitual. Pero es probable que la sorpresa nos lleve si se nos ocurre investigar la composición de la Junta Directiva y los accionistas de dicha empresa, pues nos encontraremos quizás con que una porción importante de éstos forman parte del conglomerado de residentes que componen el grupo de los que hoy se manifiestan como los más vehementes defensores del medio ambiente periférico de la ruta del Corredor Sur. Ha sido una constante universal que el deterioro que el ser humano le ha prodigado al ambiente en todas las regiones del planeta, ha sido motivado por el afán de lucro, usando como subterfugio, la búsqueda de un elevado nivel de desarrollo tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y los sectores que han llevado a cabo la destrucción de nuestros mares, aires y tierras, bajo el influjo de esa falacia del desarrollo, han sido precisamente, aquellos que poseen las condiciones económicamente privilegiadas para llevar a cabo tan devastadora tarea. Mal pueden pues, ser ahora los sectores de nuestra burguesía criolla los llamados a defender los intereses de la Tierra, que tanto se han esmerado sin ningún hálito de misericordia, en destruir. Por favor desistan de las infundadas acciones en contra del Estado, que somos todos y que por consiguiente todos tendríamos que pagar, pues sería absurdo que los ciudadanos tengamos que pagarles a ustedes, por algo que a todos nos ha beneficiado. ¡Déjense de hipocresía!
