¡Corrupción!
Las encuestas revelan que los panameños y panameñas consideramos por amplio margen que nuestros gobiernos han adolecido de la corrupción. Me refiero a los tres gobiernos democráticos que hemos tenido desde 1989, pues al funcionar según un estado de derecho y estar llamados a responder a las exigencias de los gobernados, se podía esperar de ellos una gestión honrada. La corrupción es un factor extraño a los gobiernos democráticos, ya que los pervierte. De los gobiernos militaristas de la dictadura, por lo contrario, no se podía esperar una gestión honrada. Por arbitrarios e irresponsables ante la voluntad popular, la corrupción les era consubstancial. Dependían de ella para su supervivencia.
La corrupción tiene diversas causas. Primero, todo gobierno está hecho de seres humanos. Como tales somos libres para escoger entre el bien y el mal, capaces de generosidad heroica y propensos al ensimismamiento egoísta. Por ello, en todo gobierno pueden darse actos de corrupción entremezclados con actos de rectitud y de desprendimiento.
Segundo, todo gobierno refleja la sociedad a la que sirve. Nuestra sociedad está penetrada por la corrupción, debido al tradicionalismo socio-político que prevaleció antes del ´68 y a la perversión del poder público y de sus vínculos con la sociedad bajo la dictadura. Bajo ésta, el mando prepotente y rapaz de unos pocos sólo fue posible gracias al servilismo cómplice de muchos más. La corrupción también se debe a la crisis de valores en nuestra democracia, que queremos hacer más auténtica, es decir más descentralizada, participativa y transparente.
La situación casi de quiebra de uno de los consorcios panameños más importantes, debido a prácticas deshonestas, en detrimento de numerosas personas que compraron sus bonos, es prueba de que la corrupción penetra no sólo el Gobierno, sino la economía y la sociedad. Por cada empleado del sector público corrupto hay por lo menos un miembro de la sociedad civil corruptor.
Nuestros políticos y gobernantes no son más corruptos que los integrantes de nuestro pueblo. Pero están más expuestos al examen público y tienen más oportunidad para incurrir en actos de corrupción. Cuando oía la afirmación de que "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente", Thelma King argumentaba con razón: "No, el poder no corrompe, sino desenmascara". Tal que lo ha expresado Carlos Iván Zuñiga: "el poder saca el cobre".
¿En qué consiste la corrupción? La han definido como "el uso de poder público para provecho propio" (La Corrupción, las iniciativas para mejorar la integridad en los países en desarrollo, PNUD, 2000, p.142). La corrupción consiste en la apropiación por un individuo o un grupo restringido para su beneficio propio, gracias al ejercicio del poder público, de un bien, proceso o espacio que debiera ser compartido por los miembros de la comunidad. Es la privatización por el poder público, de un componente del bien común.
Se reconoce como corrupción cualesquiera forma de malversación de fondos públicos. La corrupción de esta especie aumenta el costo económico de las obras de gobierno, lo que reduce las que se pueden realizar, y ahuyenta las inversiones, con lo cual se generan menos oportunidades de trabajo.
Igualmente se debe considerar como corrupción, aunque hay quienes no lo consideran así, el nepotismo que privatiza los nombramientos públicos en favor de la familia propia. Recuerdo la reacción de una copartidaria quien, al negarme como Ministro a nombrar más hijos suyos y recriminarla por su nepotismo, me respondió: "Nepotismo es nombrar a los parientes de otro; nombrar a mis parientes es solidaridad".
Varios medios han destacado las diversas redes de nepotismo que caracterizan al actual gobierno. Se destaca el llamado "clan de Chitré", la más sorprendente de dichas redes por su poderío, a pesar de su adhesión tardía al arnulfismo y su disposición para cambiar de bando como lo ha hecho varias veces su jefe. Existió nepotismo en los dos pasados gobiernos, pero en el actual es más extenso y decisivo. Las redes convierten en cotos familiares las áreas del poder público. Propician la ineficiencia, al hacerse nombramientos por parentesco, no por mérito, y las diversas variantes del peculado, al otorgarse relativa impunidad a sus integrantes.
