Corte Suprema y política
La facultad del Poder Ejecutivo de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, es la fuente de la discordia planteada a propósito del ex Presidente Guillermo Endara Galimany y el ex ministro César Pereira Burgos. Por este motivo se ha reciclado la controversia que antes surgiera por decisiones de Pérez Balladares sobre magistrados en ejercicio y la Sala Quinta. En todos los casos mencionados existe una superposición de la política a expensas de la administración independiente de justicia. El problema de fondo está ahí, en el conflicto doctrinario entre justicia y política, y no en las personas de los distinguidos políticos nominados. Cualquier gobierno y cualquier político, serán criticados en la medida en que se vuelva a incurrir en una práctica cuya raíz proviene de la carta política vigente, concebida con el antidemocrático objetivo de los militares golpistas del torrijismo de romper el equilibrio de poderes y crear una dependencia reprobable del Legislativo ante el Ejecutivo. Si el gobierno de Pérez Balladares prosiguió el modelo militarista de nombramientos políticos, acatando disciplinadamente el legado de sus antecesores, un gobierno eminentemente civilista no está obligado a imitarlo. Como máxima y definitiva instancia del ordenamiento judicial, la Corte Suprema debe ser independiente y esta condición se adquiere iniciando por integrarla con abogados desligados del quehacer político partidista y que hayan probado madurez de juicio, honestidad y probidad en el desempeño profesional. Los flagelos de la sumisión política y la corrupción, desacreditan los sistemas judiciales de diversos países latinoamericanos. Las garantías jurídicas que se reclaman como requisito sine qua non para inversiones, deben enfatizar la preeminencia de la independencia judicial. Garantías jurídicas no sólo para inversiones sino también para fortalecer el mermado prestigio del Poder Judicial que tanto requiere de jueces y magistrados que rijan sus fallos estrictamente en apego a la ley, con absoluta prescindencia de favoritismos políticos y de cualquier otra naturaleza.
