Corte, Procuradora y Corrupción
Son tres los temas que en los últimos días han hecho noticia en el país: 1) El relativo al nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de los magistrados Arjona y Arosemena de Troitiño, cuyos períodos se vence a finales de este año; 2) El pobre desempeño de la procuradora, Ana Matilde Gómez, según el Zar anticorrupción o secretario del Consejo Nacional de Transparencia, Fernando Núñez Fábrega; y 3) La comparecencia al Ministerio Público de altos personajes políticos de oposición, como es el ex presidente de la república, Ernesto Pérez Balladares y el ex ministro de Educación, Belgis Castro Jaén.
En este sentido, denotamos que estos temas circundan la Administración de Justicia, el cual no escapa de las críticas que hace la ciudadanía por distintas razones, específicamente por nombramientos políticos en el máximo tribunal de justicia del país, la forma en que se cierran las investigaciones utilizando artimañas jurídicas, siendo la mayoría de forma, sin que verdaderamente se haga justicia, la mora judicial la cual se ha comprobado con algunas de las auditorías ordenadas a los jueces por el presidente de la Corte, magistrado Mitchell, lo que acrecienta que supuestos actos de corrupción queden impunes, viendo en nuestras calles a “exitosos ex servidores públicos” que se jactan de la riqueza que tienen, mientras cada día más los pobres tienen que hacer magia para llevar su sustento económico al hogar.
Considero que el presidente Martinelli tiene la oportunidad de oro para ir adecentando la Administración de Justicia, cuando el mismo debe nombrar durante su administración a cinco magistrados; sin embargo, tiene como escollo la labor que viene realizando la señora procuradora, conforme se denota con las estadísticas, y que en los últimos meses ha sido fuertemente cuestionada por diferentes sectores del país por el manejo que ha tenido, ya sea administrativamente al destituir a un gran número de fiscales, ordenándoseles su restitución mediante impugnaciones legales, así como el pago de salarios dejados de percibir, lo que aumenta la suma de los pasivos laborales que debe el Estado, como consecuencia de su errada decisión, así como en la labor que propiamente le corresponde de investigación penal, cuando son muchos los casos de alto perfil que no se ha visto una respuesta satisfactoria. Por ello digo que, cuando llegue el momento en que Panamá presente por lo menos a un ex presidente de la república esposado, como ya ha sucedido en tres ocasiones en Costa Rica, podemos decir que de verdad se tiene voluntad de combatir la corrupción; pero la ventaja que tiene aquél hermano país es que ningún ex presidente se puede refugiar en un PARLACEN, aprovechando la inmunidad que le conceden.