En Panamá somos reacios a reconocer la corrupción en el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Dentro del contexto de una sociedad pequeña, de sociabilidad familística, tendemos a reducir la política al ejercicio de influencias personales en el mundo de los intereses individuales o de grupo. Por eso consideramos como tolerable la enorme influencia que otorgan los puestos públicos para favorecer intereses individuales o de grupo a expensas de los intereses comunes y de los valores compartidos. Cuando los conflictos de intereses y los tráficos de influencia se consideran "normales" o "habituales", se genera una dualidad entre los procesos formales y los reales de decisión que termina por manifestarse, con el consecuente desprestigio de las instituciones. Se difunde un cinismo que sospecha que todas las decisiones están igualmente marcadas por estos vicios. La mentira engloba, entonces, el sistema político y le corroe su legitimidad.
Frente a la corrupción generalizada, urge identificar los factores que contribuyen a su superación. Con razón el ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, en un artículo intitulado "La corrupción eterna" (La Prensa, 22/03/01) señaló: "El primer instrumento para la erradicación de la corrupción, es la convicción de una sociedad de que los actos de corrupción le son dañosos, y la censura a quienes incurren ellos, señalándoles o estigmatizándoles de cualquiera manera". Así como la corrupción de los políticos y gobernantes refleja la corrupción de la sociedad, su superación refleja la ética que profesa la sociedad y la censura de las prácticas inmorales que practica. No hay gobierno honrado en una sociedad tolerante de la corrupción. La lucha contra la corrupción o la comparte toda la sociedad o no tiene ningún impacto duradero.
Otro factor es indispensable, a saber la desconcentración del poder público y el equilibrio efectivo de Poderes. En este sentido, el sistema norteamericano de gobierno con su federalismo y sus pesos y contrapesos, es un buen ejemplo de cómo evitar la tiranía y también obstaculizar la corrupción por el diseño institucional democrático.
En Panamá debemos buscar contrarrestar el presidencialismo exagerado, integrando la Corte Suprema de una manera que no dependa tanto de la iniciativa presidencial y otorgándole a la Asamblea una papel más importante en la elaboración del presupuesto y en la fiscalización del Ejecutivo y estipulando que un número de sus miembros sean legisladores nacionales, lo que ha de favorecer un enfoque nacional y no meramente circuital de las decisiones. El establecimiento del Acuerdo META, al otorgarle la directiva de la Asamblea a la oposición y propiciar que su evaluación de la opinión pública se torne más positiva, le ha dado mayor independencia de criterio de cara al Ejecutivo y un margen mayor para su fiscalización. Una Asamblea más austera, más transparente y más eficaz está en mejor situación de equilibrio frente a los otros Poderes. Los Poderes se vigilarían así mutuamente, en vez de ser cómplices en sinvergüenzuras.
En tercer lugar, otro factor que permite superar la corrupción son las leyes y reglamentos. La Asamblea, a propuesta del Procurador de la Nación, acaba de aprobar una Ley "la cual modifica y adiciona disposiciones al Código Penal y al Código Judicial y dicta normas para la prevención de la corrupción", fortaleciendo así la lucha contra la corrupción.
La nueva Ley establece, por ejemplo, que en el caso de genocidio, homicidio doloso, violación carnal, secuestro y el tráfico de drogas, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos patrimoniales que excedan de B/500,000, la acción penal no prescribirá. En cualquier delito contra la administración pública se suspenderá la prescripción de la acción mientras cualquiera de los que hayan participado en él siga desempeñando un cargo público. Se penaliza el uso indebido de la información obtenida en el ejercicio de funciones públicas. Se aumentan las penas de varios delitos como la corrupción, el tráfico de influencias y la interferencia indebida en remates, concursos, subastas o licitaciones públicas. Se facilitan los procedimientos para lidiar con los delitos de corrupción, incluyendo el soborno transnacional. Se obliga a justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial ocurrido durante el ejercicio de un cargo público y hasta un año después de haber cesado en el mismo. Por último se añaden normas sobre los nombramientos, la declaración jurada del estado patrimonial y la información de la gestión pública, tendientes a prevenir la corrupción.
