Corte Suprema, dos de cal
"Una de cal y otra de arena", reza el dicho, para indicar que nada es totalmente perfecto ni imperfecto. Pero a juzgar por dos recientes decisiones del máximo tribunal en materia de investigación de posibles delitos, las cosas en su seno no siguen nada bien.
La primera de cal. El ex ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, fue denunciado en relación con su tenencia de tierras en Darién. Era un cargo serio, porque, a fin de cuentas, él era la máxima autoridad en todo lo relacionado con el manejo de bienes nacionales. Pero el que sea un cargo serio, no entraña necesariamente que tenga sólidos fundamentos. , Panamá América
Sabíamos, por investigación de nuestros periodistas, que Delgado había adquirido esa tierra mucho antes de ser ministro; de modo que ninguna base había en la acusación. Pese a esto, el propio imputado y la ciudadanía tenía derecho a que se adelantara oficialmente la pesquisa, para llegar a la decisión final, que sería seguramente la de desestimar el cargo. Pero de ningún modo archivarlo, porque se prestaría a justificadas y maliciosas interpretaciones, que nada bien haría a la imagen de nuestra Administración de Justicia, de guardiana de corruptos y delincuentes.
Desafortunadamente, la Corte Suprema, que tenía otra oportunidad para reivindicarse, resolvió no entrar en el fondo y respaldarse el absurdo argumento de la carencia de "prueba sumaria", para archivar la causa contra Delgado, dejando al imputado en total desamparo, sin saber si agradecer o frustrarse con una decisión que sembró dudas e interrogantes donde no las había. Ahora la gente va a pensar que algo torcido había, cuando se archivó en la misma forma que otros casos cuestionables.
Y como si no fuera ya harto suficiente, vino otra de cal, cuando la misma Corte ordenó a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, a investigar a un grupo de diputados que había denunciado una ola de desalojos de humildes poseedores de tierras e islas en Bocas del Toro. A los parlamentarios les pasó lo de a los periodistas, que de denunciantes de corruptos pasan a denunciados, por artilugio de las decisiones judiciales, mientras que los alcaldes, representantes y particulares implicados en los hechos abusos quedan muy tranquilos, sin que nadie los investigue. El propio denunciante original, Enrique Montenegro, del Frente Contra la Corrupción, mostró su estupor cuando dijo que nunca había denunciado a los diputados, sino a las autoridades locales a quienes imputa los hechos.
La primera de cal. El ex ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, fue denunciado en relación con su tenencia de tierras en Darién. Era un cargo serio, porque, a fin de cuentas, él era la máxima autoridad en todo lo relacionado con el manejo de bienes nacionales. Pero el que sea un cargo serio, no entraña necesariamente que tenga sólidos fundamentos. , Panamá América
Sabíamos, por investigación de nuestros periodistas, que Delgado había adquirido esa tierra mucho antes de ser ministro; de modo que ninguna base había en la acusación. Pese a esto, el propio imputado y la ciudadanía tenía derecho a que se adelantara oficialmente la pesquisa, para llegar a la decisión final, que sería seguramente la de desestimar el cargo. Pero de ningún modo archivarlo, porque se prestaría a justificadas y maliciosas interpretaciones, que nada bien haría a la imagen de nuestra Administración de Justicia, de guardiana de corruptos y delincuentes.
Desafortunadamente, la Corte Suprema, que tenía otra oportunidad para reivindicarse, resolvió no entrar en el fondo y respaldarse el absurdo argumento de la carencia de "prueba sumaria", para archivar la causa contra Delgado, dejando al imputado en total desamparo, sin saber si agradecer o frustrarse con una decisión que sembró dudas e interrogantes donde no las había. Ahora la gente va a pensar que algo torcido había, cuando se archivó en la misma forma que otros casos cuestionables.
Y como si no fuera ya harto suficiente, vino otra de cal, cuando la misma Corte ordenó a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, a investigar a un grupo de diputados que había denunciado una ola de desalojos de humildes poseedores de tierras e islas en Bocas del Toro. A los parlamentarios les pasó lo de a los periodistas, que de denunciantes de corruptos pasan a denunciados, por artilugio de las decisiones judiciales, mientras que los alcaldes, representantes y particulares implicados en los hechos abusos quedan muy tranquilos, sin que nadie los investigue. El propio denunciante original, Enrique Montenegro, del Frente Contra la Corrupción, mostró su estupor cuando dijo que nunca había denunciado a los diputados, sino a las autoridades locales a quienes imputa los hechos.
