Corrupción artesanal
En el gobierno central, hay que adelantar trámites administrativos ante los ministerios de Comercio e Industrias y Economía y Finanzas, entre ellos, obtención de licencias y registros fiscales. Además de dichos trámites, algunas actividades, como restaurantes, requieren inspecciones de parte de funcionarios del Ministerio de Salud. Por su lado, los municipios también exigen el cumplimiento de ciertas formalidades, incluyendo registros e inspecciones.
Muchos de dichos trámites son expeditos y sin mayor trascendencia, como la obtención de la licencia comercial o industrial en el Ministerio de Comercio e Industrias. Sin embargo, otros dependen de la disponibilidad y voluntad de funcionarios públicos. En esos casos, para lograr que uno de ellos cumpla con su trabajo y realice, por ejemplo, una inspección, ha sido necesario un pago ilegal.
Luego que el negocio está operando, los problemas no acaban. Funcionarios del Ministerio de Trabajo pueden exigir coimas para resolver incumplimientos técnicos menores que causarían multas. Y cuando se tiene que importar productos sujetos a permisos o aranceles altos, nunca ha faltado el funcionario de Aduanas que ofrezca permitir la introducción al país de mercancía, en algunos casos, inclusive, sin pagar tributo alguno. ¿Sabía usted que la importación de ciertos productos requiere que el empresario le pague un viaje a funcionarios panameños para visitar las fábricas donde se fabrican o procesan los productos que se desea importar?
Aquellos que escogen esperar hasta que salga el permiso, se exponen a onerosos y dilatados trámites, que no necesariamente concluirán positivamente, aunque le asista el derecho. Para referencia, tenemos el caso de atrasos prolongados en los pagos por venta y provisión de bienes y servicios a entidades estatales y municipales, cuya dilación sirve de ocasión para el cobro de comisiones ilícitas que normalmente ascienden al 20 por ciento del importe de la factura.
Estamos seguros que no todos los funcionarios públicos están coimiando. Pero es indiscutible que, además de la corrupción millonaria en los altos niveles del gobierno, existe una corrupción "artesanal" en instancias inferiores tanto en el gobierno central como en las municipalidades.
Muchos de dichos trámites son expeditos y sin mayor trascendencia, como la obtención de la licencia comercial o industrial en el Ministerio de Comercio e Industrias. Sin embargo, otros dependen de la disponibilidad y voluntad de funcionarios públicos. En esos casos, para lograr que uno de ellos cumpla con su trabajo y realice, por ejemplo, una inspección, ha sido necesario un pago ilegal.
Luego que el negocio está operando, los problemas no acaban. Funcionarios del Ministerio de Trabajo pueden exigir coimas para resolver incumplimientos técnicos menores que causarían multas. Y cuando se tiene que importar productos sujetos a permisos o aranceles altos, nunca ha faltado el funcionario de Aduanas que ofrezca permitir la introducción al país de mercancía, en algunos casos, inclusive, sin pagar tributo alguno. ¿Sabía usted que la importación de ciertos productos requiere que el empresario le pague un viaje a funcionarios panameños para visitar las fábricas donde se fabrican o procesan los productos que se desea importar?
Aquellos que escogen esperar hasta que salga el permiso, se exponen a onerosos y dilatados trámites, que no necesariamente concluirán positivamente, aunque le asista el derecho. Para referencia, tenemos el caso de atrasos prolongados en los pagos por venta y provisión de bienes y servicios a entidades estatales y municipales, cuya dilación sirve de ocasión para el cobro de comisiones ilícitas que normalmente ascienden al 20 por ciento del importe de la factura.
Estamos seguros que no todos los funcionarios públicos están coimiando. Pero es indiscutible que, además de la corrupción millonaria en los altos niveles del gobierno, existe una corrupción "artesanal" en instancias inferiores tanto en el gobierno central como en las municipalidades.