La Procuraduría ha convertido, además, desde hace un año, dos fiscalías delegadas en las fiscalías Anti-corrupción. Aunque los medios no lo destacan y la opinión pública no tiene mucha conciencia de ello, variados son los casos de acción judicial de estas fiscalías contra la corrupción. Han logrado, por ejemplo, la condena de los hermanos Homsany y de Rafael Arosemena por peculado por la suma de B/.10 millones, y el llamamiento a juicio del alcalde Campos de San Miguelito por delito contra la administración pública por B/.150,000. Consiguieron una condena en un caso de peculado culposo contra el programa PARVIS. Han obtenido la condena de ex cónsules en Barranquilla y Bello Horizonte por B/. 47,000 y B/16,000 respectivamente, y han formulado la apelación en el caso por B/. 74, 000 contra el ex Cónsul en Rió de Janeiro, quien fue absuelto en primera instancia. Están realizando la investigación de jueces municipales por notas de embargo fraudulentas en vinculación con 200 dueños de mueblerías. No todo es negativo en la administración de justicia, como muchas veces se quiere hacer ver, aunque faltan todavía muchos recursos y esfuerzos para que nuestra justicia sea tal que la necesitamos, de manera a superar el atascamiento en la corrupción.
A pesar de la incredulidad predominante, la lucha contra la corrupción no ha cesado en nuestro país. Sabrina Cabal advierte justificadamente, en su artículo intitulado "Tolerando la corrupción" (La Prensa. 22/03/01), que "la búsqueda de soluciones concretas contra este flagelo exige descartar el análisis que descalifica cualquiera iniciativa por considerarla insignificante frente a lo colosal del mal...al dejar de aplaudir pequeñas decisiones constructivas, se perpetúa la mentalidad determinista que tanto engrandece el problema".
La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos. Sin embargo, hay una persona que tiene un papel que sin ser único es insustituible, a saber la Presidenta de la República. ¿Lo sabrá? ¿Estará dispuesta a encabezar la lucha? ¿Lo hará efectivamente? Mucho depende de su liderazgo.(ariyan@sinfo.net)
La corrupción tiene diversas causas. Primero, todo gobierno está hecho de seres humanos. Como tales somos libres para escoger entre el bien y el mal, capaces de generosidad heroica y propensos al ensimismamiento egoísta. Por ello, en todo gobierno pueden darse actos de corrupción entremezclados con actos de rectitud y de desprendimiento.
Segundo, todo gobierno refleja la sociedad a la que sirve. Nuestra sociedad está penetrada por la corrupción, debido al tradicionalismo socio-político que prevaleció antes del ´68 y a la perversión del poder público y de sus vínculos con la sociedad bajo la dictadura. Bajo ésta, el mando prepotente y rapaz de unos pocos sólo fue posible gracias al servilismo cómplice de muchos más. La corrupción también se debe a la crisis de valores en nuestra democracia, que queremos hacer más auténtica, es decir más descentralizada, participativa y transparente.
La situación casi de quiebra de uno de los consorcios panameños más importantes, debido a prácticas deshonestas, en detrimento de numerosas personas que compraron sus bonos, es prueba de que la corrupción penetra no sólo el Gobierno, sino la economía y la sociedad. Por cada empleado del sector público corrupto hay por lo menos un miembro de la sociedad civil corruptor.
Nuestros políticos y gobernantes no son más corruptos que los integrantes de nuestro pueblo. Pero están más expuestos al examen público y tienen más oportunidad para incurrir en actos de corrupción. Cuando oía la afirmación de que "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente", Thelma King argumentaba con razón: "No, el poder no corrompe, sino desenmascara". Tal que lo ha expresado Carlos Iván Zuñiga: "el poder saca el cobre".
