Corrupción llega al Canal de Panamá
H asta ahora todos habíamos ensalzado las virtudes del trabajo de los panameños en el Canal como una excepción a los vicios que nos aquejan. Sin embargo, se ha hecho pública una querella presentada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), sobre un supuesto fraude de unos B/. 700 mil, cuyo sujeto a investigación es Igor Tello Spadafora, y cuyos abogados han obtenido un pronunciamiento favorable de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte cuestiona la pesquisa preliminar del fiscal sobre la correspondencia electrónica y otros papeles del investigado, los cuales estaban amparados por el principio de inviolabilidad. Si este criterio prevalece sobre otras pruebas, el caso caerá y nadie será responsable, salvo quizás el fiscal que se atrevió a abrir los ojos cuando debió cerrarlos. El habilidoso funcionario de la ACP, por cierto, sigue en su trabajo y cobrando.
En el supuesto ilícito se burlaron los controles del sistema de licitaciones del Canal. Una empresa habría sido beneficiada con información privilegiada que le permitía adquirir con antelación bienes objeto de licitación, que siempre ganaba, gracias a que los implicados abreviaban los plazos de entrega, de tal forma que descalificaba a sus competidores.
Por lo ocurrido, la ACP tendrá que apretar aún más los controles de sus licitaciones y el resto de las instituciones del Estado deberán ser más cautelosas al copiar ese procedimiento, porque los corruptos son muy hábiles.
