Corrupción, impunidad y despotismo
CUANDO EL ESTADO colapsa por exceso de impunidad, corrupción, despotismo y demagogia, surgen los candidatos populista quienes asumen el poder a través de elecciones democráticas o bien, a través de golpes de Estado.
El 11 de octubre de 1968 fue justificado por el descalabro político de la oligarquía tradicional, en una época republicana que no estuvo escasa de fraudes electorales, tráfico de influencias, intervenciones norteamericanas, golpes de estado y violencia política. Surgió entonces un gobierno autocrático que en lugar de rectificar el camino que tanto criticó, lo empeoró todo cuando ni un solo presidente en 21 años fue legítimamente elegido. Nunca antes se habían dado la cantidad de muertos, desaparecidos o exilados, como tampoco los enormes desfalcos que terminaron favoreciendo a unos pocos. Se fortaleció un aparato estatal que hoy día es inoperante, burocrático y corrupto, así como también se le entregó el transporte a un grupo de privilegiados que tienen el país al borde de un caos.
Hoy día, a diecisiete años de ser un país democrático la impunidad, la corrupción y el despotismo son algo tan común, que ya ni cuenta nos damos. Luego de 50 muertes por envenenamiento en el Seguro Social, sólo están detenidos quienes no tenían los medios ni las herramientas tecnológicas para evitar la desgracia. A pesar de que lo habían informado a las autoridades superiores, a pesar de que al laboratorio nunca le fue otorgado una licencia de operación, ni tampoco los registros sanitarios a los medicamentos de la muerte, quienes deben pagar por estas fallas administrativas tan elementales (incluyendo los máximos jerarcas de la CSS y del MINSA), están como si nada hubiera pasado.
Los diputados reciben sueldo, a pesar de que no trabajen (hay uno que se jacta en decirlo), y encima donan a causas benéficas con plata que no es de ellos; sus dos suplentes reciben sueldo sin trabajar (no en salario, sino en gasolina para no cumplir sus obligaciones de familia y demás); se reeligió como Magistrado del Tribunal Electoral a quien se le investiga porque cambió la placa de su carro oficial (cuya esposa utilizó para asuntos privados) al particular para no pagar gasolina y que además, está exigiendo miles de dólares por no tomar vacaciones ¿en 10 años?; se cambió la ley de la PTJ para sacar al actual director ¿por la muerte de un envenenado?, mientras quienes cargan con más de 50 envenenados están como si nada; se permite la entrada al país de un ex gerente del Banco Nacional condenado a más de 50 años acumulados de prisión por peculado, como si fuera un artista de cine; se actúa con "firmeza" frente a un calcinamiento humano, extendiendo el tiempo de solución para que la causa concluya en el olvido; nos jactamos del crecimiento económico más alto de America Latina, pero con un 40% de la población viviendo en la pobreza, un precio de la canasta básica en franco aumento (al igual que la gasolina y la electricidad), los sistemas de educación y de salud totalmente colapsados, niños indígenas muriendo de desnutrición y una infraestructura inoperante en los servicios básicos a punto de estallarnos en la cara.
Aplaudo los logros alcanzados en este periodo presidencial, que se traducen en la aprobación de la ampliación del Canal, los tratados de libre comercio con Chile, Singapur y Estados Unidos, los incrementos en el sector bancario, portuario y turístico y nuestra inclusión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero si estos logros no llegan a las clases más humildes y necesitadas, y si no se pone un alto al desenfreno y descontrol estatal para favorecer a grupos de privilegiados, nuestro país será un mero espejismo reflejado en los vidrios de altos edificios, mientras "Juan Albañil" seguirá enredado entre los costos de la canasta básica, las medicinas envenenadas y los buses calcinados.
El 11 de octubre de 1968 fue justificado por el descalabro político de la oligarquía tradicional, en una época republicana que no estuvo escasa de fraudes electorales, tráfico de influencias, intervenciones norteamericanas, golpes de estado y violencia política. Surgió entonces un gobierno autocrático que en lugar de rectificar el camino que tanto criticó, lo empeoró todo cuando ni un solo presidente en 21 años fue legítimamente elegido. Nunca antes se habían dado la cantidad de muertos, desaparecidos o exilados, como tampoco los enormes desfalcos que terminaron favoreciendo a unos pocos. Se fortaleció un aparato estatal que hoy día es inoperante, burocrático y corrupto, así como también se le entregó el transporte a un grupo de privilegiados que tienen el país al borde de un caos.
Hoy día, a diecisiete años de ser un país democrático la impunidad, la corrupción y el despotismo son algo tan común, que ya ni cuenta nos damos. Luego de 50 muertes por envenenamiento en el Seguro Social, sólo están detenidos quienes no tenían los medios ni las herramientas tecnológicas para evitar la desgracia. A pesar de que lo habían informado a las autoridades superiores, a pesar de que al laboratorio nunca le fue otorgado una licencia de operación, ni tampoco los registros sanitarios a los medicamentos de la muerte, quienes deben pagar por estas fallas administrativas tan elementales (incluyendo los máximos jerarcas de la CSS y del MINSA), están como si nada hubiera pasado.
Los diputados reciben sueldo, a pesar de que no trabajen (hay uno que se jacta en decirlo), y encima donan a causas benéficas con plata que no es de ellos; sus dos suplentes reciben sueldo sin trabajar (no en salario, sino en gasolina para no cumplir sus obligaciones de familia y demás); se reeligió como Magistrado del Tribunal Electoral a quien se le investiga porque cambió la placa de su carro oficial (cuya esposa utilizó para asuntos privados) al particular para no pagar gasolina y que además, está exigiendo miles de dólares por no tomar vacaciones ¿en 10 años?; se cambió la ley de la PTJ para sacar al actual director ¿por la muerte de un envenenado?, mientras quienes cargan con más de 50 envenenados están como si nada; se permite la entrada al país de un ex gerente del Banco Nacional condenado a más de 50 años acumulados de prisión por peculado, como si fuera un artista de cine; se actúa con "firmeza" frente a un calcinamiento humano, extendiendo el tiempo de solución para que la causa concluya en el olvido; nos jactamos del crecimiento económico más alto de America Latina, pero con un 40% de la población viviendo en la pobreza, un precio de la canasta básica en franco aumento (al igual que la gasolina y la electricidad), los sistemas de educación y de salud totalmente colapsados, niños indígenas muriendo de desnutrición y una infraestructura inoperante en los servicios básicos a punto de estallarnos en la cara.
Aplaudo los logros alcanzados en este periodo presidencial, que se traducen en la aprobación de la ampliación del Canal, los tratados de libre comercio con Chile, Singapur y Estados Unidos, los incrementos en el sector bancario, portuario y turístico y nuestra inclusión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero si estos logros no llegan a las clases más humildes y necesitadas, y si no se pone un alto al desenfreno y descontrol estatal para favorecer a grupos de privilegiados, nuestro país será un mero espejismo reflejado en los vidrios de altos edificios, mientras "Juan Albañil" seguirá enredado entre los costos de la canasta básica, las medicinas envenenadas y los buses calcinados.