¿En qué consiste la corrupción? La han definido como "el uso de poder público para provecho propio" (La Corrupción, las iniciativas para mejorar la integridad en los países en desarrollo, PNUD, 2000, p.142). La corrupción consiste en la apropiación por un individuo o un grupo restringido para su beneficio propio, gracias al ejercicio del poder público, de un bien, proceso o espacio que debiera ser compartido por los miembros de la comunidad. Es la privatización por el poder público, de un componente del bien común.
Se reconoce como corrupción cualesquiera forma de malversación de fondos públicos. La corrupción de esta especie aumenta el costo económico de las obras de gobierno, lo que reduce las que se pueden realizar, y ahuyenta las inversiones, con lo cual se generan menos oportunidades de trabajo.
Igualmente se debe considerar como corrupción, aunque hay quienes no lo consideran así, el nepotismo que privatiza los nombramientos públicos en favor de la familia propia. Recuerdo la reacción de una copartidaria quien, al negarme como Ministro a nombrar más hijos suyos y recriminarla por su nepotismo, me respondió: "Nepotismo es nombrar a los parientes de otro; nombrar a mis parientes es solidaridad".
Varios medios han destacado las diversas redes de nepotismo que caracterizan al actual gobierno. Se destaca el llamado "clan de Chitré", la más sorprendente de dichas redes por su poderío, a pesar de su adhesión tardía al arnulfismo y su disposición para cambiar de bando como lo ha hecho varias veces su jefe. Existió nepotismo en los dos pasados gobiernos, pero en el actual es más extenso y decisivo. Las redes convierten en cotos familiares las áreas del poder público. Propician la ineficiencia, al hacerse nombramientos por parentesco, no por mérito, y las diversas variantes del peculado, al otorgarse relativa impunidad a sus integrantes.
En Panamá somos reacios a reconocer la corrupción en el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Dentro del contexto de una sociedad pequeña, de sociabilidad familística, tendemos a reducir la política al ejercicio de influencias personales en el mundo de los intereses individuales o de grupo. Por eso consideramos como tolerable la enorme influencia que otorgan los puestos públicos para favorecer intereses individuales o de grupo a expensas de los intereses comunes y de los valores compartidos. Cuando los conflictos de intereses y los tráficos de influencia se consideran "normales" o "habituales", se genera una dualidad entre los procesos formales y los reales de decisión que termina por manifestarse, con el consecuente desprestigio de las instituciones. Se difunde un cinismo que sospecha que todas las decisiones están igualmente marcadas por estos vicios. La mentira engloba, entonces, el sistema político y le corroe su legitimidad.
Frente a la corrupción generalizada, urge identificar los factores que contribuyen a su superación. Con razón el ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, en un artículo intitulado "La corrupción eterna" (La Prensa, 22/03/01) señaló: "El primer instrumento para la erradicación de la corrupción, es la convicción de una sociedad de que los actos de corrupción le son dañosos, y la censura a quienes incurren ellos, señalándoles o estigmatizándoles de cualquiera manera". Así como la corrupción de los políticos y gobernantes refleja la corrupción de la sociedad, su superación refleja la ética que profesa la sociedad y la censura de las prácticas inmorales que practica. No hay gobierno honrado en una sociedad tolerante de la corrupción. La lucha contra la corrupción o la comparte toda la sociedad o no tiene ningún impacto duradero.
Otro factor es indispensable, a saber la desconcentración del poder público y el equilibrio efectivo de Poderes. En este sentido, el sistema norteamericano de gobierno con su federalismo y sus pesos y contrapesos, es un buen ejemplo de cómo evitar la tiranía y también obstaculizar la corrupción por el diseño institucional democrático.
