Corte Interamericana de Derechos Humanos
En otro editorial dejamos claro que desde 1978, Panamá quedó obligada a garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o "Pacto de San José". La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue constituida para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones del Pacto de San José, en contra de los países signatarios del convenio.
De acuerdo al artículo 62 del Pacto de San José, "Todo Estado puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención." Entre los países que han aceptado la competencia de la Corte están Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Argentina también lo hizo, pero excluyó "cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno" y "lo que los tribunales nacionales determinen como causas de "utilidad pública" e "interés social", así como lo que éstos entiendan por "indemnización justa."" Guatemala también aceptó la competencia de la Corte, pero sólo en relación con los asuntos "acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos".
Al momento de su adhesión, Panamá no reconoció como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trece años después de la adhesión de Panamá, el gobierno de Guillermo Endara lo declaró unilateralmente el 20 de febrero de 1990 por considerar que era de "interés del actual gobierno democrático que el Estado cumpla con la finalidad esencial de la Convención y que se perfeccione el sistema de protección de los derechos humanos".
El que hoy critica la decisión de Endara no puede proclamarse promotor y defensor de los derechos humanos ni tildarse de miembro responsable de la comunidad internacional. De hacerlo reflejaría una posición acomodaticia e inconsecuente; buena, cuando conviene estando en una posición, y mala, cuando se está en otra. El reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana es el mecanismo apropiado para garantizar que las disposiciones del Pacto de San José, a diferencia de múltiples otras convenciones internacionales, no sean letra muerta.
De acuerdo al artículo 62 del Pacto de San José, "Todo Estado puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención." Entre los países que han aceptado la competencia de la Corte están Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Argentina también lo hizo, pero excluyó "cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno" y "lo que los tribunales nacionales determinen como causas de "utilidad pública" e "interés social", así como lo que éstos entiendan por "indemnización justa."" Guatemala también aceptó la competencia de la Corte, pero sólo en relación con los asuntos "acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos".
Al momento de su adhesión, Panamá no reconoció como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trece años después de la adhesión de Panamá, el gobierno de Guillermo Endara lo declaró unilateralmente el 20 de febrero de 1990 por considerar que era de "interés del actual gobierno democrático que el Estado cumpla con la finalidad esencial de la Convención y que se perfeccione el sistema de protección de los derechos humanos".
El que hoy critica la decisión de Endara no puede proclamarse promotor y defensor de los derechos humanos ni tildarse de miembro responsable de la comunidad internacional. De hacerlo reflejaría una posición acomodaticia e inconsecuente; buena, cuando conviene estando en una posición, y mala, cuando se está en otra. El reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana es el mecanismo apropiado para garantizar que las disposiciones del Pacto de San José, a diferencia de múltiples otras convenciones internacionales, no sean letra muerta.