En Panamá debemos buscar contrarrestar el presidencialismo exagerado, integrando la Corte Suprema de una manera que no dependa tanto de la iniciativa presidencial y otorgándole a la Asamblea una papel más importante en la elaboración del presupuesto y en la fiscalización del Ejecutivo y estipulando que un número de sus miembros sean legisladores nacionales, lo que ha de favorecer un enfoque nacional y no meramente circuital de las decisiones. El establecimiento del Acuerdo META, al otorgarle la directiva de la Asamblea a la oposición y propiciar que su evaluación de la opinión pública se torne más positiva, le ha dado mayor independencia de criterio de cara al Ejecutivo y un margen mayor para su fiscalización. Una Asamblea más austera, más transparente y más eficaz está en mejor situación de equilibrio frente a los otros Poderes. Los Poderes se vigilarían así mutuamente, en vez de ser cómplices en sinvergüenzuras.
En tercer lugar, otro factor que permite superar la corrupción son las leyes y reglamentos. La Asamblea, a propuesta del Procurador de la Nación, acaba de aprobar una Ley "la cual modifica y adiciona disposiciones al Código Penal y al Código Judicial y dicta normas para la prevención de la corrupción", fortaleciendo así la lucha contra la corrupción.
La nueva Ley establece, por ejemplo, que en el caso de genocidio, homicidio doloso, violación carnal, secuestro y el tráfico de drogas, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos patrimoniales que excedan de B/500,000, la acción penal no prescribirá. En cualquier delito contra la administración pública se suspenderá la prescripción de la acción mientras cualquiera de los que hayan participado en él siga desempeñando un cargo público. Se penaliza el uso indebido de la información obtenida en el ejercicio de funciones públicas. Se aumentan las penas de varios delitos como la corrupción, el tráfico de influencias y la interferencia indebida en remates, concursos, subastas o licitaciones públicas. Se facilitan los procedimientos para lidiar con los delitos de corrupción, incluyendo el soborno transnacional. Se obliga a justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial ocurrido durante el ejercicio de un cargo público y hasta un año después de haber cesado en el mismo. Por último se añaden normas sobre los nombramientos, la declaración jurada del estado patrimonial y la información de la gestión pública, tendientes a prevenir la corrupción.
La Procuraduría ha convertido, además, desde hace un año, dos fiscalías delegadas en las fiscalías Anti-corrupción. Aunque los medios no lo destacan y la opinión pública no tiene mucha conciencia de ello, variados son los casos de acción judicial de estas fiscalías contra la corrupción. Han logrado, por ejemplo, la condena de los hermanos Homsany y de Rafael Arosemena por peculado por la suma de B/.10 millones, y el llamamiento a juicio del alcalde Campos de San Miguelito por delito contra la administración pública por B/.150,000. Consiguieron una condena en un caso de peculado culposo contra el programa PARVIS. Han obtenido la condena de ex cónsules en Barranquilla y Bello Horizonte por B/. 47,000 y B/16,000 respectivamente, y han formulado la apelación en el caso por B/. 74, 000 contra el ex Cónsul en Rió de Janeiro, quien fue absuelto en primera instancia. Están realizando la investigación de jueces municipales por notas de embargo fraudulentas en vinculación con 200 dueños de mueblerías. No todo es negativo en la administración de justicia, como muchas veces se quiere hacer ver, aunque faltan todavía muchos recursos y esfuerzos para que nuestra justicia sea tal que la necesitamos, de manera a superar el atascamiento en la corrupción.
A pesar de la incredulidad predominante, la lucha contra la corrupción no ha cesado en nuestro país. Sabrina Cabal advierte justificadamente, en su artículo intitulado "Tolerando la corrupción" (La Prensa. 22/03/01), que "la búsqueda de soluciones concretas contra este flagelo exige descartar el análisis que descalifica cualquiera iniciativa por considerarla insignificante frente a lo colosal del mal...al dejar de aplaudir pequeñas decisiones constructivas, se perpetúa la mentalidad determinista que tanto engrandece el problema".
La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos. Sin embargo, hay una persona que tiene un papel que sin ser único es insustituible, a saber la Presidenta de la República. ¿Lo sabrá? ¿Estará dispuesta a encabezar la lucha? ¿Lo hará efectivamente? Mucho depende de su liderazgo.(ariyan@sinfo.net)
